Acuse de recibo
Una dolorosa evidencia lacera a esta columna democrática que amplifica el sentir ciudadano: ha retrocedido el nivel de respuestas institucionales a las quejas de nuestros lectores en el período que cierra 2016, comprendido entre el 16 de abril y el 15 de octubre del año concluido.
Aun cuando dejamos el margen de dos meses y 15 días para que los aludidos reaccionaran, solo el 67 por ciento de las denuncias y planteamientos reflejados aquí fueron respondidos por los implicados. Muy preocupante, cuando se compara con igual período de hace solo dos años, que registró el 88 por ciento de respuestas.
En una etapa tan compleja, cuando la dirección del país ha convocado a atender con rigor y sensibilidad los problemas de la población, es sintomático que el 33 por ciento de los dramas ciudadanos presentados aquí —uno de cada tres— se haya ignorado por las instituciones. ¿Indolencia o desobediencia institucional?
Entre 25 temas cotidianos, los seis más abordados, con el 52 por ciento de las cartas, estuvieron relacionados con Vivienda, problemas laborales, Salud Pública, acueductos y alcantarillados, el candente tópico de la calidad de los servicios, y específicamente el transporte.
De Vivienda figuran litigios interfamiliares, testamentos no reconocidos, reclamaciones de terrenos, alertas de peligro de derrumbe y demandas de reparación, demoras y peloteos burocráticos en los trámites y en otorgamiento de subsidios, ilegalidades no enfrentadas e incumplimiento de fallos de los tribunales al respecto.
Y de Recursos Humanos, reclamaciones por violaciones laborales y salariales, incorrecta aplicación de sistemas de pago, transgresiones del principio de idoneidad y expedientes laborales extraviados, entre otras.
En la Salud Pública se concentran la mayor cantidad de elogios y gratitudes. Aun así, se denuncian problemas organizativos en consultas, dificultades para los turnos médicos y falta de medicamentos, entre otros planteamientos.
Como dato curioso, en esta etapa el 60 por ciento de las cartas arribó vía electrónica, y el resto por el correo postal o traídas personalmente a la sede de nuestra redacción. No obstante, a este último segmento tradicional, de personas que no tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación, se le dio especial tratamiento.
De las cartas recibidas, el 47 por ciento proviene de la capital, y si le sumamos las cuatro provincias que le siguen en orden descendente (Holguín, Camagüey, Villa Clara y Granma), entre las cinco suman el 75 por ciento.
Del total de respuestas recibidas, en el 75 por ciento el lector tenía razón, y se solucionó el problema después de publicada la historia. Pero el 34 por ciento de esas respuestas no explican los motivos por los cuales no se habían atendido los asuntos denunciados.
En el 54 por ciento de las respuestas es que se informan las decisiones adoptadas: rebajas salariales de los responsables, democión a plazas de menor remuneración por un período determinado, análisis en el colectivo y amonestaciones más que medidas organizativas que extirpen el mal de raíz.
Es elocuente que en muchos casos las sanciones se aplican a los responsables directos de lo sucedido, pero no se evidencian análisis y medidas con los que debían tener control. Y se revelan recurrentes problemas de previsión y de análisis sistemático de la gestión de esas entidades.
Hay respuestas y respuestas. No pretendo absolutizar ni anatematizar. Quizá el cuadro estadístico sea apenas la punta del iceberg del funcionamiento y la gestión de muchas entidades. Lo cierto es que las pobres respuestas, hechas al paso y presionadas por la revelación pública, nos dicen bastante de cómo andan los tiros, o más bien las salvas. Entonces imagínense ese 33 por ciento que ni siquiera respondió: lo peor de lo peor.
Respuestas institucionales a quejas publicadas entre el 16 de abril de 2016 y el 15 de octubre de 2016 (recibidas hasta el 29 de diciembre de 2016)
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