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Jornada constitucionalista, día ciudadano

Intervenciones de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional apoyaron y enriquecieron nueva Constitución de la República de Cuba aprobada este sábado en el Segundo Período de Sesiones de la 9na. Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Autores:

Margarita Barrios
Alina Perera Robbio
Yuniel Labacena Romero
René Tamayo León

El trabajo realizado por la Comisión Redactora fue reconocido por los parlamentarios. Fotos: Abel Rojas Barallobre

 

Con 53 solicitudes de palabra, comenzó la segunda jornada de debate del Proyecto de Constitución de la República. Con las aportaciones enriquecedoras de diputadas y diputados, la nueva Carta Magna fue aprobada finalmente, y de forma unánime, por la Asamblea Nacional del Poder Popular a través de votación nominal: verbalmente por cada uno de los legisladores.

Diana Sedal Yanes, diputada por Santiago de Cuba, fue la primera en hacer uso de la palabra. Felicitó lo que evaluó como un «texto tan parecido al pueblo de Cuba». En el mismo sentido habló Yoandris Despaigne, quien reconoció el trabajo realizado por la Comisión Redactora de la propuesta.

Lourdes Caballero Garzón exhortó al pueblo cubano a cumplir con los preceptos constitucionales y así «ser dignos herederos de las generaciones que nos educaron». Emotiva fue también la intervención de Tatiana de la Caridad Tabío Villaurrutia, quien precisamente celebró este sábado su cumpleaños. Expresó sentirse muy orgullosa de estar en el Parlamento, y poder decir sobre su nueva Carta Magna».

José Castañeda Martínez, diputado por La Lisa, La Habana, resaltó que el referendo en el que el pueblo aprobará el nuevo texto (el próximo 24 de febrero) se realizará en ocasión del aniversario  124 del reinicio de la Guerra de Independencia, en 1895, organizada por el Héroe Nacional, José Martí. «Aprovechando esa fecha histórica, convocamos a todos los cubanos a protagonizar de forma activa y democráticamente un sí por nuestra Constitución», exhortó.

La parlamentaria Reina de la Caridad Torres Pérez, a propósito de aclaraciones emitidas por la Comisión Redactora en las jornadas anteriores, que estuvieron a cargo de Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, expuso la necesidad de continuar la preparación de diputadas y diputados para contribuir al entendimiento por la población del documento rector.

Recordando las campañas promovidas por los enemigos de la Revolución en las redes sociales para dividir a la población en torno a la propuesta de Ley de Leyes, Reina de la Caridad insistió en la importancia de la preparación de los legisladores para explicar el contenido del documento normativo más relevante de la sociedad, sin dejar lagunas.

La legisladora María Petra Patterson, entre otros pronunciamientos, llamó, a fin de lograr una mejor divulgación y comprensión del nuevo texto constitucional, a utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y fundar una plataforma virtual que contenga lo debatido en la Segunda Sesión Ordinaria de la 9na. Legislatura, «para que llegue a todos los lugares de Cuba, en formato flexible, y así fomentar la cultura jurídica».

José Cabrera Cabrera emitió su apoyo al entonces Proyecto de Constitución, mientras Víctor Manuel Gutiérrez Aguilar felicitó a Homero Acosta por la exposición que hizo y la conducción del debate, y destacó la altísima preparación demostrada, elogio merecido hecho por muchos otros diputadas y diputados, como Esther Dupong, quien aseguró que en la nueva Constitución están las enseñanzas y el legado del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

Todos en la historia

Yolanda Gómez Cadalso propuso algunas modificaciones en el Preámbulo del nuevo texto, para precisar mejor el inicio de la guerra de 1895, así como mover el párrafo referido a la etapa de lucha de los años 20 y 30 del siglo XX        —nuevo ahora en el texto—, y colocarlo después del momento en que se habla de la intervención norteamericana en nuestro país en 1898.

Elier Ramírez Cañedo, integrante de la Comisión Redactora del documento, le explicó que en esa parte se hicieron algunos cambios a partir de las ideas expresadas por la población, para que aparecieran explícitamente aquellos que dieron continuidad a la guerra iniciada en 1868. También explicó que no debía moverse el párrafo, pues en la redacción se va de lo particular a lo general.

