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Desatendido, ¿e indemnizado?

El pasado 12 de mayo desde Marianao, La Habana, Jorge Williams Opizo contaba que el 14 de febrero se derrumbó al lado de su casa un local de la Dirección Municipal de Cultura, más de un año cerrado y abandonado: le causó grandes daños a su vivienda y destruyó bienes familiares. Por suerte, la familia no estaba allí, pero su perro falleció bajo los escombros.

Ese día fueron allí la Vicepresidenta del Gobierno, la  Directora de Cultura en Marianao y el inversionista de la Dirección Provincial de Cultura; dijeron que se atendería el caso con celeridad. El tiempo pasó, y solo se recogieron los escombros: «Camión con materiales que “está llegando” todos los días, visitas a mi casa que nunca ocurren, la firma que tiene que venir de arriba…», lamentaba Jorge.

Acudió a Atención a la Población del Gobierno municipal, a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) y al Puesto de mando municipal. Escribió al Presidente del Gobierno y al  Partido en Ma-rianao. Lo visitó el 22 de marzo la Directora municipal de Cultura, y envió al inversionista de esa entidad, quien prometió comenzar a reconstruir todo al otro día, pues ya tenía cemento, cabillas y un cheque para comprar los materiales restantes. Pero nunca fueron.

El 5 de abril fue el inversionista de Cultura provincial y dijo que se habían aprobado materiales a raíz del derrumbe, pero que Cultura municipal nunca los recogió, no sin sorprenderse de que no se hubiera reparado nada aún, y levantar un acta firmada por Jorge.

Dos horas después, lo llamó por vez primera en todo ese tiempo la Directora municipal de Cultura, preocupada por la visita del inversionista provincial. Le dijo que esperara ese día los materiales, pues ya estaban en camino, algo que nunca ocurrió.

Al otro día, ella visitó a Jorge junto a la Directora municipal de la Vivienda, y le dijo que desde ese momento ellos le daban el local derrumbado a Vivienda, la que repararía su casa. Días después, le informó que pondrían tejas, las que había cargado Cultura el día anterior. Y ante la inquietud de Jorge  sobre los bienes destruidos, le planteó que ella nada tenía que ver con eso.

Solo quedaba para comenzar la firma de pago entre Vivienda municipal y la cooperativa que Cultura había contratado. Pero cuando Jorge escribió a esta sección no se había iniciado la reparación, ni se le había presentado un solo plano de la propuesta de solución para su casa, ni licencia de obra. Ningún funcionario había informado sobre tratamiento alguno por las pérdidas sufridas: camas, colchones, electrodomésticos y demás.

Al respecto, responde Santa Miralys Ricardo Tamayo, directora provincial de Cultura en funciones de la capital, que se creó una comisión, la cual se entrevistó con Jorge y con la Directora municipal de Cultura, y visitó el lugar para valorar los daños.

Precisa que la Dirección Municipal de Cultura no puede comprar materiales de construcción a terceros, por lo que «transfirió esa responsabilidad a quien corresponde». El Gobierno local asignó los materiales por medio de la Dirección Municipal de la Vivienda, y se trasladaron los mismos hacia casa de Jorge sin costo para él.

«Se concilió con el recurrente, refiere, lo asociado a la cubierta, que en un inicio era ligera, y ahora tiene otro refuerzo, acorde con la edificación. Los materiales han sido priorizados por el Consejo de la Administración de Marianao, y desde el 22 de mayo, fecha en que la comisión se presentó ante Jorge, han ido avanzando en las acciones constructivas».

Expresa que los directivos del Gobierno y de la DMV están dando seguimiento al caso, y existe expediente del mismo en la Dirección Provincial de Cultura. Existe acta de conformidad con la atención recibida, y con los plazos previstos en la recuperación del inmueble.

Agradezco la respuesta y, al fin, las acciones constructivas que hubieran merecido Jorge y su familia mucho antes, antes de que se hubiera revelado la denuncia aquí. Como se deduce del recuento de la historia, primó la de-satención reiterada por parte de la Dirección Municipal de Cultura, a pesar de que tantas entidades e instancias superiores estaban informadas. Lo otro es que no se responde si esa familia fue indemnizada por los daños a sus bienes. Eso, que figura en nuestra Constitución, no queda esclarecido.

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