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Zona en conflicto

Irregularidades en el procedimiento establecido para la entrega de terrenos complejizan la situación de decenas de familias decididas a construir con su propio esfuerzo una casa digna, a pesar de la voluntad del Estado para favorecer ese propósito

Autores:

Haydee León Moya
Lilibeth Alfonso Martínez

GUANTÁNAMO.— Si solo fuera un problema de forma, de arquitectura improvisada, de trazos precarios, de paredes levantadas con apuro, sin la estética que podría esperarse en casa nueva…, se pudiera entender en qué punto la necesidad pudo más.

Pudiera, incluso, aceptar que las personas que hace tres años recibieron terrenos para construir en una zona conocida como Ceprú, del consejo popular Sur-Isleta, en la ciudad de Guantánamo, tienen al menos la promesa de un espacio vital propio que antes simplemente no tenían.

Pero esa sería solo una parte de la historia.

Para contarla completa, habría que hablar del Centro Ecológico Procesador de Residuos Urbanos (Cepru), que ocupó alrededor de una hectárea desde 2000 hasta 2012. De las toneladas de basura que se enterraron allí donde hoy puede verse una comunidad viva.

Preguntarse y buscar respuestas a un encontronazo entre lo establecido y lo que realmente ocurrió, durante, incluso antes, del proceso de entrega de terrenos por Planificación Física, a casos aprobados por el Consejo de la Administración Municipal para construir viviendas con esfuerzo propio.

Y que tal tropiezo trocó, para mal, las buenas intenciones y prácticas de una política estatal que busca, en esencia, mejorar las condiciones de vida de la población en momentos en que ese asunto es una problemática mayor en el contexto social cubano y una prioridad en la agenda gubernamental de la Isla.

Y si algo más fuera preciso aclarar, hay que decir también que la del Ceprú no es una de esas comunidades nacidas de la práctica del «llega y pon», sino una autorizada, o por lo menos una que pudo ser completamente legal.

Hoy, además de la precariedad, reina en ese lugar la incertidumbre. Dicen los vecinos, por cierto organizados en dos Comité de Defensa de la Revolución que sí funcionan con todas las de la ley, que hace un año más o menos llegó el Instituto de Planificación Física (IPF) y mandó a parar. A detener toda acción constructiva porque los iban a reubicar. Tierra no apta para vivir sobre ella, dijeron.

Dicen que dicen…

«Aquí nadie se metió porque se metió. Pagamos el terreno y estamos autorizados. Así que si nos van a solucionar el problema, que lo hagan; y si no, que nos digan cómo va a acabar esta situación», dice Beatriz Dumoy Sánchez —en sus 50, mestiza—, como si fuera necesario recalcar lo que siente el círculo de vecinos congregados cuando alguien avisa que por allí andan dos periodistas.

Beatriz sigue hablando. No importa que no podamos decirle qué pasará con ellos ni devolverle su refrigerador, roto por segunda vez por los vaivenes de la tendedera gracias a la cual algunos más que otros pueden presumir de tener, al menos, electricidad.

Pero habla. Habla también de la cisterna. «Que no hay agua», le exige alguien y ella dice que sí, que incluso hay cisterna colectiva y la promesa de la delegada anterior de que Acueducto y Alcantarillado la abastecería con pipas, pero que eso nunca pasó.

¿Y la corriente? De eso hablan todos, los que hicieron su contrato en la oficina correspondiente de la Organización Básica Eléctrica —que son los menos—, y los que no. Que si una casa por allá se quemó por un cortocircuito. Que cuando llueve hay que desconectar porque es un peligro. Que uno está enganchado del cable, pero a veces nada funciona por el bajo voltaje. Que hay gente con su vivienda como árbol de navidad, pero otros —como ella, Juana Liranza Reyes— se pasan un siglo para hacer un vaso de leche para la niña que cría desde un día de nacida y pasó por una parálisis cerebral infantil, pero ya está mejor gracias a los cuidados médicos.

