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Uruguay define continuidad o cambio. Autor: A. Parkinson/NPL Publicado: 21/09/2017 | 05:56 pm
Cuando falta exactamente una semana para que Uruguay acuda a las urnas y elija a su nuevo Presidente, el panorama todavía no está del todo claro. Las encuestas se han inclinado de manera equilibrada hacia el tercer mandato del oficialista Frente Amplio, aunque dicen que nunca lograría la victoria en primera vuelta.
El domingo 26, el pueblo oriental también deberá definir un nuevo Parlamento, elección que se augura compleja ya que el sistema comicial de esa nación sudamericana permite que cada partido pueda presentar varias listas de candidatos al Senado y la Cámara de Representantes.
El oficialista Frente Amplio (FA) lleva como candidato a su líder, el ex presidente Tabaré Vázquez (2005 a 2010), blandiendo como principal arma un importante crecimiento en el país y se enfrenta al representante del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou, seguido por Pedro Bordaberry, del Partido Colorado (PC).
El legado de Mujica
Famoso por llamar las cosas por su nombre, sin tapujos ni miramientos, y por su extrema austeridad, José «Pepe» Mujica culmina sus cuatro años al frente del Gobierno uruguayo gozando de un 56 por ciento de aceptación popular —según últimas encuestas— y siendo un referente de la izquierda latinoamericana y actor importante en la transfiguración integracionista que hoy renace en la región.
Activo en la política nacional desde la década de los 60, Mujica describe al Frente Amplio como una fuerza política libre pensadora y una de las claves de su identidad es la capacidad de mantener siempre la unidad, con un permanente intercambio de opiniones e ideas entre todos los sectores que lo componen.
Setenta y nueve años de edad no son razones para que el ex guerrillero tupamaro cuelgue los guantes y se vaya a descansar a su chacra. Luego de las elecciones, Mujica aceptó postularse para senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP), el grupo político integrado en la coalición gobernante Frente Amplio que lideró por muchos años antes de ser elegido Presidente.
Según dice, el Parlamento que surgirá de estos comicios generales tendrá una difícil composición que complicará las tareas del Gobierno y en ese escenario podría ayudar a obtener consensos. «La principal prioridad y una de las razones más importantes es que entiendo que va a haber dificultades en el funcionamiento del sistema y que se necesita mucha capacidad de negociación y un espíritu de tratar de lograr amplios consensos, o por lo menos parciales», ha advertido. «Allí estará mi lugar para ayudar al próximo Presidente de los uruguayos», añadió.
No obstante los logros durante su mandato, en los últimos meses se ha visto algo enturbiada esa gestión luego del anuncio de acoger en el país a un grupo de seis presos que Estados Unidos mantiene de manera ilegal en la Base Naval de Guantánamo, territorio cubano usurpado, con el objetivo de contribuir al cierre de esa prisión estadounidense y darle una solución humanitaria a esos reos que están en condiciones irregulares.
También arribarán próximamente algunas familias de refugiados de la guerra en Siria. Este segundo contingente no ha sido motivo de debate, ya que Uruguay tiene una tradición de asilo humanitario que permanece invariable a pesar de los cambios de Gobierno, pero el posible arribo de los prisioneros de Guantánamo ha puesto en aprietos al Frente Amplio.
Aunque Mujica anunciara hace una semana que no se decidirá absolutamente nada hasta después de los comicios, la situación ha venido como anillo al dedo a los partidos opositores para fomentar polémica y sembrar en la población sentimientos en contra del FA, si bien aún no se documentó un acuerdo entre Uruguay y Estados Unidos para concretar la decisión.
El diario norteamericano The New York Times había informado, hace unas semanas, que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al Presidente uruguayo para pedirle que recibiera a los prisioneros lo antes posible, a lo que se negó, aduciendo que no era el momento político adecuado para hacerlo.
En el escenario de la contienda
Negado sistemáticamente a confrontarse con los otros candidatos durante la reciente campaña electoral, Tabaré Vázquez, de 74 años, pide a los uruguayos confiar en las políticas de Gobierno que propone para optimizar los servicios en el país.
