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Seguidores de Chávez expresan su respaldo a la reforma constitucional. Foto: AP De alguna manera, el inicio de los debates para concretar la reforma constitucional en Venezuela empieza a dibujar, en blanco y negro, el socialismo anunciado por Hugo Chávez.
Sin plataformas teóricas conocidas que lo describieran tal cual se propone ser, el Socialismo del Siglo XXI no ha pasado de ser hasta hoy para quienes lo siguen, más que un proceso de cambios con dos grandes y visibles metas: justicia social hacia adentro y, hacia afuera, cooperación e integracionismo.
Ahora, la presentación ante la Asamblea Nacional del anteproyecto que aspira a perfeccionar la Constitución y sustentar desde la ley los derroteros socialistas, está empezando a describir cómo se concibe un modelo que, si bien se proclama y reconoce como «Socialismo», presupone matices en relación con lo conocido al especificar: «del Siglo XXI».
Los detractores destacan con más énfasis el precepto que propone aceptar la reelección continua; pero esa cláusula constituye apenas un acápite en el ámbito electoral que de ningún modo bastaría para cuestionar el interés de la nueva democracia venezolana por profundizarse. Quienes intentan desacreditar la reforma porque podría suponer que Chávez repita en la presidencia, parecen olvidar que esa posibilidad solo será cierta si la mayoría de la población sigue dándole, como hasta ahora, el voto. Y, en todo caso, puede que ese respaldo popular sea lo que más preocupa, porque valida un esquema contrahegemónico que está pensado, como se ratifica, en función de las mayorías.
Algunos han hecho notar, extrañados, que las propuestas de cambios constitucionales se hagan a menos de diez años de vida de esa aún joven Carta Magna aprobada en 1999, donde se sentaron las bases para el nacimiento de la que Chávez bautizó V República. Y llevan razón: ciertamente, hoy se queda corto lo revolucionario enunciado entonces por primera vez en la ley.
Los intentos de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, los paros petroleros y las campañas propagandísticas que quisieron defenestrar el proceso ayudaron a decantar y —como opción, en algunos casos, hasta de supervivencia— radicalizaron a la Revolución.
En última instancia, la reforma electoral entraña verdaderas transformaciones que van más allá de la mera coyuntura electoral y atañen a la concepción de la sociedad tanto en la esfera política como económica y social. Aspira, sobre todo, a repartir mejor las riquezas y perfeccionar la democracia mediante el incremento de la participación del pueblo. El poder popular es contemplado aquí como otro pilar del Estado que no nace propiamente del ejercicio del sufragio, sino del hecho mismo de constituir la base de la población.
Aun sin conocer el texto completo del anteproyecto, los adelantos ofrecidos por el propio Chávez al presentar el documento a la Asamblea Nacional el miércoles, ofrecen avances en los que se ven conceptos tales como la existencia de cinco tipos de propiedad (pública, social, colectiva, mixta y privada), la prohibición del latifundio, o la definición de un nuevo esquema de división territorial que, a ojos vista, busca dar más potestad y capacidad de planificación y gestión a los poderes comunales (locales), como modo de concretar el anunciado poder del pueblo.
Otra propuesta novedosa es que las misiones sociales sean contempladas también en la ley de leyes pero de modo diferente a la administración pública burocrática, y establecidas mediante reglamentos organizativos y funcionales sujetos al ejecutivo, comentó PL.
Claro que estas son solo propuestas abiertas a la opinión del legislativo y debatidas luego por la población antes de volver al Congreso para, finalmente, enriquecidas abajo y arriba, ser sometidas a la aprobación final de la ciudadanía, en referendo. No faltarán las reticencias y las oleadas en contra, que solo podrán ser disuadidas si se mantiene la mayoría de voluntades con el Socialismo y la Revolución.
