En la reunión del Consejo de Ministros de septiembre del pasado año un punto importante fue las relaciones económicas entre entidades estatales y trabajadores por cuenta propia. En tal sentido, Gladys Bejerano Portela, contralora general, presentó dos casos detectados de violaciones en este asunto.
Según el reporte de esa reunión, el primero de ellos, reseñó, ocurrió en el municipio de Habana del Este, donde el gobierno local pagó a un trabajador por cuenta propia 15 millones de pesos para la reparación del Complejo de Piscinas de Alamar, presupuesto calificado como improcedente y excesivo.
En la investigación se develaron violaciones como pagos indebidos para materiales y mano de obra, evasión del fisco y derroche de recursos. Bejerano Portela informó que las respectivas medidas disciplinarias de carácter administrativo ya fueron aplicadas y se encuentra en curso el proceso penal de los implicados.
El otro caso sucedió en el municipio de Minas, en Camagüey, cuando la relación entre un trabajador por cuenta propia y una Cooperativa de Créditos y Servicios generó una cadena corruptiva entre directivos, ejecutivos, funcionarios y trabajadores de 10 entidades involucradas.
Se determinó que el trabajador por cuenta propia inscribió un taller de carpintería como actividad secundaria en la referida cooperativa y a través de esta comercializaba las producciones para evadir el fisco y enriquecerse de manera ilícita.
En ambos hechos, concluyó la Contralora, se establecieron causas y condiciones como el deterioro de valores éticos, insuficiente control, fiscalización y supervisión por parte de los niveles correspondientes, deficiente cumplimiento de las normas más elementales del Sistema de Control Interno, y voluntarismo en la adopción de las decisiones relativas a la utilización de los recursos financieros.
Sobre el tema, el Presidente cubano, luego de dar la palabra a través de videoconferencia a las autoridades municipales y provinciales de los dos territorios implicados, fue enfático en la batalla que hay que enfrentar por la ética. Argumentó que sucesos de este tipo deterioran el ambiente moral y la credibilidad del Estado. Más allá de un asunto económico, se trata sobre todo de una cuestión ideológica, dijo.
La presentación de este punto se hizo en cumplimiento de una indicación del Presidente cubano referida a analizar en el Consejo de Ministros hechos específicos que promuevan la reflexión sobre actuaciones que están marcando una tendencia negativa, por el desvío de recursos financieros del Estado, el enriquecimiento ilícito y la organización de cadenas delictivas.
