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Bajo amenazas solo hubo paro parcial

La medida de presión es un pretexto de la oposición para dividir al país y desestabilizar al actual gobierno

Autor:

Juventud Rebelde

El pueblo de Plan 3000 se manifestó contra la huelga. Foto: Reuters LA PAZ, agosto 19.— El gobierno boliviano confirmó este martes que el paro de 24 horas, organizado por prefectos opositores de cinco regiones se concentraba en sus capitales, mientras en las provincias las actividades se mantienen normales.

El viceministro del Interior, Rubén Gamarra, explicó a PL que al llamado del Consejo Nacional Democrático (CONALDE) solo respondieron las ciudades de Trinidad (Beni), Cobija (Pando), Sucre (Chuquisaca), y Santa Cruz y Tarija, en los departamentos del mismo nombre.

Agregó que «más que una medida de conciencia cívica es fundamentalmente un paro que se ha ido cumpliendo parcialmente bajo amenaza de grupos de choque juveniles y de otros grupos autonomistas radicales», pero en las zonas periféricas y en las provincias, las actividades laborales se desarrollaban como cada día, y fue creciente el rechazo a la huelga.

Gamarra denunció el incremento de la ola de violencia desatada en la comunidad humilde Plan 3000, de Santa Cruz, cuyos vecinos, en su mayoría comerciantes, repudiaron la huelga.

En esa localidad se produjeron los primeros enfrentamientos, con saldo de decenas de heridos, luego que miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, grupo de choque de la oposición, penetraron armados y en automóviles para intentar instalar el paro por la fuerza.

Al menos tres miembros de la agrupación extremista, según la estatal Radio Patria Nueva citada por PL, fueron arrestados y conducidos a unidades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y en Plan 3000 hubo presencia de unidades antimotines para evitar nuevos actos de violencia.

El paro del CONALDE, que podría generar notables pérdidas económicas, responde a demandas de prefectos opositores sobre la devolución del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), cuyos recursos el gobierno de Evo Morales destina a proyectos sociales en beneficio de todo el país, pero de los cuales quieren apoderarse los prefectos.

Según Isaac Ávalos, presidente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la medida de presión es un pretexto de la oposición para dividir al país y desestabilizar al actual gobierno, algo que no permitirán jamás.

EL IDH es fruto de las luchas de campesinos e indígenas, de ahí la justa exigencia de que los recursos que se obtengan por esa vía sean para obras en beneficio de todo el país y de planes tan humanos como una renta vitalicia para personas mayores de 60 años, acotó.

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