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Los miembros de las FARC-EP estarán en los campamentos de las zonas veredales hasta el 1ro. de agosto. Autor: AFP Publicado: 21/09/2017 | 06:59 pm
Mientras en la localidad de Mesetas, el martes 27, las FARC-EP entregaban simbólicamente los últimos cinco fusiles en su poder, más de mil guerrilleros en huelga de hambre en las cárceles constituían un trasfondo silencioso pero hablante del trascendente acto.
Puede decirse que el mundo contempló, satisfecho, las escenas de la ceremonia durante la cual los jefes del Gobierno, Juan Manuel Santos, y del movimiento insurgente, Timoleón Jiménez, volvían a estrecharse las manos.
Ciertamente había razón por el júbilo. Se trataba de un paso relevante en la materialización de los Acuerdos de Paz firmados en noviembre pasado en La Habana. Y aunque para quienes miren la guerra superficialmente aquello fuera el fin de todo, resulta justamente lo contrario. Lo cierto es que ahora todo comienza.
En el lapso de menos de un mes y por medio de tres sucesivas entregas, 7 132 armas individuales fueron puestas por los guerrilleros en manos de la misión verificadora de la ONU. Ha sido un paso valiente de las FARC-EP que demuestra también no solo la inamovilidad de su apuesta por la paz, sino su confianza en los Acuerdos. En virtud de esa misma confianza en lo pactado, las FARC-EP están en capacidad de exigir su total cumplimiento.
Eso es lo que patentiza la huelga de hambre de más de mil guerrilleros aún en prisión, a quienes se sumó el miembro del Estado Mayor de la guerrilla y de la comisión negociadora de los Acuerdos, Jesús Santrich, en una actitud solidaria que también podría interpretarse como respaldo de la dirigencia a quienes protestan.
La medida de presión es comprensible. A seis meses de aprobarse la Ley de Amnistía mediante la cual unos 3 000 de ellos debían haberse liberado, solo poco más de 800 se han beneficiado de la medida, mientras a 900 no se les ha acreditado para ello.
Todo indica que no se trata siempre de inacción del ejecutivo, cuyo titular corrió contra el tiempo a fines del mes pasado para dejar instalados en el Congreso mediante decreto —y antes que este se le venciera— la mayor cantidad de leyes necesarias para implementar los aspectos principales de los Acuerdos.
Según Colombia plural, un sitio web alternativo, en el caso de los guerrilleros en la cárcel se han denunciado controversias jurídicas en la interpretación de la Ley por parte de los jueces, lo que ha generado retrasos y negación de la amnistía. Y cita a la Coalición Larga Vida a las Mariposas (una red de organizaciones que defiende a los prisioneros políticos), cuando concluye en un informe al respecto: «Identificamos una grave omisión de la ley y barreras de acceso a la justicia por parte de jueces y fiscales».
La situación puede servir para ilustrar, tal vez, la génesis de algunos de los escollos vividos en los escasos meses de implementación de los Acuerdos y cuando, ya sin armas (solo han quedado 700 caletas para la seguridad de sus campamentos) los guerrilleros y milicianos acantonados en las austeras (y casi ninguna bien provista) 26 zonas veredales que les acogen en este período de transición, deben estarse alistando para su paso a la vida civil y la lucha política.
Lo hecho… y lo por hacer
No es poco lo que se ha avanzado, ni menos lo que falta por caminar en torno al resto de esos postulados que no tienen que ver con el desarme: la medida más visible de cara a la paz, la que «más ruido hace», pero no la definitoria para garantizar la paz estable y duradera. Hablo de esos débitos sociales vinculados con las causas que dieron origen a la guerra, y que como tal son reconocidos en el texto firmado en La Habana.