En iguales términos se expresó Eduardo Torres Cuevas, quien manifestó que de la manera en que el texto fue redactado ahora, a partir de las opiniones de la población, quedó bien especificada la larga trayectoria de lucha de nuestro pueblo, y se sigue un orden histórico-lógico y explicativo que no excluye ninguna de las etapas del batallar por la independencia de nuestro país. Finalmente en esta parte del documento no se hizo ningún cambio.

Doraine Linares Jiménez también solicitó incluir en el párrafo del Preámbulo en el que se refieren a las primeras organizaciones de obreros y de campesinos,   a los estudiantes, quienes siempre han estado unidos a las luchas de nuestro pueblo y han aportado al proceso revolucionario.

Recordó a Fidel, quien el 17 de noviembre de 2005, en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, aseguró que «hoy tenemos mucho más que siete fusiles, tenemos todo un pueblo que ha aprendido a manejar las armas».

Raúl Alejandro Palmero Fernández, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y miembro de la Comisión Redactora, apoyó el planteamiento de la joven diputada y expresó que la nueva Carta Magna también es de los estudiantes de hoy y del mañana. La propuesta fue sometida al plenario y aprobada por unanimidad.

Un texto íntegro

El diputado Enrique Alemán Gutiérrez hizo un llamado a ver la Constitución como lo que es: una sola, no por artículos. «Así hemos de mirarla. Es íntegra, es la Patria, es Cuba». Evocó así a José Martí con sus palabras: «el patriotismo es un deber santo cuando se lucha por poner a la Patria en condición de que vivan en ella más felices los hombres».

Ese ejercicio lo ha hecho la Comisión Redactora de nuestra Carta Magna, afirmó. Alemán Gutiérrez agradeció, en nombre de las instituciones fraternales y religiosas cubanas, por lo acabado del texto y los debates que le antecedieron a lo largo y ancho del país.

«Desde instituciones religiosas también apoyamos esta Constitución. También estamos centrados en la paz, la unidad y la defensa de la Patria. Que la luz, el amor y el progreso iluminen esta tierra».

Pablo Odén Marichal Rodríguez expresó, por su parte, que mientras se producen estos avances, Estados Unidos incluye a Cuba en una lista inmoral y falta de ética de países que no cumplen con la libertad religiosa, en la cual se menciona a grupos fundamentalistas que tratan de quebrar la unidad nacional y religiosa.

«Para también demostrar nuestro rechazo a estas declaraciones, decidimos dar nuestro apoyo y seguimiento a la Constitución que ahora comienza, para de una manera mesurada y respetuosa atender el tema del fundamentalismo que se da en estos grupos.

«El supremacismo practicado por ellos es en primera instancia, político, para quebrar la unidad nacional; y en segundo lugar, religioso, para establecer el control hacia sus adeptos. Emprenderemos este apoyo con una premisa, como compromiso de Fidel Castro: «El que traiciona al pobre, traiciona a Cristo», dijo.

El doctor en Medicina Orlando Gutiérrez Boza, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por la provincia de La Habana y líder en la asociación fraternal abakuá, resaltó durante el debate la definición acogida en la Ley de Leyes sobre el carácter laico del Estado cubano.

Este reconocimiento es muy beneficioso tanto para quienes tienen creencias religiosas como para los que no. Es una Constitución en la que se reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa, algo que refuerza la unidad de la nación.

También elogió el reconocimiento en el documento, que será sometido a referendo popular el próximo 24 de febrero, de las asociaciones fraternales. «Esto es un compromiso y una deuda con nuestra historia», afirmó.

Recordó así que los próceres cubanos, incluyendo a Carlos Manuel de Céspedes y la pléyade de héroes orientales que se levantaron el 10 de octubre de 1868, formaban parte de asociaciones fraternales (eran masones), al igual    que el Titán de Bronce, Antonio Maceo Grajales.

También lo fue José Martí, refirió, que en el año de sus cien años fue reivindicado con el asalto al cuartel Moncada por la Generación del Centenario, sentenció.

El diputado reseñó las luchas que desembocaron en el triunfo de la Revolución Cubana y su defensa, y el papel en ellas de las naciones africanas; y concluyó pidiendo y brindando «aché para el humilde y heroico pueblo de Cuba».