Estamos arriba. Decir arriba, en el Ceprú, es señalar lo que en tiempos del vertedero era una zona forestal y una chivera. De arriba es también Yolaisi Chaveco. Ella vive con su niña de 13 años, quien padece varias enfermedades. «Pero, dice ante todo la mujer, le pusieron una maestra que le da clases dos veces a la semana».

Esa circunstancia pesó para que el Gobierno municipal le aprobara un subsidio de 90 000 pesos, con el que compró —un día de noviembre del año pasado, en un punto de venta de materiales de la construcción—, «bloques, barras de acero, mosaicos, juego de baño, puertas, azulejos, cables para la electricidad. Este año adquirí, también por el Estado, el cemento».

Con eso construye. Lo hace a pesar de las advertencias del IPF, «porque además mientras ellos dicen que nos detengamos, cada semana funcionarios del Gobierno verifican lo hecho a pie de obra».

Otros tintes

Abajo, donde estaban la basura y el compost, la historia coge otros tintes, y otros olores. Y ahí también vive gente —profesores, licenciados, obreros, niños, ancianos, embarazadas…—, aunque Berta Ramírez Romero asegure que allí no se puede vivir, que la peste es insoportable y se ponga a desenterrar cosas con la punta del pie y saque pedazos de huesos, una mandíbula con dientes enormes, pomos, envolturas de comida… Y nos diga que eso es todos los días, cosa de barrer nada más para que empiece a salir basura. Que allí nunca encontraron suelo firme. Pero que lo peor son las moscas. Sobre la cama recién arreglada, sobre la comida, encima de la ropa, jugueteando libremente, como en sus casas.

A unos metros está Yamilka Durand Díaz, una joven con dos hijos, quien junto al esposo, trabajador por cuenta propia, levantó una casa estructuralmente fuerte y ya en etapa de terminación, donde todo luce celosamente ordenado y limpio. «Me dieron el terreno hace casi tres años a un costo de 1 664 pesos e invertimos más de 34 000», dice Yamilka y nos parece estar escuchando a otros que, como ella, no construyeron eso que llaman facilidad temporal, sino inmuebles de mampostería medianamente confortables con documentos incluidos.

Pero tiene sus temores: «Entre la falta de dinero y eso que dijeron en octubre del año pasado, que nos van a reubicar, tengo la construcción parada. Ahí está el juego de baño, demasiado caro para ponerlo en riesgo», comenta.

Ella no comprende muchas cosas. Cómo es posible, si la suya es una de las ocho viviendas con documentación, incluida una licencia sanitaria emitida por Higiene y Epidemiología que, asume, no tiene lógica si realmente el suelo estuviera contaminado.

Y otros «ruidos» en el ambiente

Todo el mundo en el Ceprú dice que fue el Citma el que primero mandó a parar. Y en el Citma provincial, Alexander Fernández Velázquez, especialista principal del grupo de regulación ambiental en la Unidad de medio ambiente, asegura que la entrega de esos terrenos comenzó de manera ilegal e inconsulta.

«Nos enteramos por una llamada telefónica anónima, en 2016. Visitamos el lugar y, efectivamente, había algunas parcelas asignadas sin nada construido», expresó el también miembro de la Comisión provincial de compatibilización de inversiones.

«En aquel momento alertamos mediante una carta a las autoridades municipales del Gobierno e IPF sobre los peligros de levantar un asentamiento poblacional en ese sitio, pero no pasó nada. Un año después seguían entregando parcelas sin las certificaciones correspondientes, sin garantía de servicios básicos…, y la gente comenzó a construir».

Entonces redactaron una segunda carta, remitida a las entidades provinciales. «Con más detalles sobre por qué no se debe construir donde antes hubo un vertedero con la tecnología de relleno sanitario. Esos lugares se dejan reposar entre 20 y 30 años y luego pueden dedicarlos a forestales, a un parque solar o a algo por el estilo, pero nunca a un asentamiento humano».

