Por qué es preciso estar con Lula

Si el propósito de encarcelar a Luiz Inácio Lula da Silva hubiera sido, únicamente, evitar su participación en las últimas elecciones brasileñas y su esperada vuelta al poder, la injusticia que lo mantiene en prisión ya habría cesado.

Pero la maniobra concretada a partir de su ilegal detención rebasa el deseo de cercenar ese negado retorno a la presidencia. Se trata de convertirlo en cadáver político y de meter en el mismo féretro al PT (que es lo mismo que decir la izquierda política brasileña) mientras, de paso, se mantiene a las masas quietas y se asegura el paso feliz por el Gobierno de un ultrarreaccionario como Jair Bolsonaro, para que materialice el giro y destroce a Brasil tranquilo y a sus anchas.

Las pretensiones que se quieren garantizar con el encarcelamiento de Lula cruzan, incluso, las fronteras nacionales.

Manteniendo a buen recaudo a la nación más poderosa del sur americano por su extensión y riquezas naturales (exceptuando o equiparándola solo con Venezuela) también se termina de desarticular lo que la región había avanzado en independencia e integración, con el respaldo de parecidos «pasos en falso» dados por los electorados en otras naciones.

Con Colombia, Chile, Paraguay y Argentina también en la rotunda derecha neoliberal; Venezuela agredida y todavía en el colimador del no logrado golpe de Estado, y Ecuador en un desempeño político de dudosa inclinación, ha sido fácil dar el tiro de gracia que se propinó a la Unasur con la fundación de ProSur (más bien podría llamarse «proNorte»), mientras al Mercado Común del Sur (el Mercosur) se le tuerce el rumbo hacia su original y corto destino de mera unión arancelaria.

Todo ello estará, probablemente, en las motivaciones de los millones de personas convocadas para manifestarse en más de 35 puntos del planeta hoy —y en días subsiguientes— en demanda de la liberación de Lula, cuando él cumple un año preso en la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.

Pero los razonamientos y las pasiones de quienes sufren en carne propia la injusticia ejercida contra ajenos, deberían inundar también a los otros muchos millones que no marcharán este domingo para enarbolar su inocencia.

Quizá haya logrado engañarlos ese lawfare o judicialización de la política de que es víctima el expresidente más popular del país: una manipulación de las mentes con brazo más largo que el de los grandes medios o las fake news de las redes sociales, convertidas aquí solo en instrumentos de un monstruo mayor: la justicia politizada.

Ensañamiento

En estos largos y agitados 12 meses apenas se le han permitido visitas como no sean, casi únicamente, sus abogados, que denuncian «una cacería judicial».

Solo el fallecimiento de su pequeño nieto logró que le dejaran salir unas horas para despedirlo. Unos días antes se le había impedido dar el último adiós a su hermano mayor, con lo cual la impudicia judicial, que ya le castiga inmerecidamente, ahondó las penas que le ha causado la muerte: un resorte del destino que también parece ensañarse con Lula.

Ocurre ahora como cuando perdió la vida su esposa Marisa, en febrero de 2017, por un accidente cerebrovascular en pleno apogeo de las varias causas incoadas contra el líder popular, en el marco sucio de la operación Lava Jato: «(Los ataques) no han dado tregua ni en las horas de luto», comentó entonces una cronista del diario español ABC.

Las más recientes decisiones de los estamentos que instrumentan la justicia brasileña, corroboran que no hay idea de darle un respiro. Por el contrario.

Median enormes violaciones en la condena por su supuesta posesión turbia de un apartamento en Guarujá, que no se tomaron en cuenta para concederle el habeas corpus: no se respetó el derecho que tiene cualquier acusado a permanecer en libertad hasta que se agoten todos los recursos de la defensa o se compruebe su culpabilidad, principio plasmado en el Artículo V de la Constitución de Brasil como «presunción de inocencia».

Y se le impuso de manera tecnocrática la prisión cuando, como es el caso, el acusado ha sido condenado en segunda instancia, algo que hizo el Tribunal Regional Federal de la IV Región al aumentar, además, su pena a 12 años, una vez que ya el manipulador juez Sergio Moro lo había condenado a nueve.

Tampoco se ha tomado en cuenta la votación de la Sala Constitucional al considerar no procedente, después, la declaración premiada: testimonios orales usados como pruebas, que se obtienen de los acusados a cambio de rebajas en sus propias condenas. Con base en tal tipo de alegatos han transcurrido este y casi todos los procesos de Lava Jato, que presuntamente juzga los casos de corrupción en torno a Petrobras. Pero esas improcedencias no importan.

