16
En la misma puerta del penal de La Picota, el exguerrillero volvió a ser arrestado por orden de la Fiscalía. Autor: Colprensa Publicado: 18/05/2019 | 09:39 pm
EL viacrucis por el que transita el proceso de paz en Colombia está ante el peor escollo de sus escasos casi tres años de existencia.
El reapresamiento del excomandante guerrillero Jesús Santrich cuando se cumplía la orden de liberación emitida por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), no solo muestra un espíritu revanchista de parte de la ultraderecha que resulta incongruente con la convivencia pacífica; además, desmoraliza y virtualmente entierra a esa instancia judicial, piedra angular para la implementación de los Acuerdos.
La extradición de Santrich a Estados Unidos —contra la que se pronunció la JEP— vuelve a ser una amenaza luego de una «liberación» el viernes que solo duró tres minutos pues, en la misma puerta del penal de La Picota donde estuvo confinado por más de un año, el exguerrillero volvió a ser arrestado por orden de la Fiscalía, que alega ahora poseer pruebas no aportadas antes a la Jurisdicción Especial, a pesar de que esta las pidió y, ante cuya ausencia, falló a favor de la inmediata liberación.
Un video donde se muestra a Santrich con personas no identificadas en diálogo donde presuntamente se habla de «hectáreas» y «millones», es la única prueba con que se cuenta hasta hoy para acusar al reo de haber negociado la introducción a EE. UU. de diez toneladas de cocaína después de suscrita el acta de paz.
La filmación ha sido calificada de montaje y chapuza. Amén de que con ella no se prueba el alegado intento de narcotráfico, era crucial especificar la fecha de la supuesta cita pues, según lo pactado, la JEP solo juzgará los crímenes cometidos antes de la firma de los Acuerdos. Pero el momento en que la alegada reunión ocurrió, tampoco pudo comprobarse.
Los exámenes practicados al reo en el hospital al que debió trasladársele inmediatamente después de la «recaptura» —y en el que lo destinaron a cuidados intensivos—, arrojaron «síndrome mental orgánico o delirium», según el certificado publicado por un periodista de derecha y, aunque dice debía descartarse «posible intoxicación exógena» ordenó, entre otras disposiciones, un «examen toxicológico completo». Santrich presentaba también lesiones con arma blanca en los antebrazos que presuntamente él mismo se infligió en su celda.
El suceso ha provocado la entendible remezón política en un país donde, unas horas antes, los defensores de la paz aplaudían la decisión de la JEP y la consideraban un paso a favor de los Acuerdos y de la soberanía colombiana mientras, por otro lado, se ufanan ahora los enemigos del proceso, entre ellos las autoridades que habían adelantado la disposición de impedir que se cumpliera el dictamen.
Deben contarse entre estos el ya ex Fiscal General, Néstor H. Martínez, quien renunció al conocer el fallo de la JEP y lo calificó como «un desafío a la Constitución y al orden jurídico», al tiempo que exhortaba a la ciudadanía a movilizarse; el propio presidente Iván Duque, quien es la expresión en el poder de la animadversión a lo pactado, y al exmandatario Álvaro Uribe, quien siempre apostó por una conclusión a la guerra por la vía militar que doblegara y humillara a la insurgencia.
Y también debió hallar aplausos en la Embajada de EE. UU. en Bogotá, que se había manifestado disgustada con la liberación. Sin contar lo que estarán pensando ahora en Washington.
La reunión que a la hora de redactar estas líneas sostenía la dirigencia del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (donde están los miembros de la otrora guerrillera FARC-EP), fue dada a conocer por su líder Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, y expresaba la gravedad del momento.
«No paran las puñaladas a la paz, con odio hacen trizas lo acordado... Con dignidad y esperanza recompondremos y construiremos el país del futuro; ese que le pertenece a la reconciliación y a la generación de la paz», escribió Timoshenko en su cuenta en Twitter.
Los acontecimientos están enmarcados en un entorno que ya tenía en crisis la credibilidad y la salud de la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos en La Habana en agosto de 2016, y ratificados luego en la colombiana Cartagena de Indias, en las postrimerías del mandato del expresidente Juan Manuel Santos.
La amenaza de que otros exlíderes guerrilleros fueran reclamados y enviados, sin más pruebas, a EE. UU., generó un ineludible sentimiento de inseguridad entre los desmovilizados, y de frustración entre todos quienes creyeron en que ambas partes respetarían el pacto de caballeros que, además, debería ser compromiso de Estado. Mientras, siguen los asesinatos entre los 7 000 guerrilleros que con confianza entregaron las armas, y de los cuales han matado a 115, hasta la fecha.
Ha habido rupturas insalvables, como la que ha alejado del escenario político y de su curul como senador (fue ese uno de los puntos de los Acuerdos) a Iván Márquez, jefe de la delegación negociadora de las FARC-EP durante las conversaciones en La Habana, quien se pronunció en duros términos contra el apresamiento de Santrich y todavía hoy tiene paradero desconocido.
La extradición a Estados Unidos del excomandante Simón Trinidad, en 2004, luego de su captura en Ecuador cuando exploraba la posibilidad de un canje de prisioneros y una vía para la negociación de la paz, constituye un preocupante precedente: todavía Ricardo Palmero, que es su nombre real, está en una prisión de máxima seguridad en Colorado.
Las autoridades buscarán ahora legitimar sus pasos. Ciertamente, la JEP había dicho que la acusación estadounidense contra Santrich debía ser terminada de ventilar por tribunales nacionales. Pero el abogado de la defensa ha dicho que las supuestas nuevas pruebas de la Fiscalía también son ilegales, y acusó a la DEA (el departamento antinarcóticos de Estados Unidos) de estar detrás de estos montajes.
Analistas sobre el terreno aducen, además, otras intenciones desde el ejecutivo, que lleva semanas tratando de que el Congreso apruebe reformas a la Ley estatuaria de la JEP para cercenar sus facultades y someter a inadmisible revisión y cambio lo firmado.
Según esos observadores, en tramoya existe el deseo del exFiscal de crear condiciones para declarar emergencia nacional que permita extraditar a Santrich y, más aún, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente cuyos postulados entierren de una vez el proceso de paz. Algunos ya están haciéndole la caja al muerto.
