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Diálogos de paz en Colombia Autor: Juventud Rebelde Publicado: 28/06/2020 | 12:11 am
¿Suficiente? Eso puede preguntarse cualquier observador neutral ante las declaraciones recientes en las que funcionarios colombianos cercanos a la implementación de la paz firmada entre el Gobierno de ese país y las antiguas FARC-EP, valoran positivamente el papel de Cuba como garante en ese proceso.
Conste que las aseveraciones no quedan en duda por la gestión de la Isla en dicho proceso negociador, que es ampliamente reconocida, y cuya relevancia para la consecución de la firma de los Acuerdos de Paz, sellados en La Habana en agosto de 2016, ha sido destacada estos días por importantes protagonistas de aquellas negociaciones como el jefe de la delegación del ejecutivo colombiano en el diálogo, Humberto de la Calle, y el propio exmandatario Juan Manuel Santos, entre otras personalidades de la política de aquella nación.
Son los hechos desde la parte colombiana los que no dejan que resulten convincentes —al menos no, insisto, para un observador desde fuera como quien suscribe—, esas declaraciones formuladas muy recientemente y según las cuales el ejecutivo que preside Duque «nunca ha puesto en duda el papel de Cuba como país garante ni lo ha cuestionado, sino que, por el contrario, espera que siga ejerciendo esa función».
La afirmación fue atribuida por los sitios digitales colombianos al consejero presidencial para la Estabilización de Colombia, Emilio Archila, en el marco de la reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de la Paz (Csivi), ente integrado por representantes del Gobierno y del hoy partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) que debe acompañar la implementación de la paz con las otrora FARC-EP, y donde fungen como garantes los embajadores de Cuba y Noruega.
Paradójicamente no se han conocido, sin embargo, palabras que desalienten al menos la falsa imputación de Estados Unidos de que Cuba no coopera en la lucha contra el terrorismo.
Esa acusación y, en virtud de ella, la inclusión de la Isla en una lista unilateral que solo persigue satanizarla y castigarla se basa, precisamente, en el deseo de las autoridades colombianas de que La Habana incumpla la palabra empeñada en otro proceso pacificador igualmente trascendente: el que se llevaba a cabo entre el Gobierno colombiano y el movimiento guerrillero de ese país Ejército de Liberación Nacional (ELN), del que Cuba también fungía como garante y como su sede desde que Ecuador dejó, abruptamente, de ser el escenario, y Bogotá pidió a la Isla su acogida.
La Declaración de condena al terrorismo y la manipulación política emitida por la Cancillería cubana el pasado 2 de junio explica el contexto, y la obligación de La Habana de respetar el Protocolo de Ruptura suscrito antes, cuando el Gobierno de Iván Duque rompió el diálogo tras el atentado en la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá del 17 de enero de 2019, y «tomó entonces acciones políticas y legales contra la delegación de paz del ELN que se encontraba en territorio cubano».
El ejecutivo colombiano pidió a Cuba la extradición de los representantes del ELN, y La Habana defendió el respeto a lo suscrito y, consecuentemente, al Protocolo de Ruptura, que establece el regreso seguro de la delegación guerrillera a Colombia en caso de romperse el diálogo.
«Debido a la no aplicación de este Protocolo, es que aún permanecen en el país los miembros de la delegación de paz del ELN», precisó el documento, que solicitó al Gobierno de Colombia «conocer cuál es su postura sobre la condición de los garantes en el proceso de paz de Colombia, en particular el de Cuba (…), cuál es la posición del Gobierno sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la FARC-EP».
También le instó «a que declare su posición oficial acerca de las razones que le atañen para la inclusión de Cuba en la lista elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y aclare cuál fue el papel y la postura de sus funcionarios en los intercambios previos realizados con Estados Unidos al respecto».
