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El movimiento estudiantil y el gremio magisterial de Chile convocaron a un nuevo calendario de movilizaciones en defensa de un sistema de enseñanza pública y gratuita a partir del próximo mes, informa PL.
Como propuesta central de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores este fin de semana trascendió la convocatoria a un paro nacional el 28 de agosto, focalizado en la exigencia de una carrera profesional docente universal que sea un aporte a la calidad de la enseñanza.
Sin embargo, la primera acción movilizativa de los maestros tendrá lugar el viernes 10 de agosto con la entrega masiva a las autoridades nacionales y regionales de un documento con propuestas consensuadas en unas 700 instituciones educativas.
Posteriormente el gremio se sumará a una demostración el martes 14 de agosto, ideada por las aquí llamadas educadoras de párvulos en rechazo a un decreto gubernamental que modifica las condiciones laborales de ese sector.
Asimismo la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) declaró que proyectan actividades en las universidades el 4 de agosto en homenaje a Manuel Gutiérrez, el adolescente que murió baleado por un Carabinero en una manifestación el pasado año.
Anunció la Confech, que agrupa a una treintena de federaciones estudiantiles universitarias, que se suman además a la movilización nacional del próximo 8 de agosto convocada por el estudiantado de la enseñanza media contra el lucro en la enseñanza.
Tenemos la convicción de que la educación es un derecho universal, subrayó la agrupación estudiantil en un comunicado circulado este domingo.
Señaló la declaración que el gobierno se ha mostrado indiferente ante las demandas de los estudiantes. «Han elegido hacer oídos sordos, planteando tímidas aspirinas que en lugar de hacerse cargo del problema central -la reducción de la educación a un bien de consumo-, lo eluden».
La Confech criticó fuertemente el rechazo de la Cámara de Diputados a un informe probatorio del lucro en la educación, en sesión parlamentaria el pasado viernes.
Fundamentaron que esa postura ahonda la crisis de legitimidad de las instituciones y demuestra la colusión entre políticos y empresarios para ocultar y mantener impune el lucro en el sistema educacional, lo que constituye un delito.
