En el actual escenario económico, con tensiones lógicas entre inflaciones y desabastecimientos, las indisciplinas y violaciones intentan con mayor habilidad burlar el orden y sentido común. De ahí que sea casi una norma que topemos con tablillas sin precios, cobros en exceso, falta de calidad y comercialización en el sector no estatal de productos industriales, principalmente los de gran demanda, como los de aseo.
Estas irregularidades han sido reconocidas no solo por sus víctimas, sino por quienes tienen la misión de enfrentar la ilegalidad y ponerles coto al abuso y al robo a clientes.
En la primera quincena de enero, la ejecución de 4 300 acciones de control y la aplicación de más de 2 115 multas en tierra yayabera, confirman que no son pocos los espirituanos que intentan aprovecharse del complejo proceso de reforma y la calculada inflación para engordar sus propias arcas.
Mas, en el actual contexto, necesitado de tiempo para encontrar el tan anhelado equilibrio económico, y tras bullir desde sus más profundas raíces, urge poner en práctica cuantos ardides sean necesarios para desterrar males históricos que intentan afincarse con mayor fuerza en este ordenamiento.
Es por ello que se precisa insistir en la ubicación de pizarras de información con todos los precios en vigor, se expendan o no en ese momento, porque aún predomina el desconocimiento, una de las carnadas más ventajosas para vulnerar los derechos de consumidores.
También le corresponde al Gobierno controlar mucho más y exigir para que las empresas, estatales y no, trabajen en la reducción de costos y no encubran en sus precios las ineficiencias, además de acorralar a los responsables de responder por la calidad de los servicios.
Llegó el momento de revolucionar los mecanismos, un tanto escabrosos, que hoy más en papeles que en la práctica dicen proteger al consumidor, otro personaje vital en este proceso, llamado a desempeñar un rol más activo y exigir, con sus derechos en mano, por pagar lo aprobado, y alertar a administradores e informar a los cuerpos de supervisión y la policía… porque el silencio y la conformidad desvalijan los bolsillos privados y del país.
Este proceso de ordenamiento ha demostrado también que se escucha y rectifica. Dos ejemplos en esta provincia lo evidenciaron: ante el significativo número de clientes que dejó mosqueado el pan sobre los mostradores por encontrarse con el mismo escuálido que valía cinco centavos, la empresa actuó diligente, y ahora, aunque imperfecto, el producto está mucho mejor; y el panqué de 30 pesos, después de ser analizado en esquinas, redes sociales y oficinas a puertas cerradas, se comercializa a mitad de ese precio.
Y es que la actual reforma de precios, con su valor agregado de descentralización y autonomía de los gobiernos locales para trazar costos, obliga a hacer análisis profundos de cada decisión tras auscultar las opiniones del pueblo, para que no quepa ni tan siquiera la adulteración de un refrán popular: a precios revueltos, ganancias de pillos.
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