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Dos participantes en el complot son llevados a la prisión en La Paz. Foto: Reuters
LA PAZ, mayo 5.— Autoridades del Gobierno de Bolivia refutaron declaraciones opositoras que pretendían desconocer a la fiscalía cuando los vinculó con la banda terrorista descubierta a mediados del mes pasado en Sucre, y que tenía entre sus planes atentar contra el presidente Evo Morales.En conferencia de prensa, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, manifestó este martes que las acusaciones no se tratan de algún «show» ni de un «invento del gobierno», como dijeron los sindicados, y los instó a presentarse ante la justicia, señaló ABI.
El fiscal Marcelo Sosa denunció el lunes último que el empresario de origen croata y ex líder del opositor político empresarial Comité Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, además del prefecto de esa región boliviana, Rubén Costas, y un ex ministro ultraconservador, Guido Náyar, financiaron al grupo de mercenarios bolivianos y europeos desbaratado el pasado 16 de abril en esa ciudad del oriente boliviano.
En respuesta a algunos involucrados que se niegan a declarar alegando «faltas de garantías» del gobierno y porque consideran —dicen— que fueron involucrados en el caso sin las pruebas necesarias, Wilfredo Chávez los instó a que acudan a hacerlo por «el bien de la justicia y la tranquilidad pública».
Esas personas, recordó, no fueron inculpadas por el Gobierno sino salieron a flote durante la misma investigación o fueron señalados por testigos.
La fiscalía inició interrogatorios a propietarios de hoteles y entidades vinculadas a la banda terrorista y uno de los primeros en declarar será Miguel Salek, dueño de la compañía Falcón, encargada de la seguridad de Fexpocruz, en cuyo stand de la Cooperativa de Comunicaciones (COTAS) hallaron un arsenal de armas y explosivos.
El fiscal Sosa informó que esta semana también comparecerán en La Paz los gerentes de los hoteles Buganvillas, Eduardo Vega; del hotel Asturias, María Díaz Lima; del hotel Santa Cruz, Evelín Leigue; y del hotel Las Américas, Hernán Rossel; y está pendiente la audiencia del testigo clave que, según los acusados, es Ignacio Villapaz, alias «El Viejo».
Por su parte, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, quien fue designado vocero del Ejecutivo en el caso de terrorismo, dijo que solo resta investigar a quienes solventaban al grupo subversivo.
