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Acusación contra Sebastián Piñera Autor: Tomado de Internet Publicado: 05/12/2019 | 10:53 am
SANTIAGO DE CHILE, diciembre 5.— El pleno de la Cámara chilena de diputados votará el jueves próximo la acusación constitucional contra del presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad política en la represión desmedida contra el movimiento social.
La víspera, la defensa del mandatario presentó ya en la noche el texto con los descargos al secretario de la comisión que revisa la acusación constitucional.
En el documento se desestiman los argumentos expuestos en contra de Piñera, calificados de inadmisibles porque, según se alega, los hechos que se imputan aún no son investigados y no han sido juzgados.
La defensa señala también que la acusación constitucional solo puede proceder por actos imputables y no por aquellos que son cometidos por terceras personas.
Algunos analistas consideran que es poco probable que prospere la acusación, pues para aprobarla es necesaria la mayoría absoluta de los diputados en la plenaria y que pase al Senado, donde para destituir al presidente se requiere del voto favorable de dos tercios de los senadores.
Desde la comisión que analiza la acusación, el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo, advirtió que con este proceso se pretende dejar establecido que ningún Presidente está por sobre la Constitución y la ley.
El 19 de noviembre último, diputados de varios partidos de oposición presentaron la acusación constitucional con el argumento de que en el país se violaron los Derechos Humanos de forma generalizada y reiterada en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre.
Asimismo la comisión parlamentaria ha escuchado numerosos testimonios de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos que refuerzan ese planteamiento.
Esta acusación contra Piñera solo tiene como antecedentes en la historia de Chile los casos de los presidentes Manuel Montt en 1868, la cual fue rechazada; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue aprobada pero meses después que dejara la presidencia, y Arturo Alessandri en 1939, que ni siquiera fue admitida.
Ley que criminaliza las movilizaciones populares
SANTIAGO DE CHILE.— El Senado de Chile aprobó de madrugada el proyecto que aumenta las penas para los delitos de saqueos en el contexto de «calamidad pública o alteración del orden público» y tipifica como delito las barricadas, en el marco del estallido social desatado a mediados de octubre.
La iniciativa, que ya había sido aprobada por Diputados, define lo que se considerarán «desórdenes públicos» y así sanciona cinco conductas: paralizar o interrumpir gravemente servicios públicos de primera necesidad, como el transporte, agua potable, destruir bienes inmuebles, sobre todo los de «reconocida importancia científica, religiosa o social», entre otros.
También se consideran penas para quienes incendien objetos o usen elementos que impidan coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos como, por ejemplo, las barricadas, y sanciona el bloqueo al actuar de Bomberos u otros servicios de utilidad pública.
Por su parte, las organizaciones territoriales autoconvocadas de las distintas comunas de Santiago, agrupadas en la Asamblea Popular Autoconvocada de la Región Metropolitana, condenaron enérgicamente la aprobación de la Ley, cuyo objetivo es criminalizar aún más la legítima protesta social.
La Asamblea denuncia la complicidad de los partidos políticos que decían ser de oposición, pero que, apoyando la normativa, sufragaron a favor o se abstuvieron, guardando un vergonzoso silencio, frente a esta nueva «Ley Maldita».
La Asamblea Popular llama a los pueblos chileno e indígenas a no dejarse intimidar por las medidas represivas impuestas por un régimen criminal que le ha declarado la guerra, violando sistemáticamente los derechos de las personas en su afán de aferrarse al poder.
También convoca a todas y todos los chilenos y originarios a derogar en la calle la nueva Ley Maldita con más movilización, más lucha y más organización, señaló Resumen Latinoamericano.
