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ROMA, mayo 14.— La Cámara de Diputados de Italia aprobó este jueves, con 297 votos a favor, 255 en contra y tres abstenciones, el proyecto de ley de seguridad que considera delito la inmigración de personas sin documentación regular, norma que ahora debe pasar al Senado.
Según ANSA, el texto adoptado coloca a Italia entre los países europeos con legislaciones más duras frente a quienes llegan al continente sin documentación en regla.
El proyecto prevé la creación de un delito de «inmigración y permanencia ilegal en la península». La ley, criticada duramente por el Vaticano y por la oposición al gobierno de Silvio Berlusconi, tipifica la inmigración sin papeles como delito, autoriza hasta seis meses el período de detención de esas personas, y permite la formación de patrullas locales contra el crimen, integradas por civiles voluntarios.
La tipificación como delito no conlleva pena de cárcel, pero quienes estén en esa situación podrán ser multados con montos de entre 5 000 y 10 000 euros.
La norma establece, además, la obligación de denunciar a los inmigrantes que se encuentren en Italia sin papeles regulares.
Solo los médicos que atiendan a esas personas y los directores de escuelas quedarán exentos de la obligación de denuncia. Una pena que va de seis meses a un año de cárcel está prevista, además, para los inmigrantes que, tras haber recibido la notificación de expulsión de Italia, permanezcan en el país.
La ley incluye normas sobre la delincuencia y una serie de medidas orientadas a la lucha contra la mafia, con el endurecimiento de penas y la introducción de la obligación de denunciar el pago del «pizzo» (impuesto mafioso). Otra medida es la creación de las llamadas «rondas» de ciudadanos, que podrán denunciar a las fuerzas de seguridad situaciones que consideren de riesgo.
La introducción del delito de inmigración ilegal provocó la reacción de la oposición y de muchos abogados, que denunciaron que esta puede determinar que muchas mujeres no puedan inscribir en el registro civil a sus hijos, pues al hacerlo serían denunciadas.
Esos hijos, nacidos en Italia pero no inscritos ante las autoridades civiles, constituirán el fenómeno conocido como «los niños invisibles».
El proyecto de ley también provocó la reacción de la Conferencia Episcopal Italiana, que denunció que el texto ignora el objetivo deseado de la integración social de los inmigrantes.
Berlusconi declaró no estar informado de las críticas. En relación con la repatriación forzada de las personas indocumentadas socorridas en altamar, reiteró que «está en línea con las directivas europeas» y «es necesaria como disuasivo frente a los constantes desembarcos de extranjeros».
Por su parte, el jefe del opositor Partido Demócrata (PD), Dario Franceschini, se manifestó preocupado por el tema de los «niños invisibles», y sostuvo que el Ejecutivo eligió transformar barcos repletos «de desesperados que escapan de guerras y violencias, en un spot electoral para ganar algún voto más».
También Antonio Di Pietro, el ex fiscal de Manos Limpias y ahora jefe del partido Italia de los Valores, criticó duramente el decreto ley, tanto en relación con el delito de inmigración ilegal como respecto a las rondas ciudadanas para patrullaje, que tendrá, dijo, «efectos devastadores en zonas donde operan la Mafia y la Camorra».
