Inicia Congreso norteamericano investigación sobre negligencia del gobierno

¿Cómo es posible que Posada Carriles esté libre en Miami?

Autor:

Juventud Rebelde

Se evidencia sin lugar a dudas que el gobierno ha querido manipular el sistema jurídico y no procesar al terrorista

Washington.— La audiencia convocada por la Cámara de Representantes para examinar la conducta de la administración Bush en torno al caso de Luis Posada Carriles «evidenció sin lugar a dudas que el gobierno ha querido manipular el sistema jurídico y no procesar al terrorista», reaccionó el abogado José Pertierra, quien representa a ese país en la extradición de Posada.

Este jueves líderes demócratas de la Cámara de Representantes pidieron en Washington investigar a fondo el caso de Posada Carriles, acusado de la voladura de un avión civil cubano en pleno vuelo que causó la muerte a 73 pasajeros.

Por primera vez el Congreso estadounidense examinó la actuación de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad en torno al caso del terrorista, libre en Miami después de un juicio por mentiroso en El Paso (Texas).

«La conducta de la Casa Blanca en este caso es tan escandalosa que requiere no solo una investigación del Congreso de Estados Unidos, sino que seleccione el Departamento de Justicia a un Fiscal Especial, independiente, para examinar si se han violado leyes de EE.UU. para proteger y liberar a este terrorista», añadió Pertierra, quien conversó vía telefónica con Cubadebate.

De acuerdo con fuentes contactadas por el diario digital cubano que asistieron a la audiencia, el republicano Dana Rohrabacher, de California, dijo que «el asesinato de gente inocente con fines políticos es completamente inaceptable bajo cualquier circunstancia. Si Posada Carriles es responsable del atentado, merece el mismo tratamiento que cualquier otro terrorista».

Sin embargo, añadió que «durante la Guerra Fría las reglas eran distintas. Durante esa época, asesinar a agentes de países enemigos era justificable». Puso como ejemplo el caso de Orlando Letelier, a quien calificó de «agente de Cuba».

«Las declaraciones del congresista Rohrabacher son muy reveladoras. Alguien que justifique el asesinato a sangre fría de Letelier, utilizando un rumor que fue sepultado como falso hace décadas, está descalificado como interlocutor en una investigación sobre el terrorismo y los derechos humanos», aseguró Pertierra.

La audiencia, que comenzó a las 3:15 de la tarde (hora de Washington) y concluyó después de las ocho de la noche, fue promovida por William Delahunt, el legislador demócrata presidente del subcomité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, quien anunció que esta era la primera de una serie de audiencias sobre el tema que continuarán en fecha que se anunciará próximamente.

Delahunt llamó la atención sobre la negligencia del gobierno en su política antiterrorista y advirtió que «no hay terroristas buenos ni terroristas malos». También, que «no se trata de determinar la inocencia o culpabilidad de Posada Carriles sino del manejo del caso por parte de nuestro Gobierno».

La audiencia, que se dividió en dos paneles, tuvo entre sus testigos a Arturo Hernández, abogado del terrorista. Hernández trató de justificar las acciones de su defendido, lo presentó como un anciano inofensivo y dijo que «Posada no es terrorista, sino un aliado de EE.UU. que luchó por la instauración de la democracia en América Latina, donde tienen que agradecerle a Posada y a personas como él la liberación del yugo soviético».

Delahunt respondió que, a pesar del testimonio de Hernández sobre los servicios de Posada Carriles a Latinoamérica, ningún país de esa región lo ha querido aceptar. Ni siquiera en El Salvador, dijo Delahunt, donde Posada pasó tantos años.

Ante una pregunta de Delahunt, Hernández reconoció que el único testigo en la audiencia de inmigración en Texas fue Joaquín Chaffardet. El legislador hizo hincapié en el hecho de que Chaffardet no fue sometido a contra-interrogatorio por el gobierno, ni tampoco se le dijo al juez de inmigración que este supuesto testigo imparcial era abogado de Posada en Venezuela, subordinado en los cuerpos represivos de la policía política, socio de negocios en la empresa ICICA que dirigía el terrorista en el momento de la voladura del avión y que, además, fue encausado en Venezuela por haber ayudado a Posada a escaparse de la prisión en 1985.

Hernández no respondió a esas declaraciones de Delahunt, quien concluyó diciendo que fue el testimonio de ese «testigo el que usó el juez de inmigración para declarar que Posada sería torturado en Venezuela».

El congresista Gregory W. Meeks, demócrata de New York, puso en duda que Venezuela torturara a los presos, como trató de enfatizar Hernández sin presentar evidencias. Meeks citó el hecho de que los que ejecutaron el golpe de Estado contra el Presidente Chávez en el 2002 jamás fueron a la cárcel.

Otro participante en el primer panel de la audiencia, el periodista Blake Fleetwood, aseguró que tenía en su poder una grabación de Posada en la década de los 80, en la cual este admite «saber» de varios atentados contra intereses cubanos en América Latina y prometió entregar estas cintas al subcomité para que contaran entre las pruebas. Admitió que, aunque quiso entregar esta evidencia al FBI, este no quiso recibirlas cuando él se las ofreció.

Jeff Flake, republicano de Arizona, intervino para decir que está «asombrado e indignado» por el hecho de que el gobierno jamás le haya pedido las grabaciones ofrecidas por Blake Fleetwood, particularmente después de la llegada de Posada a Estados Unidos en el 2005.

Después de una hora de receso, a las 6:15 p.m., comenzó el segundo panel en el que intervinieron Peter Kornbluh, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington; Ann Louise Bardach, periodista, y Roseanne Persaud Nenninger, hermana de una de las víctimas guyanesas del atentado contra el avión de Cubana en 1976.

Kornbluh defendió la tesis de la culpabilidad de Posada y se basó en documentos desclasificados de la propia CIA, más las confesiones de los ejecutores materiales del atentado, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, inmediatamente después de ser capturados en Trinidad.

«El Departamento de Justicia sigue tratando este caso como un caso de inmigración. Posada Carriles tiene una larga historia de actos violentos», dijo y añadió que EE.UU. exige acciones contundentes de otros países en contra del terrorismo.

Flake admitió que no sabía que hubieran destruido evidencias que inculpan a Posada Carriles como el autor de los sabotajes en los hoteles de La Habana, como informó Ann Louise Bardach en su testimonio. Delahunt comentó que le pedirá inmediatamente al Fiscal General información sobre las pruebas destruidas.

Acerca del dinero destinado a sacar a los terroristas de Panamá y la petición de un grupo de congresistas al gobierno de Mireya Moscoso —Ileana Ros-Lehtinen y los hermanos Lincoln y Mario Díaz-Balart—, Bardach dijo que son hechos inconcebibles que merecen una explicación en el Congreso.

Roseanne Persaud Nenninger, hermana de una de las víctimas del atentado, dijo que acudió a la audiencia «para ponerle rostro humano a la tragedia, perdí a mi hermano hace 31 años y el Gobierno de Estados Unidos no ha hecho preguntas».

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