Entre los aspectos que ya han sido recogidos en la ley (aunque todo indica que muchos necesitarán todavía otras legislaciones) figuran algunos relacionados con la Reforma Rural Integral, como su ya aprobado Fondo Nacional de Tierras; la creación del programa de Reincorporación Económica y Social que brindará a los desmovilizados las prestaciones económicas y de seguridad social necesarias para reintegrarse a la sociedad; el que establece el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, encargado de implementar lo que atañe a garantías para la reconciliación, la tolerancia, y la no estigmatización; la responsabilidad estatal en la sustitución de los cultivos ilícitos, y otros relacionados con educación, vivienda, empleo, electrificación…
Pero quedan sin implementarse aspectos sustanciales recogidos en el abarcador y explícito texto de los Acuerdos, como los que tienen que ver con las garantías para los movimientos y organizaciones sociales, aspecto recogido en el punto referido a Participación ciudadana, y donde hay tanto que hacer en un país en el cual, entre enero del año pasado y febrero de este, se ha denunciado el asesinato de 120 de sus líderes y activistas.
Es ese un escenario al que aludió en su discurso de Mesetas el líder de las FARC-EP y que preocupa cuando, si todo marcha como debe ser, los propios combatientes desmovilizados estarán pronto entre esos líderes sociales, y también entre los políticos.
La seguridad de los ya casi exguerrilleros cuando se integren a la vida civil y política se recoge igualmente en el texto de paz y necesita ser materializado, así como la lucha «contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo (…)».
Es este último un fenómeno vinculado a la contrainsurgencia que ha abonado con creces la violencia en Colombia y al que hay que poner coto, cuando se denuncia la presencia de miembros de esos grupos armados en las zonas que estaban en poder de la guerrilla.
De inmediato
Entre lo pendiente, y junto con agilizar la aplicación de la Ley de Amnistía, urge delimitar las funciones de la Jurisdicción Especial de Paz, que ya está establecida en ley, pero a la que le falta afinar detalles de sus funciones, y donde se dirimirán los casos de guerrilleros y militares que se considere hayan cometido delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, los debates pueden ser lentos en el Congreso, donde los albores de la campaña con vistas a los comicios presidenciales de mayo del año que viene están atrapando el interés de los parlamentarios.
Según comentó estos días el diario El Tiempo, lo que resta a la implementación normativa de los Acuerdos quedará ya para el semestre legislativo que abre el próximo 20 de julio.
Las dificultades halladas por Santos para hacer pasar la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz, que representarán la misma cantidad de nuevos escaños en la Cámara para representantes de las localidades donde el conflicto ha sido más intenso, fue difícil y quedó pendiente.
Ello, dijo el comentarista, indica que para acabar de implementar lo pactado, Santos tendrá que «emplearse a fondo». Sin contar que hace rato el tema de la paz es material de campaña electoral para la derecha reaccionaria encabezada por Álvaro Uribe.
Son mujeres el 44 por ciento de los 7000 combatientes que esperan para su inserción en la vida civil.
Fechas clave para las FARC-EP
10 de julio.— Se inicia la segunda misión de la ONU para los procesos de reincorporación, como solicitaron el Gobierno y las FARC-EP, y ya confirmó Naciones Unidas.
31 de julio.— La misión de la ONU concluye la extracción de armas (por el momento en las zonas veredales) y con la expedición del certificado grupal terminará formalmente el proceso de dejación. Solo a partir de entonces el grupo podrá formar partido político.
1ro. de agosto.— Se acaban las zonas veredales y se inician procesos de capacitación y reincorporación de los excombatientes.
Agosto.— Mes fijado para el Congreso, donde las FARC-EP definirán nombre, estatutos y mecanismos de participación (política).
De agosto a noviembre.— A más tardar en noviembre se inscribirá el partido y las FARC-EP empezarán a recibir financiamiento. Serán 3 565 millones.
Del 11 de noviembre al 11 de diciembre.— Las FARC-EP, ya como movimiento político, deberá presentar candidatos para participar en las elecciones al Congreso.
11 de mayo de 2018.— Participan en las elecciones al Congreso. Las FARC-EP tienen asegurados cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara.
27 de mayo.— Día de las elecciones presidenciales. No se sabe si las FARC-EP van con candidato único, como coalición o si no participarán. (Tomado del diario El Tiempo de Colombia)