En otro momento del debate, María Armenia Yi Reina, volviendo sobre el tema religioso, destacó el tratamiento que da la Constitución a la libertad religiosa, sobre la base del respeto y las garantías para ejercer el culto, y resaltó que se ofrece un servicio a la comunidad con diferentes proyectos sociales.

El derecho de profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de preferencia, va más allá de la experiencia, de los principios, de las leyes. Eso será simiente de amor y unidad, recalcó.

La Primera Secretaria de la UJC se refirió a cómo los niños, adolescentes y jóvenes están reflejados en la Carta Magna.

La riqueza es de todos

La premisa de garantizar y proteger el predominio de la propiedad social socialista sobre los principales medios de producción y otros bienes y recursos de la nación, llevó a la diputada Vilma Patricia Alvarado Godoy a proponer una adición en el artículo 24, que detalla determinados bienes que deben mantenerse bajo esa condición.

El artículo 24 establece que: «La propiedad socialista de todo el pueblo incluye otros bienes como las principales infraestructuras, industrias e instalaciones económicas y sociales, así como otros de carácter estratégico para el desarrollo económico del país».

Y añade en su segundo párrafo: «Estos bienes son inembargables y pueden transmitirse en propiedad solo en casos excepcionales, siempre que se destinen a los fines del desarrollo económico y social del país, y no afecten los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros».

La puntualización de la legisladora estuvo dirigida a que en este segundo párrafo se estableciera en la Constitución el derecho preferente del Estado para readquirir un bien que este hubiera entregado anteriormente en propiedad y su poseedor quisiera transmitir.

La parlamentaria Elba Martínez Amador, miembro de la Comisión que estuvo a cargo de la redacción de la nueva Carta Magna, explicó que la propia Constitución, en el artículo 58, da la protección que interesó a la diputada.

Agregó que el propio artículo 24 brinda el resguardo, cuando expone que esa transmisión del bien es «excepcional», destinada a «fines del desarrollo económico y social», y sin afectar «los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado», pero que además esa transmisión del bien debe realizarse «previa aprobación del Consejo de Ministros», que ha de autorizarla valorando todo lo anterior.

En caso de que el propietario del bien —añadió Martínez Amador— quisiera transmitirlo a un tercero, se tienen los procedimientos legales para proceder, incluyendo el artículo 58 de esta Constitución y las leyes complementarias de que se disponen.

Ante la insistencia de Vilma Patricia de mantener la propuesta, Yumil Rodríguez Fernández, miembro de la Comisión Redactora, señaló que la transmisión de la propiedad de determinados bienes sociales se introdujo con la Reforma Constitucional de 1992, como parte de la apertura a la inversión extranjera, y no hay referencias de que hubiese ocurrido alguna irregularidad, muestra de la seriedad con que se han hecho estos procesos.

Se trata de excepcionalidades, y cuando esta transmisión de bienes se realiza, tiene trámites y se fijan condiciones, además de las leyes existentes, todo lo cual ampara la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los bienes fundamentales, sentenció.

Marcia Cristobalina Chicoy Ramírez, miembro de la Comisión Redactora, señaló que la Constitución es ley «mínima», y debe ser complementada con leyes, a lo cual José Luis Toledo Santander, también miembro del grupo de trabajo mandatado por el legislativo para la elaboración del texto, agregó que el Estado no tiene ninguna desprotección frente a una situación de este tipo.

Ante la persistencia de la diputada proponente de otorgar valor constitucional al derecho preferente del Estado para la adquisición de un bien que anteriormente entregó, la propuesta finalmente fue llevada a votación y no fue aprobada por el voto mayoritario de los legisladores.

Ania Guillermina Lastre Morera por su parte, planteó modificar el primer párrafo del propio artículo 24, en el que se    plantea que la propiedad socialista de todo el pueblo incluye otros bienes como las principales infraestructuras, industrias e instalaciones. Su proposición fue    desplazar la palabra «principales» para delante de la palabra industrias, pues las infraestructuras son de alta significación económica y social.

Ana Teresa Igarza, de la Comisión Redactora, calificó de válida la propuesta, pues la infraestructura es la que sostiene la relación del Estado con el pueblo, y particularizar con el término «principales» puede dejar una brecha que sea aprovechada por otras entidades para apropiarse de ese bien.

