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El presidente Evo Morales firmó y promulgó la ley de pensión vitalicia a la vejez frente a su pueblo concentrado junto al Palacio de Quemados. Foto: ABI Enfrentando las muchas presiones con que se le quiere asfixiar, el proceso para la refundación de Bolivia acaba de anotarse otro triunfo: el Bono Dignidad es una realidad promulgada ya por el presidente Evo Morales, luego de que el proyecto pasara, finalmente, la prueba de fuego del Congreso.
El Senado, tamiz donde su mayoría opositora ha hecho perecer ya decenas de propuestas del ejecutivo, pretendió frustrar también este intento, asesinándolo antes de nacer. La «variante» sugerida por la Cámara Alta para que la renta a la vejez se pagara con el dinero proveniente del Impuesto a las Transacciones Financieras, de las utilidades del Banco Central y de lo que aportan las empresas privatizadas, pronto habría dejado sin fondos al Bono y, seguramente, cuestionado al gobierno.
Pero el plan no funcionó. Con la ausencia de legisladores de la oposición que, según unos, quisieron impedir la votación dejando incompleto el quórum y que, según otros, habrían sido impedidos de entrar al hemiciclo por campesinos movilizados para apoyar el proyecto del gobierno, el Bono Dignidad recibió el visto bueno legislativo a altas horas del martes, y este miércoles fue anunciado por Evo Morales en medio de los vítores de miles de ancianos y gente de pueblo.
El episodio constituye el segundo paso en firme en pocos días, de un ejecutivo asediado por la oligarquía y la derecha, y obligado por ello a avanzar paso a paso al tiempo que se reitera el respaldo popular con que cuenta.
A inicios de esta semana, y con el manto protector de cientos de movilizados, la Asamblea Constituyente aprobó el texto general de la nueva Carta Magna desafiando a las turbas enardecidas por los enemigos de la refundación, quienes llegaron a los golpes y el virtual secuestro de algunos asambleístas.
Ahora, el Bono Dignidad nace en su versión original —con dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos—, pero desafiando aún las protestas de los prefectos de la llamada Media Luna —Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, a los que se han sumado Cochabamba y Chuquisaca—, bajo cuyo llamado se realizaba este miércoles un paro transportista en esos seis departamentos.
Los peligros no cesan. Insistentes denuncias desde el ejecutivo dan cuenta de la existencia de un plan golpista que contempla, precisamente, las huelgas del transporte, el encarecimiento de los alimentos, la escasez de combustible y la inestabilidad, aunque no deben descartarse otras maniobras.
Hace unos días, a tenor de la presencia policial en Sucre para proteger a los constituyentes agredidos, trascendió la «queja» de alguna de esas figuras de la oposición ante la OEA, por lo que tergiversadamente aquel calificó como una actitud violenta y «represiva» de una policía que, por cierto, retiró a sus hombres de la ciudad, bajo el argumento de que el sitio no era seguro.
Ello podría ser el asomo de una jugarreta tan sucia y riesgosa como la desestabilización: azuzar la violencia y, después, usarla como excusa para pedir la intervención extranjera.
