25
Serían utilizadas en plan golpista cívico-prefectural, dicen las autoridades bolivianas. Nuevas denuncias contra el ex prefecto de Pando, instigador de la matanza de El Porvenir
LA PAZ, octubre 9.— El viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, aseguró este jueves que la detención de cuatro sospechosos y la incautación de un arsenal de armas de guerra representan un duro golpe al plan cívico-prefectural que intentó derrocar al gobierno del presidente Evo Morales, reporta la agencia noticiosa ABI.
La Policía Nacional desmanteló la noche del miércoles un arsenal de armas de guerra en Santa Cruz mediante la operación «Arsenio», aprehendió a cuatro personas y decomisó cinco vehículos. El alijo de armas comprendía 3 000 municiones, granadas de guerra, equipos de comunicación, ametralladoras, cohetes antitanque, lanzagases y otros.
«Es una prueba más de aquello que el gobierno manifestó, del golpe cívico prefectural que se anunció. Por tanto se han preparado para la guerra, no para las discusiones con ideas», indicó Gamarra, quien dejó claro que no se trata de armas de caza o deportivas, sino del arsenal de una organización criminal preparada para sembrar muerte, zozobra, miedo y terror en la población.
El Viceministro aclaró que no se trata de un grupo de choque que está armado de bates, escudos y palos, sino de una organización criminal-terrorista destinada a generar muertos y causar terror.
Señaló también que la investigación establecerá la relación de estos hechos con las declaraciones de los cívicos y amenazas de parte del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas.
El Ministerio de Gobierno presentó una querella por los delitos de terrorismo y asociación delictuosas tipificados en los artículos 133 y 132 del Código Penal, contra Sergio A. Heredia Barbery (chofer), Alcides Gutiérrez Ríos (armero), Yery Villavicencio Diez y Roberto Carlos Vásquez Vázquez, los cuatro detenidos, a la vez que aseguró que la investigación seguirá adelante porque no es este el único grupo que existe en Santa Cruz con gran cantidad de material bélico.
A su vez, la agencia ABI también reportó que el ex prefecto de Pando, Lepoldo Fernández —quien está detenido por haber instigado la matanza de campesinos y normalistas ocurrida el pasado 11 de septiembre en las localidades El Porvenir y Filadelfia, de ese departamento—, financió una poderosa red de medios de comunicación y periodistas a su servicio, para estructurar prácticas corruptas en Pando, que acabó con la libertad de prensa y contribuyó a la masacre.
En rueda de prensa en Palacio Quemado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desmenuzó toda la red que tejió Fernández para socavar las bases del sistema de Derecho, apuntalar un régimen departamental corrupto y preservar los privilegios de sus allegados, dijo ABI.
Periodistas, dueños de medios de comunicación, legisladores afines a Podemos, empresarios beneficiados con prebendas y dirigentes cívicos, constituyeron una red mafiosa que despilfarró los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), reveló la agencia noticiosa.
Estos recursos —añade—, descontados en un 30 por ciento para el pago de la renta Dignidad, fueron el principal argumento de Fernández y sus aliados, no solo para convulsionar el país entre agosto y septiembre pasados, sino para impulsar un proceso sedicioso con el propósito de derrocar al presidente Evo Morales.
La masacre de Pando acabó con al menos 18 vidas, decenas de heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos.
