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Por el Gobierno nacional firmó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y por la oposición el diputado Timoteo Zambrano. Autor: VTV Publicado: 17/09/2019 | 07:34 pm
LOS esfuerzos intervencionistas contra Venezuela tienen ante sí una nueva señal de parada que debiera ser enarbolada por toda la comunidad internacional, incluyendo a los poderosos que pueden hacer contrapeso al Norte.
Después del mutismo y la tensión que se podía adivinar de las negociaciones entre el Gobierno bolivariano y la oposición, se ha visto una luz al final del túnel: los primeros acuerdos alcanzados por las partes se dieron a conocer, inesperadamente, el lunes, y significan decisiones lo suficientemente trascendentes como para ser tomadas muy en cuenta.
De hecho, hay medidas adoptadas por Caracas en las que se aprecia el afán de cooperar hacia las soluciones pacíficas porque, no siendo exigencias de la contraparte, habrían sido innecesarias.
Así veo el compromiso de renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE), una instancia de cuya buena ejecutoria da fe la transparencia de todos los comicios celebrados en Venezuela en lo que va de siglo y que, sin embargo, será nuevamente conformada.
Se incluye en lista similar el retorno a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y, como se sabe, inválida por estar en desacato, de los diputados bolivarianos, un paso con el que no se sabe si la oposición busca legitimar a un ente que hasta hoy ha favorecido e impulsado todas las acciones injerencistas de Washington y la OEA. Desde ahora, sus actitudes tendrán relativo contrapeso, limitado porque los del PSUV y sus aliados son minoría. Por lo pronto, se ha dicho que los comicios legislativos para elegir una nueva Asamblea, están cerca.
Y se ha accedido además a revisar los casos de los presos políticos, y que donde el sistema jurídico lo permita, se busquen soluciones para quienes están privados de libertad.
Del otro lado, el compromiso es uno solo pero tan enorme como lo constituyen las dificultades que las medidas coercitivas de Estados Unidos, están haciendo padecer a todos los venezolanos: rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país y exigir su inmediato levantamiento, así como la implementación de un programa de intercambio de petróleo por alimentos, medicamentos e insumos para servicios básicos, en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el Sistema de Naciones Unidas.
La agenda acordada puede ser mínima, pero relevante para detener la agresión económica externa, e inhibir la salida intervencionista militar que Estados Unidos acaricia con la pretendida resurrección del TIAR en el seno de la OEA.
Por eso, títeres como Juan Guaidó, desgastada marioneta pero, al fin, instrumento de Washington, se alejó de las negociaciones y su partido, el violento Voluntad Popular, no suscribió los acuerdos.
Un paso aún más trascendente, no obstante, aconteció después. La instalación del diálogo permanente entre los sectores opositores que creen en la democracia y la paz, y el ejecutivo que preside Nicolás Maduro.
Ello significa que ya existe una instancia donde resolver, o al menos conversar, las diferencias.
No debería escuchar nadie, ya más, a quienes con toda intención «se quedaron» fuera.
Resultaría impensable que, porque los sectores opositores duros y obedientes a la Casa Blanca siguieran sus instrucciones y se levantaran de la mesa, se quieran desconocer las medidas pactadas.
