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Grisel Reyes León, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, sostuvo la necesidad de que la Constitución de la República de Cuba explicite que el país ejerce su soberanía también en el ciberespacio, reporta la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
En el ámbito de la consulta popular en La Habana del Proyecto de Carta Magna, la directiva se refirió al artículo 11, Título I: Fundamentos Políticos, en el cual se establecen los límites en los que Cuba tiene jurisdicción y responsabilidad estatal.
Por definición, la soberanía es el ejercicio del poder supremo del Estado dentro y fuera de su territorio, en los casos de extraterritorialidad; de ahí la importancia de adecuar este concepto a la realidad que nos presentan internet y el ciberespacio.
Atendiendo a este concepto, y de acuerdo con Reyes León, al agregar esa dimensión al artículo, se asegura el derecho del Estado para establecer normas encaminadas a regular el uso adecuado y el comportamiento en el ciberespacio en función de garantizar la libertad y seguridad de todos los ciudadanos.
Política cultural a debate
Otro reporte de la ACN señala que la necesidad de que la nueva Carta Magna de la República de Cuba legisle cuáles son las directrices de la política cultural del país, fue uno de los planteamientos realizados en Camagüey por trabajadores de ese sector, durante la consulta popular.
Tamira González, directora provincial de Cultura en el territorio, aseveró que de establecerse esas particularidades en la futura Ley de leyes, el Ministerio adquiriría mayor autoridad para exigir concretamente el cumplimiento de lo regulado en ese documento.
Reglamentar lo establecido como política cultural cubana en defensa de las costumbres, tradiciones e idiosincrasia del país es defender nuestra identidad, porque así nos protegeremos legalmente de manifestaciones artísticas mediocres y de mal gusto, aseveró la directiva.
En el debate generado alrededor de ese tema, hubo coincidencias acerca de la importancia de tomar acción al respecto, a tono con el recientemente publicado Decreto Ley 349/2018, sobre las contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos.
