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LA PAZ.— La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), que ha aceptado propiciar un acercamiento entre el Ejecutivo y los prefectos de la llamada Media Luna Ampliada, criticó este lunes las demandas autonómicas que impulsan esas autoridades departamentales y comités cívicos que, dijo, solo buscan favorecer a «los mismos grupos que siempre han sido los privilegiados».
En un documento titulado Para que el pueblo tenga vida, referenciado por Notimex, el episcopado local afirmó que «las autonomías no pueden favorecer solamente a los mismos grupos que siempre han sido los privilegiados», y llamó a pensar en el «bienestar de todo el pueblo boliviano».
La exhortación tiene lugar luego de que los prefectos opositores cuestionaran la convocatoria al referendo constitucional previsto por el gobierno para el mes de mayo, en tanto insisten en consultas autonómicas departamentales que han sido declaradas ilegales por el Congreso.
En el texto dado a conocer este lunes, la Conferencia Episcopal afirmó que el proyecto de nueva Carta Magna elaborado por la Asamblea Constituyente, que debe ser ahora aprobado por el pueblo, y los estatutos autonómicos que promueven los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija «recorren caminos paralelos y enfrentados».
Aunque los obispos afirman también que la nueva Constitución «no puede entenderse al margen de las autonomías departamentales, ni estas pueden tener lugar sin un marco constitucional que las regule», lo cierto es que ese tema está recogido en el texto de la Carta Magna propuesta.
Según los prelados, debe haber un pacto social. Pero los prefectos opositores entorpecieron el diálogo convocado por el gobierno, y ahora dudan en retomar las conversaciones.
En declaraciones reportadas por ABI el domingo, el portavoz de la Presidencia, Álex Contreras, advirtió que si la oposición mantiene condicionamientos a la reinstalación del diálogo, lo precipitará a un fracaso.
«Vemos en la oposición que falta una voluntad política clara, real y concreta para dialogar», añadió.
Los prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de Santa Cruz, Rubén Costas, condicionaron su retorno a la mesa de diálogo con el Ejecutivo a la restitución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que son usados en sus presupuestos para pagar la Renta Dignidad, agregó ABI.