La parlamentaria Irma Martínez Castrillón planteó no estar de acuerdo con la modificación que se estaba proponiendo, pues en su opinión los textos jurídicos hay que leerlos en su conjunto, y el artículo 23 deja bien claro lo que es propiedad socialista de todo el pueblo, por lo tanto —argumentó— no hay ningún riesgo en la interpretación de ese artículo.

La propuesta inicial, relativa a colocar la palabra más adelante, fue llevada a votación y aprobada por la amplia mayoría de los legisladores.

De libertades y otros asuntos

Daicar Saladrigas respaldó la expresión del concepto de libertad de prensa en la Constitución, derecho que se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad, según se plasma en su artículo 55. Añadió que este ha sido un tema muy debatido y manipulado, y que en Cuba estamos en condiciones de concretarlo en el sistema de medios a partir del compromiso con los intereses de la sociedad.

Comentó la importancia de preservar la libertad de prensa como un derecho constitucional, sobre todo en un sistema de medios con autonomía que responde a los intereses del pueblo. No obstante, propuso que en el artículo 55, donde dice «se reconoce a las personas la libertad de prensa», eliminar la frase «a las personas».

Sobre el segundo párrafo del artículo, donde queda expresado que «los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad privada», la   también periodista sugirió agregar y dejar claro que «no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad privada u otro tipo de propiedad».

Yailin Orta Rivera, miembro de la Comisión Redactora, expuso que era pertinente mantener «a las personas», ya que no se refiere solo a los individuos, sino también a los colectivos (personas jurídicas). Esto, agregó, tiene un precedente histórico desde la Constitución de 1940, y se mantuvo en la formulación de la Carta Magna de 1976.

Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, coincidió con la diputada proponente en lo relativo a que los medios fundamentales de comunicación tienen que ser exclusiva propiedad del Estado.

Sin embargo, difirió del primer planteamiento de Saladrigas, en cuanto a la supresión de la frase «a las personas» en el artículo 55, por tratarse, en este caso, de un derecho individual que atañe, afirmó Acosta Álvarez.

El diputado aclaró que esto no se refiere únicamente a los periodistas o los medios, sino también que es un derecho individual de los ciudadanos con el que se reconoce su libertad de dirigirse a los medios y expresar sus ideas en ellos, y, por tanto, no debe modificarse ese precepto.

En la actualidad, ejemplificó, cualquier ciudadano, sin ser periodista, puede escribir en un medio digital o abrirse un blog, y ejercer así la labor periodística, que no solo se practica desde los medios de comunicación. A ellos también compete la libertad de prensa.

La discusión fue resuelta a través del voto legislativo, que aprobó el segundo planteamiento de Saladrigas referido a agregar en ese tema que los medios de comunicación «no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad privada u otro tipo de propiedad».

Jorge Duvalón Rodríguez, al referirse al artículo 60, destacó el papel humano, transformador y humanista de nuestra política penal, algo que no era pensable antes del triunfo de la Revolución. Resaltó las posibilidades de superación dentro de las cárceles, así como los programas de reinserción social a los que tienen derecho los reos luego de cumplir sanción.

En otro momento de la discusión, la diputada Julia Cabrera volvió sobre uno de los temas más debatidos en la consulta popular celebrada entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre últimos, en cuanto a la impartición de justicia.

Solicitó valorar, a pesar de que estos elementos puedan materializarse más adelante en la Ley de procedimiento penal actualizada, la reformulación del inciso b del artículo 95, a fin de precisar con exactitud cuándo inicia el proceso penal y se produce la entrada del defensor.

Ariel Mantecón, diputado miembro de la Comisión Redactora, comentó que el asunto del «debido proceso» fue uno de los más enriquecidos en las discusiones que condujeron hasta la versión final de la Constitución presentada al legislativo para su aprobación, incluidas profundas disquisiciones y aportes de la comunidad jurídica nacional.

Lo que se ha logrado —señaló el experto— es un patrón general que es competitivo con cualquier constitución del mundo y recoge construcciones que se han acumulado año por año y que aquí tienen una profunda vocación humanista.

El inicio del proceso penal —continuó argumentando— debe ser definido por la Ley de procedimiento penal, no por la Constitución; sin embargo, esta que    discutimos ahora establece un patrón que marca una mentalidad del legislador para crear garantías legales, penales y administrativas que garanticen la nueva pauta constitucional.

