Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El largo brazo de trapo del lawfare persigue a Correa

Una nueva condena contra la izquierda política en Latinoamérica

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Rafael Correa dejó en segundo plano lo que llamó «una nueva canallada»; «la peor» que le han infligido desde que Lenín Moreno dejo ver, sin tapujos, su giro hacia la derecha —no se sabe si ya estaba abrazado a ella o si traicionó después— y respaldó al poder judicial en la encarnizada persecución de que son víctimas en Ecuador el exmandatario, y sus más fieles seguidores.

Entonces ya se había emitido el dictamen que condena al fundador de Alianza PAIS a ocho años de prisión, y a otros 25 sin cargos políticos. Pero Correa se manifestó más preocupado por lo que, en verdad, también debía ocupar ahora a la justicia y al propio poder político ecuatoriano.

«Lo que me desgarra el alma es ver cómo se nos muere la patria», dijo el expresidente en Twitter, en alusión a las víctimas de Covid-19 y las decenas de cadáveres insepultos que, hace días, sacaron lágrimas y profundos sollozos a un reportero, cuando este intentaba dar cuenta del único consuelo de los sobrevivientes: desear «buen viaje» hacia la eternidad a sus muertos, mientras sonaban las campanas de la iglesia…

Hace unas horas, un tribunal emitió la sanción más fuerte que se haya dictado contra el ex presidente, entre las varias causas tendenciosas y manipuladas abiertas contra él y muchos de quienes le acompañaron en el ejecutivo.

Como otras, esta se erige sobre una mentira. O, para ser más exactos: tiene base en acusaciones no probadas. A Rafael Correa se le acusa de cohecho porque, supuestamente, «sabía» y dejó hacer, en un operativo de sobornos para beneficiar a su partido entre los años 2012 y 2016.

El modus operandi mediante el cual se sigue queriendo lapidar a la izquierda latinoamericana, ha sido denunciado ya en los casos de otros exmandatarios que protagonizaron el que Correa llamó «cambio de época» en América Latina.

Así se encarceló a Lula en Brasil, se le inhibió de ir a las presidenciales de 2018 y se le mantiene con varios procesos abiertos; así se quiso sepultar, infructuosamente, a Cristina en Argentina; se impide la vuelta a Bolivia y la postulación de Evo Morales, y se apresó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien ahora ha sido otra vez condenado, junto a Correa. A otros muchos funcionarios en esas naciones también se les persigue.

El abogado de la defensa, Fausto Jarrín, confía en que los «errores» —más bien las erratas— de procedimiento permitirán las debidas apelaciones a favor de Correa, y apunta que se trata solo de una primera condena —es decir, en primera instancia—, razón por la cual se mantiene firme, alegó, el propósito del líder de retornar a Ecuador, para participar en las elecciones presidenciales previstas para el año que viene.

Igual suerte se supone deberán correr los otros 17 condenados. Pero la manera en que mienten los sistemas judiciales penetrados por intereses políticos, asusta.

Resulta cada vez más alarmante la vía global en que la derecha y sus mentores de los poderes hegemónicos, asumen la estrategia de judicializar la política o acudir lo que también se conoce como lawfare, mientras usan como soporte la tendenciosa labor mediática de grandes emporios de la comunicación, y las fake news o noticias falsas que pueblan las redes sociales.

No hay, sin embargo, contraparte, ni en los tribunales locales ni en las instancias internacionales que podrían oponerse a esta persecución de hombres y mujeres inocentes por el mundo, como no sea la negativa que en su momento dio la Interpol, al desconocer la falaz acusación de la «justicia» de Jeanine Añez contra Evo, al acusarlo de incitación a la violencia y terrorismo cuando el presidente derrocado por ella se hallaba en Argentina, bien lejos…

Es el mismo peligro que pende sobre los dirigentes bolivarianos de Venezuela luego de que Washington —donde se dice están los think tanks (tanques pensantes) que idearon esta guerra macabra de cuarta generación— acusó a Nicolás Maduro de narcoterrorismo, y el Pentágono envió a los marines del Comando Sur a inspeccionar las aguas caribeñas para «acabar» con las redes de narcotraficantes.

Resulta alarmante cómo, cada vez más, el lawfare se torna instrumento de la unilateralidad para domeñar al mundo mientras pisotea la verdad, amordaza la justicia y tuerce los destinos de personas y naciones, hasta llegar a amenazar la paz mundial.

¿Quién será la próxima víctima?

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