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Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular. Autor: Omara García Mederos Publicado: 24/07/2021 | 09:12 pm
Investigar minuciosamente, con total apego a las prácticas que establece nuestra legalidad, es la principal tarea en la que se encuentran los órganos y organismos competentes, con el objetivo de que los procesos judiciales relacionados con los hechos del 11 de julio lleguen a término con total transparencia y justicia.
Así lo afirmó este sábado en conferencia de prensa Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, quien explicó que se protegen los derechos y garantías de todas las personas involucradas. «Se investiga desde la individualización de los casos, buscando pruebas y evidencias concretas que demuestren la participación o no en hechos delictivos, y el nivel de implicación que tuvo cada detenido».
Actualmente se avanza en la conformación del material probatorio de las causas, con el fin de que lo presentado a los tribunales pueda ser juzgado con firmeza y veracidad. «Nuestros jueces —personas muy preparadas y eficientes— actúan bajo un estricto Código de ética. Son seres humanos con distintas subjetividades, pero en cada caso, existen mecanismos de evaluación para que no se afecte la objetividad del proceso», dijo la Fiscal General.
Sobre la importante y necesaria comunicación con la familia, Peña Ojeda recalcó que esto constituye un derecho legítimo por parte de todos los detenidos, y que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con total disposición de atender cualquier duda, queja o insatisfacción que las personas deseen presentar, o para acceder a orientación oportuna.
«Contamos con diferentes canales para facilitar la comunicación de nuestro órgano con la población. Ya sea de manera presencial, vía telefónica, correo, portal web o redes sociales, nuestro personal estará dispuesto a dar una respuesta y a investigar cualquier irregularidad denunciada. Hasta el momento, relacionados con los últimos sucesos del día 11, hemos recibido más de 90 planteamientos», agregó.
La Fiscal General insistió en que se trabaja para que ninguna persona sea juzgada injustamente ni responda a una condena o sanción por un delito que no cometió. Dos semanas después de los disturbios, la investigación ha permitido adoptar decisiones procesales en los diferentes asuntos, por lo que ya hay personas que han sido liberadas porque se ha comprobado su inocencia, otras a las que se les han impuesto sanciones, multas o medidas administrativas.
En los días 11 y 12 ocurrieron delitos de desorden público, instigación a delinquir y a subvertir el orden constitucional, y también hechos de extrema violencia contra bienes, personas y autoridades.
Entre estos últimos, precisó Peña, están las causas en las cuales haya evidencias de que los ciudadanos organizaron, promovieron o financiaron los sucesos con mayor impacto en la seguridad colectiva y la tranquilidad de la nación.
A partir de su connotación, estos conllevan una investigación más profunda en los expedientes de fase preparatoria. A algunas de las personas que incurrieron en delitos más graves se les ha impuesto la medida cautelar de prisión provisional.
Acotó que ese órgano, desde el cumplimiento de sus funciones, garantiza que todos los ciudadanos sean respetados, lo cual es aplicado en cada proceso, incluso los solucionados en un menor lapso de tiempo. De igual manera sucede en los casos ya juzgados, los cuales tienen derecho a apelar a los tribunales de segunda instancia.
La Fiscal General de la República puntualizó que las sanciones impuestas estarán en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República, y que se actuará con severidad en los casos de mayor gravedad que hayan atentado contra la seguridad colectiva.
Tribunales cubanos responden a la justicia
Yamila Peña Ojeda, fi scal general de la República.Foto:Omara García Mederos/ACN.
Por su parte, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, explicó que los tribunales en Cuba funcionan con total independencia, según lo establecido por la Carta Magna, por lo que solo responden a la justicia y la obediencia a las leyes.
En ese sentido, se refirió a publicaciones en redes sociales, medios de comunicación u otros espacios que intentan desacreditar la imparcialidad de los procesos judiciales en Cuba. Nuestra máxima es asegurar que todos los juicios —relacionados o no con el 11 de julio— se lleven a cabo con toda la justicia necesaria, manifestó.
El letrado desmintió que haya existido una avalancha de procesos judiciales tras los disturbios. Hasta el momento solo han llegado a los tribunales
municipales 19 procesos que involucran a 59 personas acusadas de cometer presuntos delitos. En estos casos aún se mantiene la revisión, por lo que no han llegado a una sentencia firme.
Indicó que son juicios orales y públicos, a los que pueden asistir familiares o personas interesadas, siempre teniendo en cuenta las restricciones sanitarias derivadas de la
COVID-19. No son procedimientos sumarísimos, sino que se han realizado en un menor espacio de tiempo teniendo en cuenta el nivel de implicación en los hechos de los acusados. Todos han sido juzgados de manera individual, respetando la legalidad, el principio de presunción de inocencia y el derecho a un abogado, recalcó.
«Actualmente no contamos con un número exacto de personas detenidas o liberadas», comunicó Remigio Ferro, quien agregó que para las personas menores de edad no existe procesamiento penal, sino un tratamiento especializado de orientación y formación reeducadora. En la edad comprendida entre 16 y 18 años —que ya tienen edad para responder ante tribunales— también se ponderan tratamientos diferenciados.
«Pensar diferente, cuestionar la realidad y expresarse libremente no constituyen delitos, por lo que ninguna persona será juzgada por tales acciones. Siempre se presentarán evidencias que demuestren el porqué de las sanciones impuestas», destacó.
Acompañamiento legal
En los tribunales cubanos se respeta el derecho de los acusados a contar con la representación y asesoría de abogados, y así se ha mantenido también en estos casos, acuñó Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
«Contamos con un personal altamente calificado, que conjuga experiencia y juventud. El derecho a contar con su acompañamiento no ha sido violado, por lo que nuestros abogados han respondido con respeto y profesionalidad ante cada proceso. En algunos casos hay detenidos que han decidido prescindir de ese servicio», indicó.
Tanto para aclarar dudas, brindar información legal u otro tipo de necesidades, se ha podido contar con asesoría legal de nuestros letrados, que se han relacionado también con las familias interesadas.
Las investigaciones penales en Cuba tras los sucesos del 11 de julio han estado y estarán en consonancia con los estatutos legales del país, siempre velando por la imparcialidad y las buenas prácticas. De haber alguna violación o irregularidad en los procesos, estas serán debidamente analizadas y se tomarán las medidas pertinentes.
