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Causas del Tribunal de Urgencia incoadas contra revolucionarios del país durante los años de 1952 a 1958, se encuentran en una multimedia en la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, así como en el Archivo Nacional de Cuba y en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Lo anterior es sostenido por el luchador clandestino Bernardo Granado Sosa, uno de los actores e investigador principal de este tema en la nación.
«Pero no se han encontrado todavía las causas más importantes de los condenados, ni las que al cierre de 1958 estaban pendientes de sentencia por dichos tribunales de todo el país, que fundamentalmente eran los que juzgaban los llamados “delitos políticos”», expresa quien fue combatiente del Movimiento 26 de Julio desde 1956, con 16 años, y además estuvo preso y fue torturado por el más connotado verdugo del tirano, Esteban Ventura Novo.
Apunta que la ausencia de esa documentación oficial apoya a los detractores de la Revolución cuando dicen que la hicieron solo Fidel y un grupo de aventureros. «Asimismo, al revisar el fondo Tribunal de Urgencia del Archivo Nacional de la etapa 1952-1958, los estudiosos nacionales y extranjeros se llevan una visión engañosa de la participación masiva del pueblo en esa lucha y dan la razón al discurso enemigo que dice que en Cuba no hubo represión y que Batista y sus principales torturadores en realidad no eran tan malos como se ha dicho», argumenta.
Esas causas estaban desaparecidas
Granado Sosa advierte igualmente que «encontrar esos documentos es muy importante, pues reflejan, además de la lucha de los implicados, las torturas a que fueron sometidos los jóvenes que eran detenidos, las sanciones impuestas, el sufrimiento de sus madres, que desconocían el destino de sus hijos, y la feroz persecución que amenazaba sobre todo a la juventud de nuestra patria».
Enfatiza el también licenciado en Dirección de la Economía que en estos momentos se continúa la búsqueda de una gran cantidad de causas que faltan y que encontrarlas permitirá, después de digitalizadas, facilitarles el acceso a investigadores, escritores, abogados, sociólogos, historiadores, pedagogos y periodistas para la divulgación de esos sucesos y que así sean del conocimiento de las actuales y futuras generaciones cubanas y extranjeras.
Nacido en Calabazar de Sagua, Las Villas, en 1939, este integrante de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) es uno de los actores principales de las investigaciones que se han realizado y se realizan para encontrar esos documentos.
«En La Habana las causas no encontradas alcanzan la cifra de 1 586. Por ejemplo, en la documentación disponible de La Habana en el Archivo Nacional, correspondiente al año 1957, de 1 167 causas de los referidos Tribunales de Urgencia, solo aparecen 131 que tienen acusados políticos, y de 563 acusados, 498 fueron absueltos o sobreseídas sus causas. En ese año suman 341 los expedientes no encontrados».
Subraya que en 1958, de 1 531 causas en la capital, solo aparecen seis de carácter político, con un total de diez acusados, y de estas en cuatro fueron absueltos los implicados y en las otras dos les impusieron a un acusado 60 cuotas de 50 centavos y al otro, 31 cuotas de a peso. Mientras que solo en el Diario de la Marina aparecen, en ese año, 142 reportajes con 2 785 acusados enviados al Tribunal de Urgencia. De ese período se han encontrado 908 expedientes.
«Cuando recuperemos tales documentos en todo el país podremos conocer en cada provincia cuántos cubanos, mujeres, adolescentes, jóvenes y menores fueron reprimidos, el rango de edades, las condenas impuestas, las torturas recibidas, cuántas veces un compañero fue acusado, salvando del anonimato a todo aquel que puso en riesgo su vida para lograr la libertad que hoy disfrutamos», recalcó.
¿Qué pasó con esas causas?
«Hay tres leyes (1, 15 y 79) promulgadas por el Gobierno Revolucionario en enero y febrero de 1959, firmadas por Fidel, que aluden a este crucial asunto en los años 1952 al 1958. La 1 extingue el Tribunal de Urgencia; la 15 establece que los juicios en tramitación y los de sentencias apeladas pasen a las salas ordinarias de justicia para su terminación», argumenta Granado Sosa.
Explica con énfasis Granado que la ley 79 ordena que las causas contra los revolucionarios indultados, las de los condenados que hubieren cumplido su condena, las de los condenados pendientes de cumplir su condena, las apeladas al Tribunal Supremo y los procesos que estuvieran en fase preparatoria o instrucción, sean trasladados a las mencionadas salas ordinarias para aplicar lo que establece esta ley firmada por el Comandante Fidel. Y lo más importante: declarando la licitud de las acciones condenadas por el Tribunal de Urgencia y que se proceda a cancelar las inscripciones de los antecedentes delictivos en los libros correspondientes.
Por las leyes anteriores (según puntualiza el investigador) esos documentos fueron extraídos en su momento de los archivos de los tribunales de urgencias y archivados en los juzgados de instrucción de la jurisdicción ordinaria, cuestión que se desconocía.
Es decir, que esos legajos se deben encontrar, por ley, donde están archivados los documentos comunes en los juzgados de instrucción de las distintas salas ordinarias de justicia de las audiencias provinciales y en los territoriales no solo en La Habana, sino en las seis provincias de aquella época, en los archivos del Tribunal Supremo y en los Archivos Históricos de las provincias a las que fueron transferidos.
Finalmente se ha sugerido al Archivo Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado y a la Unión Nacional de Historiadores de Cuba cómo encontrar los expedientes que faltan, en un interesante proyecto para recuperar las causas incoadas contra la juventud revolucionaria durante la tiranía de Batista.