Por si fuera poco, apenas en febrero se dictó contra Lula una nueva condena por supuestos delitos, tampoco probados, de lavado de dinero y corrupción pasiva, con base en alegados arreglos a otra vivienda que no es de su propiedad, pero cuyo uso le fue cedido a Lula por un tiempo en el año 2010. A cambio de las obras en el inmueble, se le acusa de haber beneficiado con nuevos contratos en el gigante petrolero a las empresas OAS, Schain y la tristemente famosa Odebrecht.

Cierto que el breve encarcelamiento por dos veces del derechista Michel Temer, sustituto de Dilma Rousseff después del impeachment que la depuso, y las diez causas abiertas ahora contra él, invitan a pensar que la presunta fiebre anticorrupción que barre en Brasil y en casi todas partes de América Latina, tiene visos honestos.

Pero entre unos y otros hay insalvables diferencias. Un interesante y breve dosier de lo que ha representado Lava Jato para Brasil, publicado por el sitio web Perfil.com, anota que se han emitido en su contexto 155 condenas que totalizan ¡2 242 años de prisión!

Y en parte lleva razón el columnista cuando afirma que «más allá de miserias personales —que las hay—, lo que está siendo juzgado es un sistema, una forma de hacer política».

Pero, ¡cuidado! porque no se les juzga a todos en la misma condición ni se satanizan todos los sistemas.

Mientras a Lula se le condena por dos causas sin contarse absolutamente con alguna evidencia —la supuesta posesión del apartamento en Guarujá solo «reza» en la declaración premiada de Leo Pinheiro, dueño de la constructora OAS—, contra Temer hay pruebas acumuladas durante 40 años de ejercicio en la política. Sin embargo, el sistema no funciona igual para los dos.

A Lula se le impide la libertad condicional y el derecho a un juicio justo. Temer, acusado por cobro de sobornos en los que se involucran más de 500 millones de dólares malversados, podría quedar amparado por la reciente decisión de la Corte Suprema de que, cuando un acto corrupto tenga implicaciones en una campaña electoral, será dirimido por las autoridades electorales.

Y la justicia electoral no encarcela.

Conspiración

Pero quedan aún jugadas más podridas que conectan con los ya sabidos nexos entre Moro, ahora ministro de Justicia, y Estados Unidos, país donde se formó en talleres ofrecidos por el Departamento de Estado —razón por la cual algunos le vinculan con la CIA—, y en los tiempos en que, según las develaciones de WikiLeaks, Dilma era espiada, precisamente, desde Washington.

No resulta un apunte menor que tres años más tarde la mandataria fuera demovida mientras Moro ponía en vigor recetas que fueron temario de aquellos cursos, tales como consolidar el «entrenamiento bilateral» (entre Estados Unidos y Brasil) para la aplicación de la ley; y «asegurar entrenamiento a jueces federales y estaduales en Brasil para enfrentar el financiamiento ilícito de conducta criminal», según dio a conocer el diario Brasil de Fato, en atención a documentos desclasificados.

La revelación de tales entuertos la hizo el periodista carioca Luis Nassif y fue divulgada por el propio Lula en su más reciente carta pública: existe un acuerdo «ilegal y secreto» entre los fiscales de Lava Jato, la 13ra. Corte Federal de Curitiba, el Gobierno de los Estados Unidos y Petrobras, por un importe de 2,5 mil millones de reales.

«A cambio de esa fortuna, la Lava Jato se comprometió a entregar al extranjero los secretos e informaciones estratégicas de nuestra Petrobras», denunció el exmandatario en su misiva.

En su artículo Cómo fue montado el golpe del siglo contra Petrobras, Nassif detalla que el acuerdo conllevó una «investigación interna minuciosa» en Petrobras y el «compartimiento proactivo en tiempo real de hechos descubiertos» durante la investigación, así como intercambio de información,«facilitando entrevistas e informaciones de testigos extranjeros y recogiendo, analizando y organizando voluntariamente voluminosas evidencias e informaciones para el Departamento de Estado en respuesta a solicitudes, incluyendo la traducción de documentos claves».

También en el sitio GGN, Cintia Alves ha denunciado la existencia de un denominado fondo de inversión que será manejado por el Ministerio Público de Brasil, «fruto de la asociación nebulosa entre los fiscales de Curitiba y Estados Unidos. Probablemente —dice— la misma que Sergio Moro intentó preservar de los focos de los medios durante el juicio de Lula. (… Él) evitó cualquier aclaración sobre lo que los colaboradores premiados por Lava Jato contaron a las autoridades estadounidenses».

Como se ve, el arbitrario encierro del expresidente brasileño tiene hilos bien definidos que parten del Norte. ¿Hace falta más para probar que es víctima de una conspiración política salpicada de dinero?

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana