Viaje al siglo XIX (en 65 horas) - Internacionales

Viaje al siglo XIX (en 65 horas)

El académico español Rafael Escudero conversa con JR sobre la pretendida ampliación de la jornada laboral en la Unión Europea

Autor:

Luis Luque Álvarez

Una factoría de 1890: ¿nostalgia por esos tiempos? Según la Organización Internacional del Trabajo, nadie puede laborar más de 48 horas semanales. Pasarse de ese borde podría conducir a enfermedades, trastornos psicólogicos, alteraciones del sueño, fatiga... Por ello, más de 90 años atrás quedó fijado ese límite.

Sin embargo, según se reportó hace varios días, los ministros de Trabajo de la Unión Europea (excepto el de España, que se abstuvo) acordaron ampliar a 65 horas el tiempo de trabajo. Ah, claro, para «quienes quieran», para el trabajador que, si deseara echarse algo más al bolsillo, llegue a un arreglo con su empleador y permanezca en su puesto más allá del timbre, a riesgo, quizá, de salir a la calle como el personaje interpretado por Chaplin en Tiempos modernos: moviendo mecánica y obsesivamente los brazos, atornillando en el aire...

Visto el ascenso económico y comercial de naciones como China e India, Europa quiere ser competitiva. Más producción, menores costos. Por eso, lo que el comisario de Asuntos Sociales de la Unión Europea, el checo Vladimir Spidla, definió como «un nuevo impulso a la Europa social», será exactamente lo contrario: unos trabajadores se separarán del colectivo para pactar sus propias condiciones con el patrón, en detrimento del resto, de aquellos que no puedan extenderse o que deseen preservar inalterable su tiempo de descanso. En consecuencia, se «privilegiará» a los primeros, y será más fácil prescindir de los segundos, a los que se les podrán imponer condiciones más duras si no quieren ir a la calle.

A nivel europeo, aquel país que se permita no autorizar las 65 horas (el caso de España), se arriesga a observar cómo las empresas se marchan hacia otros de su entorno, donde sí les permitirán hacer un buñuelo del trabajador. «No es obligatorio, pero si no lo aplicas, ¡allá tú con tus desempleados...!».

Es como si las lecciones de la Historia no sirvieran para nada. Como si no se recordara que, para poder reducir la jornada laboral a ocho horas, salieron los obreros a las calles en el siglo XIX y se sucedieron los estallidos sociales. En Chicago, en 1886, esa fue la principal reivindicación. Y hubo sangre. ¿Alguien necesita reeditar escenas así?

En busca de criterios desde la Unión Europea, JR conversó con Rafael Escudero Alday, profesor titular de Filosofía del Derecho, de la Universidad Carlos III de Madrid.

—¿Qué opinas sobre el tema de autorizar las 65 horas laborales?

—Que, si al final esta Directiva se aprueba, será el atentado más grave a los derechos sociales que se ha producido en la Europa comunitaria en los últimos tiempos. Es verdad que la Unión Europea nunca se ha caracterizado por una política clara en favor de los derechos de los trabajadores, pero este último acto constituye la gota que desborda el vaso. Si se aprueba, difícilmente se podrá hablar en el futuro de democracia en Europa. Una democracia sin protección de derechos sociales no podrá ser considerada democracia. Y a ello es hacia lo que avanzamos a marchas forzadas.

«No conviene separar este hecho de la cada vez menor protección y mayor reacción agresiva contra los inmigrantes extracomunitarios. El caso de la Italia de Berlusconi, con su obsesión de introducir el delito de inmigración clandestina, es el ejemplo más claro de ello.

«Límites a la inmigración, construcción de la “Europa fortaleza”, y pérdida de derechos sociales: ese es el futuro hacia el que va la Unión Europea, con el apoyo decidido de los Estados que la integran. Por ejemplo, el gobierno español, que se mostraba contrario a la Directiva, cuando llegó la hora de votar, se abstuvo. ¡Es lamentable!».

—Esta medida deberá pasar por el examen del Parlamento Europeo. Considerando cómo acaban de aprobar la Directiva del Retorno de los inmigrantes pobres e indocumentados, ¿crees que haya posibilidades de que las 65 horas sean desestimadas?

— Hoy por hoy me temo que no hay ninguna posibilidad de que se desestimen. No hay ninguna voluntad política de rectificar. Es más, las medidas que se vayan aprobando a partir de ahora irán todas en la misma línea.

«La penúltima vergüenza ha sido la aprobación de la Directiva del Retorno: un nuevo ataque a los derechos humanos. Esta vez, la mencionada iniciativa ha contado incluso con el voto favorable de los eurodiputados socialistas españoles, salvo dos honrosas excepciones».

—¿En qué grado afectarán las 65 horas al Estado social y traerán de vuelta las condiciones laborales del siglo XIX?

—La Directiva supone tirar por la borda cien años de lucha sindical. Espero que los sindicatos de clase reaccionen como es debido ante un ataque de tal calado a su propia existencia.

«Hay que tener en cuenta que esta Directiva, de aprobarse finalmente, establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta 60 horas semanales (65 en el sector de la sanidad), frente a la tradicional reivindicación sindical de 35 horas semanales, basada en el principio de trabajar menos para trabajar todos. Se abandona un modelo solidario y se prima un modelo absolutamente individualista.

«Es también claramente antisindical la fórmula contenida en la propuesta de Directiva, y llamada de opting-out. Significa esto que el trabajador puede "pactar libremente" con el empresario la duración de su jornada de trabajo, frente a los límites que puedan imponer el convenio colectivo y la ley.

«El trabajador queda entonces desprovisto de la protección que le ofrece la fuerza del sindicato. Esa es la libertad que supuestamente se le ofrece.

«De igual modo, la ampliación del número de horas impedirá la contratación de más trabajadores por parte del empresario, de manera que es de suponer una ampliación del número de personas desempleadas. Y se afectará negativamente la conciliación entre la vida laboral y la vida personal y familiar. Además de que la extensión del horario de los médicos y el personal sanitario puede afectar directamente a la prestación del servicio sanitario público, lo que redundará en perjuicio de otro derecho social: el derecho a la salud.

«En definitiva, se generará un modelo de "dumping social" con el objetivo de incrementar las diferencias entre personas, clases sociales y países: se propone una igualación por debajo, hacia el empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las personas».

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