Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Eduardo Cruz Correa, propietario de la vivienda sita en Calle 251, no. 14821, entre 148 y 150, Bauta, Artemisa, cuenta una historia lamentable de una acción constructiva autorizada por el Gobierno del que era entonces un municipio de la provincia La Habana, y que le ha traído demasiados daños.

Precisa el lector que, en junio de 2002, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) de Bauta emprendió una obra de demolición de lo que era entonces un local estatal, para construir sus oficinas, con la autorización del Gobierno municipal. Y se hizo sin previo aviso a los propietarios de las dos viviendas colindantes, incluida la de Eduardo. Sin ni siquiera analizar las condiciones técnicas de esas construcciones, las cuales eran unas de las más antiguas del pueblo.

La brigada responsable demolió los techos y causó grandes daños a las casas vecinas. Y tal perjuicio fue denunciado reiteradamente en la Dirección Municipal de la Vivienda, el Gobierno municipal y ante otras autoridades en el territorio. Ante tanta insistencia, se decidió paralizar la obra y enviar a inspectores que emitieron un dictamen de los perjuicios ocasionados.

Como consecuencia de ello se les hizo llegar a los vecinos una carta, la cual aseguraba que la ONAT se responsabilizaba con la reparación de las casas dañadas de los vecinos, en tanto la ECOI 8 asumiría la obra.

Posteriormente, esos vecinos se reunieron con la directora municipal de la ONAT, la cual les comunicó que las afectaciones ocasionadas a sus casas no eran responsabilidad de esa entidad, si no del Gobierno local. Los vecinos, señala, insistieron en varias ocasiones ante el Gobierno y Vivienda. «Pero solo nos eludían», manifiesta.

Al ver que el problema no se solucionaba, los vecinos escribieron al Consejo de Estado. Y entonces fueron citados por el Gobierno municipal. Tanto el presidente de este entonces, como el vicepresidente que atendía Vivienda, les comunicaron que los arquitectos de Vivienda realizarían el proyecto estatal de sus casas, y le pedirían materiales a la provincia, así como conseguirían la brigada para la obra.

Posteriormente, les entregaron los planos. Y se responsabilizó al director de la Vivienda de darle seguimiento al asunto. Fue cuando demolieron ambas casas para comenzar el proyecto, el cual nunca se materializó.

Eduardo se dirigió al entonces director de la Vivienda, que había sustituido al que hizo el compromiso. Y aquel refirió que desconocía esa historia, que no le hicieron entrega del caso. Y se comprometió a hablar con el Gobierno municipal el asunto.

En febrero de 2012, Eduardo fue citado por la funcionaria de Atención a la Población del Gobierno municipal, quien le comunicó que su caso sería analizado por el nuevo director de la Vivienda municipal.

Luego de cuatro meses reuniéndose con ese director de la Vivienda municipal, y con el responsable de infraestructura e inversiones del Gobierno local, sin resultado alguno, vino lo insólito: el director de Vivienda municipal le entregó un documento escrito, el cual plantea que la ONAT desconocía que ese acuerdo había quedado vigente.

El Gobierno municipal no exigió la construcción. Y le expresó a Eduardo que no tenía forma de solucionar el problema, obviando que la responsabilidad por los daños causados no es a título personal, sino una obligación estatal con los afectados.

Han transcurrido diez años, y subsiste el daño a esa familia. Ya Bauta pertenece hoy a la provincia de Artemisa, y los implicados en el asunto hace mucho rato que se desentendieron y evadieron las obligaciones morales que sobre ellos recaen. «Sigo realizando gestiones, cuenta el paciente Eduardo, y soy evadido de un lugar a otro».

Es una vergüenza pública que tanto la ONAT, como Vivienda y el Gobierno de Bauta se hubieran desentendido de esos vecinos afectados. Han pasado los años y quién sabe dónde están hoy los que engañaron a esos ciudadanos. Ojalá no tengan una responsabilidad todavía, con esos métodos burlescos y tanta insensibilidad hacia los derechos de los afectados. Pero dondequiera que estén, hay que remover esta historia, y exigirles que cumplan su compromiso. Por otra parte, el Gobierno actual de Bauta no puede desentenderse de lo que heredó. Conductas tales manchan la credivilidad de la institución en este territorio.