El especialista coincide en que, ciertamente, en la zona baja están los peores peligros, «pueden producirse accidentes por hundimiento del suelo, explosiones provocadas por acumulación de metano, y los procesos de descomposición pueden contaminar las producciones que crezcan allí y las fuentes de abasto de agua».

En el departamento provincial de Higiene y Epidemiología, el ingeniero Leandro Alonso Betancourt nos confirma, además de los riesgos mencionados, «la posibilidad de que se generen sustancias que afectan directamente la salud. Por eso detener las construcciones y mudar a las personas de ese ambiente es lo correcto».

En otra cosa coinciden los funcionarios de Salud y el Ministerio de Ciencia: no fueron consultados, como tampoco Acueducto y Alcantarillado y la Empresa Eléctrica, en flagrante violación del Decreto 327 de 2014, que dispone los procedimientos para el proceso inversionista.

Isabel Mayra Vinent Giró, directora municipal del IPF, responde a todo que es verdad. «Hay que reconocer que el barrio del Ceprú nació torcido. Cuando asumí el cargo ya se había iniciado la entrega de parcelas y yo continué el proceso, hasta que el Citma se quejó. Fue entonces que nos percatamos de que realmente no se tuvieron en cuenta a los organismos de consulta y algunos procedimientos establecidos para la aplicación del Decreto-Ley 322 —modificativo de la Ley No. 65, del 23 de diciembre de 1988, Ley General de la Vivienda—».

Nos habla de un estudio de suelos, porque está convencida de que no toda el área está contaminada. «El Gobierno solicitó el criterio de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA) de La Habana, y estamos esperando», aunque ni siquiera han tenido respuesta, reconoce.

Una esperanza que el especialista del Citma desmonta en parte. Para él la intervención de la ENIA es innecesaria a estas alturas, pues la prueba de contaminación es más que evidente. En todo caso, sugiere, se pudiera delimitar el área más peligrosa, la que está sobre el basurero y las más cercanas a este, especifica.

Aunque el IPF nacional no hizo distinciones cuando, en una visita a la provincia, dejó la indicación de detener la entrega de terrenos, reordenar a las personas en otra área e, incluso, identificar a los responsables.

Mientras tanto, la situación social del barrio de Sur-Isleta se complica «para las 129 personas con parcelas asignadas y pagadas, especialmente para las 84 familias que ya viven allí, incluidas las ocho que levantaron casas de mampostería», dice el joven delegado de la circunscripción, Leandro Sánchez Rodríguez.

Así, la incertidumbre y lo provisional se eternizan en el tiempo. Y viene la temporada ciclónica, y las familias, sobre todo las más cercanas al basural, temen por las inundaciones en ese suelo de relleno que no se ha compactado lo suficiente.

Porque la gran verdad es que todo es pérdida en esta historia. Pierde la gente, que invirtió sin poder invertir y es posible necesite seguir desembolsando lo que no tiene, y pierde el Estado lo que subsidió y mucho más si, mientras dura la espera, llegan a caer sobre la zona aunque fuera uno solo de los peligros que la rodean.

De eso, pensamos, era indispensable dialogar con otra fuente. Y allá fuimos. A la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Guantánamo, donde nos recibe en la oficina que ocupa desde hace ocho años, su presidente, Henry Rodríguez Terrero, acompañado de Carlos Manuel Cepeda, vicepresidente para atender el órgano de la Administración. 

Llevamos en el tintero varias preguntas que se han ido formulando a lo largo de este reportaje, aunque no siempre de forma explícita. 

—¿Qué se violó, qué falló en el Ceprú?

—Carlos Manuel Cepeda (CMC): Primero que todo, el proceso de consulta para entregar estas parcelas, especialmente la que debía hacerse con el Citma, debido al mal trabajo que se realizó desde el principio por el IPF.

«Ese mal trabajo se concreta con la aprobación de esa área por el Consejo de la Administración Municipal. Son años pasados, y en su momento se definieron responsabilidades individuales y se tomaron medidas, como la separación definitiva del director municipal del IPF del sistema del Poder Popular. También hubo problemas con el ordenamiento, con la parcelación».