La argumentación presentada fue aceptada por la diputada Julia Cabrera, quien estuvo de acuerdo en mantener el artículo en su letra actual.

Los preceptos contenidos para el área jurídica también determinaron       la intervención del legislador Joaquín Bernal, específicamente sobre el       artículo 147, en la parte referida a la formación de los tribunales, donde reza que estos se constituyen «colegiados   o no». Propuso eliminar esa frase         en específico, para evitar que se interprete que pueden establecerse tribunales unipersonales.

La impartición de justicia en Cuba tiene dos principios básicos, dos pilares: los tribunales colegiados y el juez lego con iguales derechos que los profesionales, virtudes reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, argumentó.

Son dos principios básicos a los que no hemos renunciado, como se ha explicado aquí por el compañero Homero Acosta. Lo que la Constitución refiere es que para determinados asuntos puede pronunciarse un solo juez, pero eso no es lo general, por lo que propuso dejar las especificidades para la Ley de los tribunales cuando se actualice.

La propuesta de eliminar la frase «colegiados o no» también fue apoyada por el parlamentario Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.

Este texto constitucional —señaló— se situará en la vanguardia del constitucionalismo moderno, y va más allá de cuántos jueces constituyen un tribunal, y la expresión de colegiados o no se circunscribe a un solo aspecto, por lo que la sugerencia del diputado Bernal debe tomarse en cuenta para una mayor comprensión del documento, expuso el magistrado.

La propuesta de eliminar la frase «colegiados o no» fue aprobada por el legislativo.

Cuba, una familia

En otro momento del debate, la diputada Yolanda Ferrer se refirió al alcance de los artículos 81 y 82 de la nueva Constitución, y la trascendencia de los derechos que ambos refrendan, relacionados con la fundación de una familia y las protecciones que recibe, así como el matrimonio como institución social y jurídica.

Ha quedado muy clara la voluntad política de eliminar cualquier tipo de discriminación —dijo—, y con ello ha ganado la unidad de todos los cubanos. Ahora solo nos queda labrar un Código de Familia como el que nuestro pueblo necesita, afirmó.

Sobre el mismo tema, Luis Adán Robles expuso «no solo como diputado sino también como persona LGBT» estar de acuerdo con todo lo recogido en el artículo 82, relativo al concepto de familia, su forma de organización, su fundación y la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges, entre otras     precisiones.

En este artículo —afirmó—, «no hay bandos ganadores, ni perdedores, solo queremos que nuestras familias sean beneficiadas, tengan la organización que tengan». Espero —expresó más adelante— que todos seamos consecuentes con los principios de igualdad que propone nuestra Carta Magna. «La Revolución siempre contó con personas de género diverso», sentenció.

Siguiendo el pensamiento de Luis Adán, Danhiz Díaz Pereira llamó la atención a los integrantes de la Asamblea Nacional sobre la necesidad de acercarse a sus electores una vez que lleguen a los lugares de residencia o de trabajo y estudio. No podremos hacerlo con la excelencia que se ha hecho aquí, pero tenemos el deber de esclarecer, ayudar a entender, expuso.

La diputada Mariela Castro Espín destacó que la reformulación del artículo 68, ahora 82, debe ser interpretada como un avance y no como un retroceso. Es la reforma de la norma de mayor relevancia en nuestro contexto social y político.

Contrario a las manipulaciones en las redes sociales, el actual artículo 82 tiene implícito ampliamente el principio de inclusión y no discriminación por orientación sexual, algo que también está contenido en el artículo 42, al rechazarse en él cualquier tipo de discriminación.

La referencia al matrimonio se realiza en la nueva Constitución de manera novedosa, porque se aborda como una de las formas de organización de la familia y no de una única manera,    señaló la también directora del Centro Nacional de Educación Sexual       (Cenesex).

Además, abundó, se introduce el concepto de cónyuge, construcción jurídica que califica a quienes han formalizado el vínculo matrimonial, lo que no limita que personas del mismo género puedan acceder al matrimonio como forma jurídica de la unión que han querido asumir.

