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Tienen tufillo a presión los requisitos que ha puesto el Congreso de Estados Unidos para prorrogar finalmente, apenas por seis meses más, las preferencias arancelarias a los países andinos. E, inexplicablemente, el método vuelve a ser igual, sin tomar en cuenta los cambios que esa política del chantaje —entre otros errores garrafales— ha ayudado a operar en América Latina.
Al dictaminar que dentro de un semestre, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (APTDEA) será ratificada solo a las naciones que hayan firmado ya un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., el legislativo estadounidense pretende poner una soga al cuello de Ecuador y Bolivia: las dos únicas naciones resistidas a dejar que sus precarias economías sean convertidas en apéndice, y absorbidas por el Norte.
Recordemos que Perú fue el primero en establecer el TLC cuando, apurado antes de dejar el gobierno, el ex presidente Alejandro Toledo firmó primero y excluyó —¡por fortuna!— la todavía entonces probable firma de un TLC subregional. Debatido en las negociaciones, el Ecuador de Alfredo Palacio se quedó detrás, en tanto Colombia se disponía a una firma materializada luego por Álvaro Uribe.
Ahora, el mandatario electo ecuatoriano, Rafael Correa, insiste en que no va a firmar, respetando así una de las principales promesas de su campaña electoral y piedra angular de su programa de gobierno. Mucho menos lo haría la Bolivia de Evo Morales, defensora de los Tratados de Comercio de los Pueblos y que, antes que Correa, se había pronunciado a favor del ALBA para la integración regional.
Acaso la decisión congresional norteamericana, obtenida después de arduas negociaciones en una y otra cámaras, pretenda virar contra Evo y Correa a los sectores nacionales que defienden el TLC, y a los que aspiran a mantener condiciones que debieran regir el comercio, y no ser el resultado de concesiones ni condicionamientos impuestos desde 1991, cuando Washington aprobó la ley, con el fin anunciado de estimular a los andinos a sumarse a su cuestionada lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, intentando presionar, la medida podría, más bien, empujar a la adopción de nuevas posiciones conjuntas por parte de los segregados.
Desde Quito, el electo Rafael Correa ha recordado que la preferencias arancelarias no son «limosna, sino la compensación a la lucha antidrogas» y que «no deben estar condicionadas a ningún tratado comercial». Por su parte, Evo Morales había anunciado antes que si no se ampliaba la APTDEA, Bolivia contaba con los mercados sudamericanos y un crédito previsto de 12 millones destinados a los empresarios que, bajo las preferencias arancelarias, exportan hasta ahora a EE.UU.
Según ha afirmado después el periódico boliviano La Razón, ambos países pactaron una estrategia conjunta y sus mandatarios pedirán a Washington «que las facilidades sean mantenidas indefinidamente mientras siga la lucha contra el narcotráfico».
Es otro resultado de los nuevos tiempos, y los legisladores norteamericanos ya debían saberlo: en América Latina, cada vez funcionarán menos el chantaje y la presión.