Médico especialista en Oncología, Vázquez fue el primer presidente de izquierda que tuvo Uruguay desde que proclamó su independencia en 1825. Llegó al cargo en 2005 con 65 años y terminó su mandato en 2010 con casi un 80 por ciento de aprobación y siempre se le reconoció capacidad de gobierno y de gestión.
Para definir la política económica y de cara a las próximas décadas y apuntalar el desarrollo del país, Tabaré Vázquez se compromete a aplicar políticas que lleven al crecimiento, generando riqueza y distribución con justicia social, y continuar la gestión de su antecesor.
Al resto de los partidos y fuerzas políticas, el dirigente frenteamplista llama a establecer un gran diálogo nacional en economía o en infraestructuras, así como conseguir pactos en caso de que su partido no cuente con la mayoría parlamentaria suficiente para legislar.
Del otro lado y enfrentado a candidatos de más edad, Luis Lacalle Pou; del Partido Nacional (PN), de 41 años, ha hecho de su juventud un arma importante vendiéndose como un as de modernidad para un país en pleno crecimiento económico. Ha convertido su juventud en el símbolo de algo totalmente nuevo, aunque procede de la más rancia y larga tradición del Partido Nacional (centro derecha), pues es hijo y bisnieto de gobernantes.
Este abogado, adulado por las televisoras privadas, tiene a sus espaldas 14 años de trabajo parlamentario. Fue elegido tres veces diputado, en 2011 se convirtió en presidente de la Cámara de Diputados ante la atenta mirada de su padre, el ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y de su madre, la ex senadora Julia Pou.
El candidato del Partido Colorado, el senador derechista Pedro Bordaberry, ha fomentado como eje central de su campaña política el tema de la seguridad ciudadana, lanzando críticas al oficialismo por la supuesta inseguridad que reina en el país y para ello usa como caballo de batalla un referéndum sobre este particular que los uruguayos aprobarán o no también este 26 de octubre.
Esa consulta es auspiciada y promovida también por el ex presidente y senador del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, y pretende dar visto bueno a la polémica intención de bajar la imputabilidad penal en Uruguay de los 18 a los 16 años.
No pocas opiniones negativas ha despertado el proyecto de reforma para casos de homicidios, lesiones graves, rapiñas, extorsión, secuestro y violación, entre otros delitos y que, además, aspira a mantener los antecedentes de los menores que hayan delinquido cuando estos cumplan 18 años, además de crear un instituto de rehabilitación penal específico para menores.
Muchos marcan como un retroceso en el país la posible aprobación de la medida. La relatora sobre Derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortiz, calificó como nefasta la intención y afirmó que juzgar a niños como adultos es un contrasentido y una regresión en los derechos humanos.
Al calor de una creciente preocupación en el país por la seguridad y después de una serie de violentos crímenes que involucraron a menores de edad, la iniciativa recabó en 2012 más de 350 000 firmas entre los ciudadanos para pedir que se plebiscitara, tal y como recoge la legislación uruguaya. No obstante, buena parte de la población, reticente a la medida, opina que si se busca extinguir la violencia de la sociedad, es preciso apostar sobre todo a la prevención. Apostar a una política de mano dura ha demostrado a lo largo de la historia que solo sirve para profundizar la violencia, aseguran.
Sondeos llevados a cabo en el país apuntan a que el 72 por ciento de los votantes del Frente Amplio rechazarían esta medida, mientras que la aprobarían el 74 por ciento de los del Partido Colorado y el 68 por ciento de los del Partido Nacional, promotor de la medida. Esas cifras implican que probablemente la reforma no será llevada adelante, ya que para ser aprobada requiere del apoyo de más del 50 por ciento de los votos emitidos.
La respuesta decisiva la darán las urnas el domingo 26, en la misma jornada en la que, casualmente, en el gigante vecino, Brasil, se dirime en segunda vuelta la presidencia entre la actual mandataria, Dilma Rousseff, y Aécio Neves.
En el caso uruguayo, de no completarse los números de más del 50 por ciento por alguno de los candidatos, el 30 de noviembre habrá balotaje y entonces, el candidato que consiga la mayoría simple será investido como Presidente el 1ro. de marzo del próximo año.
Muchos apuestan a que es factible, en lo comicios de estos dos países vecinos, la continuidad de sus actuales Gobiernos progresistas.
