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Las multitudinarias movilizaciones hacia La Paz se reproducen en Cochabamba, Sabada y Sucre. Autor: Tomado de Internet Publicado: 18/11/2019 | 10:33 pm
LA PAZ, noviembre 18.— Contingentes de indígenas, campesinos y trabajadores procedentes de diversos puntos de Bolivia llegaron a La Paz el lunes y convergieron en la plaza Murillo. Allí dieron un plazo de 48 horas para la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Añez, y todos sus «ministros», o recrudecerán su movimiento de protesta, con mayores bloqueos a carreteras y paros en todo el país.
Los sectores agrícolas y laborales impugnaron también la intervención de líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el excandidato a la presidencia de la derecha opositora, Carlos Mesa, en el golpe de Estado orquestado contra Evo Morales, reportaba Telesur.
«El pueblo está sufriendo mucho avasallamiento de esta presidenta autoproclamada. Queremos justicia para nuestros compañeros, justicia», dicen las comunidades organizadas durante manifestaciones pacíficas en las calles, que llegaron de diversos departamentos bolivianos, agrega Telesur, y apunta que las multitudinarias movilizaciones se reproducen en Cochabamba, Sabada y Sucre, entre otras localidades.
Diferentes participantes en las manifestaciones pidieron el pronunciamiento de la comunidad internacional en contra del Gobierno de facto, que asumió el poder el 11 de noviembre, luego de la salida del país del presidente constitucional Evo Morales, quien se encuentra en México, y el regreso inmediato del primer presidente del Estado Plurinacional.
El movimiento se suma al pedido de seis sindicatos cocaleros del Chapare, que exigieron la noche del sábado «la renuncia de la autoproclamada» Áñez «en un plazo de 48 horas» y pidieron al legislativo aprobar una ley «que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días».
«Justicia para los compañeros que han muerto» es lo que piden manifestantes en la ciudad de Sacaba, departamento de Cochabamba, donde la brutal represión del viernes suma ya 12 muertos, cinco en el primer día del enfrentamiento y otros que han fallecido por las graves heridas.
Según estimaciones de la CIDH, en total son 23 muertos y 715 heridos en Bolivia desde el 20 de octubre, día en que se celebraron las elecciones; 20 de ellos, desde el golpe de Estado contra Evo Morales.
Los bloqueos en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz se mantienen en 68 puntos en las carreteras principales que unen estos tres departamentos, según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), citada por Telesur; y La Razón Digital informaba que pobladores de Turco y de otras comunidades de Oruro decidieron también bloquear las carreteras para exigir la renuncia de Jeanine Añez.
Por su parte, Russia Today informa que el Gobierno de facto anunció la creación de un «aparato especial» que estará a cargo de detener a aquellos legisladores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, que cometan actos subversivos y sedición.
«Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…)», aseguró el ministro interino del Gobierno, Arturo Murillo, quien explicó que este mismo lunes comenzará a detener «con ordenes fiscales» a las personas indicadas y los tildó de «narcotraficantes y delincuentes».
Desde que asumió la pasada semana, Murillo afirmó que el nuevo ejecutivo del país sudamericano irá «a la cacería» de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la administración socialista, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, a quienes hace responsables de la protesta generalizada contra el golpe.
La Razón Digital señalaba este lunes que se han destinado 34,7 millones de bolívares (4,8 millones de dólares) para «equipamiento» de las Fuerzas Armadas —cuyos mandos fueron decisivos para la consumación del golpe—. El decreto que tiene número 4082 y está firmado por Añez y 17 «ministros», hace notar, entre sus considerandos, que la institución armada tiene «la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden público».
A este financiamiento se une otro decreto firmado por Añez y sus «ministros», el cual exime a los militares de responsabilidad penal por su actuación en operativos.