La última solicitud tampoco es gratuita. Como apuntó la Declaración, «el mismo día que EE.UU. anunció la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia, Sr. Miguel Ceballos Arévalo, declaró públicamente que la decisión del Departamento de Estado de incluir a la Isla era un “espaldarazo” al Gobierno de Colombia y a su “insistente solicitud” para que Cuba le entregara a los miembros de la delegación de paz del ELN».
Pero, acerca de eso, el Gobierno de Colombia sigue en silencio. Entonces el observador neutral podría preguntarse también cómo es posible que una actitud similar de respeto a lo pautado, discrecionalidad y fidelidad a las partes —hablo del rol de garante de Cuba— puede ser válida para un proceso negociador, y para otro no.
La duda resulta mayor si, como es el caso, uno de los protagonistas en ambos procesos es el mismo: obviamente, el ejecutivo de Colombia, aunque el actual mandatario, Iván Duque, sea reacio desde el principio a aceptar los acuerdos firmados durante el mandato de su predecesor, Juan Manuel Santos, y a asumir como un compromiso de Estado, y no de uno u otro gobernante, lo que entonces se suscribió.
Otra consecuencia terrible de tal actitud es la falta de confianza que estos ires y venires oficiales deben estar generando con vista a deseados, aunque por ahora improbables, nuevos procesos negociadores en Colombia, una nación que sigue estremecida por la violencia.
Muchos escollos
La consideración de que la estabilidad estaría en riesgo mientras no se ejecutaran reformas profundas que borraran las causas de un conflicto nacido de la lucha por el derecho a la tierra, fue esgrimida por las otrora FARC-EP durante las conversaciones de La Habana y tomada en cuenta por la misión gubernamental que había nombrado el entonces mandatario Juan Manuel Santos.
Sin embargo, no se han cumplido esa ni otras partes de los acuerdos, como lo reconoció Humberto de la Calle en la entrevista concedida al diario Granma al afirmar, entre otras consideraciones, que «una genuina reforma rural integral sigue siendo una tarea pendiente, al igual que la reforma política».
El resultado está ahí y conmueve a propios y extraños por la manera veloz en que se incrementa el exterminio de los guerrilleros que confiaron en la paz y dejaron las armas, de algunos de sus familiares, y de activistas sociales que defienden los derechos de los del campo.
Según la relación actualizada que tiene en la web el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de año han sido asesinados 25 excombatientes y 140 activistas sociales y defensores de los derechos humanos.
Acerca del encarnizamiento de la violencia en el campo da cuenta un interesante estudio realizado por el Instituto Kroc y divulgado recientemente por Telesur. La investigación arrojó que la mitad de todos los asesinados pertenecen al sector campesino (29 por ciento) y al indígena (otro 29 por ciento).
La muestra más palpable de la manera en que se les desconsidera ocupó por dos días los titulares de la prensa colombiana: la violación de una niña indígena de 12 años de la etnia embera chamí por siete uniformados, en predios de la comunidad indígena Menduará del Resguardo Gito Dokabú, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en los límites con el departamento de Chocó.
Ahora lo que está en el candelero es la denuncia de que no se les quiere enviar a la cárcel mientras avanza la investigación, como correspondería a la gravedad del delito que, según expertos y defensores de los derechos humanos, debe encausarse como delito abusivo agravado, pues se asevera que la menor, además, fue secuestrada antes de ejecutarse su violación.
El ejército vuelve al centro del colimador y también la presencia en Colombia de militares estadounidenses, que en otro momento violaron a jóvenes colombianas y ahora son identificados como «asesores» en la lucha contra el narcoterrorismo. Ellos, y su llegada inconsulta, también evidencian el alineamiento de Bogotá con Washington.
Mientras se adivinan los tira y encoge en torno al castigo que recibirán los militares colombianos violadores, llama la atención la facilidad con que una joven que colocó en Facebook una foto suya junto a una lechuza decapitada, es sometida, rápidamente, a investigación fiscal.
Al menos puede felicitarse a quienes defienden los derechos de los animales en Colombia.