En el texto que hemos reformado, continuó Mariela, el matrimonio aparece sin ataduras a género alguno, y sin colocar esta unión como aquella que se realiza para la reproducción, sin colocar las dinámicas familiares a partir del deseo de descendencia. No hay retrocesos —reiteró—, la letra actual trasciende la propuesta anterior, y el primer reto que tenemos ahora es garantizar el voto de todos nuestros electores en el referendo, sensibilizar a la población y aportarle los elementos que necesiten.

«Luego del voto de nuestro pueblo, que estoy segura será en su mayoría favorable, debemos concentrarnos en la ley, en el Código de Familia, para lo cual debemos informarnos de las concepciones científicas más avanzadas, las referencias internacionales y, sobre todo, tomar en cuenta nuestra realidad social».

El nuevo Código de Familia debe estar concebido a partir de los conceptos constitucionales de pluralidad, inclusivo y sin distinciones de ningún tipo, expuso la diputada.

También insistió, ante las campañas manipuladoras en las redes sociales que promueven el no a la aprobación popular de la Constitución, la necesidad de una rigurosa información al pueblo y al mundo, porque en la Constitución quedan blindados los principios de la Revolución y de todos los cubanos, dijo.

La diputada Susely Morfa, también primera secretaria de la UJC, se refirió al artículo 87, que de manera especial reconoce a los jóvenes dentro de la sociedad cubana y dentro de la Revolución, aunque —recordó— no es el «único momento del texto en que están presentes los niños, adolescentes y jóvenes, porque esta es una Constitución de futuro, donde se habla de futuro y en él tienen que estar presentes esas   edades».

La importancia que se da en la Ley de leyes a las más jóvenes generaciones, «nos llena de orgullo, pero también nos entrega altas responsabilidades, como cuando se habla del envejecimiento poblacional, y cómo es preciso que nos involucremos en el desarrollo económico, en la defensa del país desde la ideología y también ante una posible agresión armada».

Susely rememoró que hacía unos días los diputados vieron el filme Inocencia, «en el que se habla del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, aquellos jóvenes culpados sin razón, masacrados, y cómo aquel ejército de voluntarios, mercenarios en su propia patria, fueron sus principales acusadores, mientras la población se mostró indiferente. Cuando vemos esas cosas, podemos entender de manera más clara cómo nuestro país no puede ser nunca anexionista e imperialista, porque el costo será muy alto.

«Y quiero reafirmar que, no solo en ese artículo, sino en toda la Constitución, se reafirma la confianza que siempre tuvo Fidel en la juventud, y tengo la certeza de que los jóvenes estarán junto a nuestro pueblo y de manera consciente el próximo 24 de febrero, apoyando la Constitución».

 

Amar la Revolución sin abandonar a la familia; amar a la familia

sin abandonar la Revolución

Mariela Castro Espín destacó el espíritu crítico que prevaleció para perfeccionar el texto constitucional.

 

Un momento muy emotivo en el debate y aprobación del nuevo texto constitucional protagonizó la diputada Mariela Castro Espín, quien expresó sin tapujos su admiración y amor hacia el General de Ejército Raúl Castro Ruz, su padre.

La directora del Cenesex, felicitó a la Asamblea Nacional y en especial a la Comisión Redactora por su riguroso trabajo y aporte conceptual, por el espíritu crítico que prevaleció para perfeccionar el texto.

Quiero felicitar a Homero Acosta, por su labor como jurista y educador; también al pueblo de Cuba, por su responsabilidad en este proceso; y de manera especial —continuó—, voy a felicitar a un educador que me enseñó que se puede amar la Revolución sin abandonar a la familia; y amar a la familia sin abandonar la Revolución.

Gracias por su ejemplo, como padre y como revolucionario. Permítanme abrazarlo como diputada de esta asamblea, dijo.

Tras el abrazo con su padre, la diputada refirió que: Raúl le había dicho que tenía que recordar a su mamá (Vilma Espín) en estos momentos. «Ella fue diputada desde la constitución de la Asamblea Nacional, y junto con mi padre fue una inspiradora en esta lucha.

«Ellos me enseñaron que había que luchar por estos temas, que era difícil y complejo, pero que había que hacerlo, y la vida me dio esta oportunidad, al frente del centro que dirijo, y estoy tratando de hacerlo de la manera mejor posible.

«Desde que estos temas fueron introducidos en la política del Partido y el Estado se les ha dado un impulso porque habían quedado pendientes en el proceso de aprendizaje de la Revolución», concluyó.

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