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Ibarretxe, jefe del gobierno vasco, se dirige el Parlamento autonómico. Foto: Reuters ¿Qué tiene de malo hacerle dos preguntas al público? ¡Nada! Cualquier marca jabonera puede elaborar una encuesta y aplicarla en el ámbito social de su interés. Ahora bien, si quien plantea las interrogantes es una autoridad política, se entiende que lo hace no por mera curiosidad, sino para tomar decisiones de fondo a partir del resultado.
En sintonía con lo segundo, el viernes pasado, el jefe del gobierno del País Vasco, Juan José Ibarretxe, sacó adelante por la mínima en el Parlamento autonómico su idea de convocar una consulta pública el 25 de octubre, para preguntarles a los ciudadanos vascos sobre el futuro que desean para esa región del norte de España.
Las dos cuestiones que estos verán —o podrían ver— impresas en la boleta son, en primer lugar, si están de acuerdo en «apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente (el grupo armado separatista) ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre», y en segundo, si aprueban «que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010».
Desde Madrid, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha asegurado que, en cuanto salga publicada oficialmente la convocatoria, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, mientras que Ibarretxe, del Partido Nacionalista Vasco, se aferra a la supuesta legalidad de la decisión «porque una consulta no vinculante no es un referéndum y, por tanto, no está sujeta a los requisitos del artículo 149 de la Constitución» de 1978.
El mencionado artículo reza que solo el Estado español tiene potestad para convocar referendos, pero Ibarretxe explica que, como el resultado no obliga, no se trata de un referéndum; aunque el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define este como: «Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone».
Como habrá votación, y como se pretende que el pueblo, en efecto, ratifique una iniciativa de quienes ejercen el poder —dentro de los límites autonómicos— en el País Vasco, tal vez no haya que andarse friendo el cerebro en cuestiones semánticas, o sobre cuál es la palabra que más conviene. La realidad es que la gente se pronunciará en las urnas, como en una elección o en un plebiscito. Y se destinará dinero a organizar ese evento.
Por otra parte, ya que Ibarretxe señala que la consulta no será vinculante, mi pregunta, desde la distancia, es: ¿y por qué entonces decidió pedirle autorización al Parlamento? Si lo que se desea es mostrarle a Madrid cuál es el deseo de la sociedad vasca —si independizarse de España o mantenerse dentro de ella— ¿por qué no arregló un mecanismo menos grandilocuente? Como decíamos al principio, ¿no habría bastado tal vez con un grupo de sondeos efectuados por empresas encuestadoras serias? Ante la escasa probabilidad de que el gobierno central, con la Constitución en la mano, aceptara una consulta en las urnas, ¿para qué proponerla y desgastarse?
Y por supuesto, mirando al otro lado, reafirmo lo que dije en otro comentario: si la Carta Magna no satisface las necesidades de los nuevos tiempos y de todos los colectivos, habría que pensar en reformarla. Nadie está hablando de los Diez Mandamientos, sino de leyes y disposiciones susceptibles de cambiar.
Pero mucho antes de que eso ocurra —si llega a ocurrir—, ya estará aquí el 25 de octubre, jornada de la consulta. Para algunos, habrá un verdadero choque de trenes ese día. Otros creen que las dos locomotoras se detendrán a tiempo, porque a nadie le interesa un desastre.
Sigamos observando...
