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El mundo ha de reclamar con más fuerza la liberación de los detenidos arbitrariamente en la ilegal Base Naval de Guantánamo.
WASHINGTON.— Una corte federal de Estados Unidos aprobó hoy la detención arbitraria de más de 400 personas en la ilegal Base Naval de Guantánamo, al negarles el derecho a la apelación dentro del sistema legal norteamericano, informó PL.El Tribunal Federal del Distrito de Columbia respaldó de esa forma una decisión presidencial de finales de 2005, y dejó sin voz a cientos de detenidos que ni tan siquiera conocen los cargos en su contra.
Por dos votos a favor y uno en contra, la instancia judicial determinó que el Congreso operó dentro de sus atribuciones cuando validó el encarcelamiento de ciudadanos extranjeros como medida preventiva.
De esa forma, las instituciones civiles quedan maniatadas para operar en el terreno de la justicia militar y, en consecuencia, la corte desestimó todas las solicitudes de revisión presentadas por presos en ese campo de concentración.
La magistrada Judith Rogers rechazó que los congresistas puedan suspender el derecho a levantar recursos contra procedimientos arbitrarios sin ofrecer alternativas para el desenvolvimiento de la defensa.
El presidente George W. Bush legalizó en octubre de 2006 el limbo jurídico en que viven los presos en la base norteamericana, establecida en contra de la voluntad del pueblo y el gobierno cubanos.
Bush ordenó entonces que solo los tribunales del aparato militar podían atender los casos de los reclusos, sometidos a torturas físicas y psicológicas.
Ciudadanos alemanes y británicos que lograron salir del centro penitenciario manifestaron luego su indignación por el maltrato a que fueron sometidos.
En algunos casos, esas personas llegan a los interrogatorios sin tener la más mínima idea de lo que les preguntan, y deben defenderse de falsas acusaciones, explican mientras recorren el mundo para denunciar la situación de sus compañeros de prisión.
La semana pasada, el senador demócrata Christopher Dodd, aspirante a la presidencia, propuso un proyecto de ley para modificar varias cláusulas a la iniciativa de Bush.
Entre otros aspectos, Dodd planea reinstaurar el derecho a imputar detenciones ilegales, y autorizar a los jueces a desestimar los testimonios obtenidos mediante la tortura.
