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Campesinos aclaman a Evo Morales durante la entrega de tractores. Foto: AP Andando ya —aunque todavía con tropiezos—, la Constituyente; y resuelta la renegociación de contratos con las transnacionales que explotan los yacimientos hidrocarburíferos —condición imperiosa para concretar la nacionalización— el gobierno de Evo Morales no pierde tiempo y avanza, a pasos tan rápidos como es posible, en la refundación.
Dos proyectos de ley enviados al legislativo en los últimos días, confirman el propósito del MAS de remover y renovar las estructuras en todos los frentes. Primero fue el proyecto de modificaciones a la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, aprobado ya por la cámara alta y pendiente del visto bueno del Senado. El nombre basta para explicar sus objetivos: la Reconducción Comunitaria quiere realizar lo que no lograron la Reforma Agraria de 1953, ni el establecimiento de la propiedad comunal en 1996.
Se trata de hacer producir decenas de miles de hectáreas ociosas en manos de los latifundistas —se afirma que muchas obtenidas, incluso, de forma fraudulenta—, en tanto miles de familias campesinas no tienen tierras.
La medida es trascendente en una nación, como se sabe, rica en hidrocarburos, pero donde la mitad de su población vive en áreas rurales. Hasta 14 millones de hectáreas cultivables, han dicho las autoridades, podrían ser redistribuidas en este proceso, que privilegiará a las colectividades como dueños.
La legislación ha sido discutida durante meses en las bases e, incluso, con el empresariado. Pero, obviamente, resulta otro pinchazo para los intereses de la oligarquía terrateniente, que se resiste. El opositor partido PODEMOS asume aquellos intereses, y advierte que sus representantes en el Senado no avalarán el texto.
Poco después ha llegado al parlamento un proyecto ambicioso en la búsqueda de la honestidad de las autoridades, aunque algunos lo estén satanizando y lo tilden de cruzada contra los gobernadores de la oposición. Sin embargo, la ley estipula la fiscalización social de la gestión de los prefectos —quienes podrían ser investigados y hasta demovidos por el parlamento— marcaría un verdadero hito al convertir al pueblo no solo en partícipe directo del proceso de cambios sino, además, en contralor.
Evo ha reiterado que quienes actúen con limpieza, no deben preocuparse. «Si hay transparencia en el manejo de la plata del pueblo, si hay honestidad en el manejo de la plata del pueblo, ninguna de las autoridades nacionales debemos tener miedo al pueblo y a sus instituciones», explicó durante un acto en Beni que reportó la prensa nacional. El vicepresidente Álvaro García Linera le secundó al calificar el proyecto de contribución al mandato recibido «para acabar con el sistema de corrupción, los cuartos cerrados, los maletines negros y ser visibles ante nueve millones de habitantes».
Pero, como era previsible, han saltado los latifundistas, los prefectos opositores, y quienes aprovecharán siempre cualquier resquicio para cuestionar y entrampar una refundación reclamada por las mayorías, no por las elites. Claro que hay confrontación. Pero lo definitorio es la lealtad al pueblo.