—¿Cuáles son las perspectivas de solución para esas personas?

—Henry Rodríguez Terrero (HRT): Lo primero es que el IPF debe exigir que las personas cumplan las regulaciones aprobadas, porque la mayoría tienen una facilidad temporal, pero tienen que hacer la vivienda como se aprobó cuando se les entregó la parcela.

«Por su parte, el Consejo de la Administración debe hacer la evaluación urgente y definitiva con el Citma sobre las posibilidades reales de construir ahí. Si no se puede, hay que sacar a las personas y moverlas a los lugares que se están estudiando como áreas de desarrollo».

—¿Y eso cuánto tardará?

—CMC: Estamos esperando respuesta del análisis de uso del suelo para mover a las familias o aprovechar esa área con un tratamiento adecuado. No podemos decir exactamente cuándo será, pero hay que hacerlo con urgencia porque sabemos que hay gente que no ha podido avanzar debido a que el área está paralizada, y eso implica que se detuvieran el otorgamiento de subsidios y el inicio de la urbanización que, en los inicios, incluyó la electrificación de algunas casas y la instalación de una toma colectiva de agua.

«Lo que sí hay que hacer ya es determinar las áreas que tienen problemas y deben estudiarse y cuáles no, y trabajar en las que no tienen problemas, porque no todos caen en los límites de donde estaba el vertedero. Yo creo que en eso sí podíamos haber avanzado».

—¿Las áreas de desarrollo de las que se habla para reubicar a las personas, ya están en los planes de inversión?

—CMC: Todavía no están incluidas. Lo que estamos valorando es reubicar a la treintena de casos que a nuestro juicio están en la zona más peligrosa, en 69 espacios que ya están identificados en áreas urbanizadas dentro de la ciudad. Pero para eso también hay que esperar hasta que se consulte al Citma oficialmente.

—¿Qué sucederá con las personas que construyeron casas de mampostería con su dinero, si por fin las reubican?

—CMC: Hay que evaluar todas las variantes, si hay afectaciones para esas personas que se ubicaron allí por negligencia e irresponsabilidad de funcionarios, alguna solución hay que buscarles.

—Hay una situación ambiental dura, pero también social…

—CMC: La comunidad nació con problemas y hoy es la más compleja del territorio, por el ordenamiento del medio y por las limitaciones, tanto de documentación como de dinero, para que la gente pueda construir.

«Porque ahí se ubicó a las personas más necesitadas, pero también las de mayores dificultades económicas, muchas de las cuales aspiraban a un subsidio que no han podido lograr porque no tienen la documentación, y reconocemos que tenemos una alta responsabilidad en ese problema».

—¿Creen que se ha aprendido la lección?

—CMC: Lo que nos pasó en el Ceprú nos llevó a detener la entrega de terrenos, en general. Estamos decididos a cumplir con las exigencias de que tengan urbanización y que cuando las personas lleguen allí tengan las condiciones mínimas para construir.

Cuestión de Ley

Del Decreto-Ley 322, que establece las regulaciones para la asignación de terrenos:

—Son requisitos indispensables la existencia de facilidades urbanísticas mínimas que garantizan el buen funcionamiento del hábitat: accesibilidad a la parcela con un adecuado trazado vial y conexión al resto de la urbanización, posibilidad de conexión a las redes de abasto de agua, electricidad, comunicación, y en el caso del alcantarillado, al menos factibilidad de aplicación de otros tratamientos primarios de residuales.

—El terreno debe estar nivelado, desbrozado, con garantía de drenaje natural o soluciones infraestructurales para ello; y solucionados, según las Normas Cubanas vigentes, los servicios básicos, o en su defecto la garantía de solución dentro del proyecto de urbanización.

—Las direcciones provinciales o municipales de Planificación Física, a partir del Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano aprobado y los planes parciales elaborados, entregarán las zonas de construcción de viviendas a los presidentes y jefes, según corresponda, del Consejo de la Administración Provincial o Municipal, con dos años de antelación, para su inclusión en los planes anuales de inversiones.

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