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Los militares colombianos tienen permiso para «hacer lo que sea» Autor: Getty Images Publicado: 24/06/2019 | 11:05 pm
Bogotá, junio 24.— Organizaciones de derechos humanos de Colombia presentaron este fin de semana, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un informe sobre el asesinato sistemático de civiles, presentados después como bajas en combate, y que son conocidos aquí como «falsos positivos».
El reporte señala a la Primera División del Ejército entre los años 2003 y 2008 como autora de estos crímenes, y el documento titulado «Y volveremos a cantar» fue presentado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), los cuales documentan más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas, dijo RT.
Las organizaciones, que recopilaron la información durante más de un año, señalan que las ejecuciones fueron realizadas entre 2003 y 2008 —cuando gobernaba Álvaro Uribe— y presuntamente perpetradas por las unidades militares de la II y X Brigada del Ejército Nacional, la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured) y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de los departamentos de Magdalena, César y Guajira —en la región Caribe—, todas pertenecientes a la I División del Ejército colombiano.
«Hemos identificado que más de 600 oficiales, suboficiales y soldados estuvieron vinculados con la práctica de estos crímenes», dijo Sebastián Escobar, de la CCAJAR, y afirma el abogado que los uniformados tenían «una presión constante por presentar resultados, bajas en combate» y, además, recibían «una serie de incentivos» por ello, como vacaciones, permisos, dinero, condecoraciones, ascensos y capacitaciones en el exterior.
También aseguró que identificaron que hubo supuestos reclutadores, entre ellos paramilitares, a los que los comandantes del Ejército pagaron «con recursos públicos».
De acuerdo con el informe —dice RT—, del total de víctimas, 118 fueron personas en precaria situación económica; 35 eran indígenas wayú, kankuamo y wiwa; ocho de los asesinados eran menores de edad y seis fueron mujeres. Otras 131 víctimas no se han identificado hasta la fecha, y en 13 casos sus familiares recibieron amenazas tras denunciar el crimen, tanto de desaparición como de asesinato.
Las organizaciones piden a la JEP, concretamente, que determinen si los asesinatos están vinculados con el conflicto armado colombiano, si se trató de violencia política, si tenían una finalidad económica o si fue una limpieza social.
La JEP es el mecanismo de justicia transicional acordado entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para procesar a los actores del conflicto armado.
En mayo de ese año, una investigación publicada en el diario The New York Times reveló que generales y coroneles del Ejército colombiano firmaron un compromiso para aumentar los operativos y duplicar el número de criminales y rebeldes que matan, capturan y obligan a rendirse, sin importar si hay un aumento en el número de bajas civiles.
De acuerdo con el documento al que accedió el reportero Nicholas Casey, los militares tienen permiso para «hacer lo que sea» para aumentar el número de operaciones, sin dar mayor importancia a las normas que protegen a los civiles en los combates, y con esta nueva política del Ejército, las Fuerzas Armadas pasaron de estar obligadas a alcanzar el 85 por ciento de certeza del objetivo, credibilidad y exactitud del operativo, a tan solo entre el 60 y 70 por ciento.
RT aseguraba que la revelación sobre la nueva política militar en la administración de Iván Duque recordó al período de los llamados «falsos positivos».
