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Al momento de escribirnos, el profesor de Química Ramón E. García Rojo (calle 7 No. 8, entre F y G, municipio 1ro. de Enero, Ciego de Ávila) llevaba varios meses desconectado del servicio de correo electrónico e internet que se le había facilitado tres años atrás, cuando comenzó estudios de doctorado en su provincia.

El miembro del claustro del IPU Roberto Espino Ávila refería haber indagado por la suspensión, y la causa era no haber pasado un curso impartido en el municipio, relacionado con el manejo ético de la conectividad.

Dicho corte en el servicio había provocado —se dolía el profesor— que no hubiese podido avanzar en su investigación doctoral, la cual incluía trabajo con sociedades científicas estudiantiles del territorio. Igualmente, a veces había debido viajar hasta 60 kilómetros para colocar en el gestor de la universidad avileña trabajos que, de estar conectado, podía incorporar al sistema en minutos.

Su carta vio la luz en esta columna el 10 de julio último.

Al respecto contesta Bárbara Rodríguez Milián, directora de Educación en Ciego de Ávila. Comienza la Directora citando artículos de sendas resoluciones del Ministerio de Informática y Comunicaciones y del Ministerio de Educación referentes a temas de seguridad informática, en virtud de las cuales se planifican y ejecutan acciones como el mencionado curso.

En el caso que nos ocupa, precisa la funcionaria, se trataba de un curso básico de Seguridad Informática, de cuatro encuentros y una prueba final. Se organizó en varias sedes del territorio, una de las cuales fue la Dirección Municipal de Educación (DME) de Primero de Enero.

«Al concluir (...) se emitió un certificado, anexado al contrato de trabajo de cada trabajador, como constancia (...). En ese certificado se anexa, además, un código de ética, que firma el usuario, como compromiso de su cumplimiento», señala la ejecutiva.

«Al organizar el curso en el preuniversitario Roberto Espino Ávila, centro donde es trabajador el compañero Ramón Eliseo García Rojo (profesor de Química), este se negó a matricular (...), planteando que él consideraba poseer los conocimientos necesarios para interactuar en las redes. Agregó que anteriormente él disponía de ese servicio y no tuvo que hacer el curso, situación que es cierta, pero en el momento en que se le facilitó este servicio no se había adoptado el acuerdo (respecto a las condiciones de uso de la conectividad)».

Añade la directiva que en la institución donde trabaja el remitente se organizó en dos momentos el entrenamiento de marras: el 9 de febrero y el 11 de febrero de 2017, siempre en sesión de la tarde, para no afectar el horario docente. En ambas ocasiones, la Directora del centro le comunicó la necesidad de asistir al profesor Ramón y este no asistió.

«El servicio se le suspendió temporalmente a todos los que no habían pasado el curso y en la medida en que lo aprobaran se les habilitaba el servicio. Según Niover Brown Suárez, responsable de Seguridad Informática en la DME de Primero de Enero, el compañero Ramón (…) se negó a pasar el curso y nunca se interesó, como lo hicieron el resto de los usuarios del municipio, razón por la cual se le suspendió el servicio de conectividad», detalla la funcionaria.

En cuanto al no poder trabajar con la sociedad científica estudiantil, que alegaba el docente, la Directora provincial no comparte esta afirmación, toda vez que «en el centro existe conectividad y los estudiantes tienen acceso en el laboratorio de clientes ligeros, al igual que todos los profesores (…). También en la DME y en el Centro de Diagnóstico e Información Pedagógica municipal están creadas todas las condiciones para solicitar y bajar la información necesaria».

Concluye la Directora admitiendo no poner en duda «que el profesor tenga todos los conocimientos necesarios para interactuar en las redes, pero no hay ningún documento que lo avale».

Agradezco la respuesta. Si bien resulta molesto dedicar tiempo a cuestiones que uno domina y deberían existir pruebas de suficiencia para evitar este impertinente trámite, también es cierto que los procesos sociales de toda índole —y un profesor debe saberlo muy bien— se rigen por constancias documentales. Como reza la sabiduría popular: «Papelitos hablan». Dedicar unas horas al necesario papel habría evitado meses de angustia. Es solo sentido común.