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Ginebra, junio 5.— Cuba volvió a referirse a la injusticia en el caso de cinco luchadores antiterroristas prisioneros en cárceles estadounidenses desde hace más de una década, durante los debates correspondientes a este año en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), reportó PL.
El embajador cubano en Ginebra, Juan Antonio Fernández, abordó el tema en ocasión de la discusión interactiva con los Relatores de ese organismo sobre Independencia de Jueces y Abogados, y la Libertad de Opinión y Expresión.
En torno al primer punto, el diplomático felicitó especialmente el hecho de que el Relator aborde los parámetros necesarios para garantizar de manera efectiva la independencia de los magistrados.
Sin embargo, Fernández subrayó que hubiera sido importante que el análisis incorporara el impacto que tienen en la actuación imparcial de los tribunales, factores como una prensa manipuladora que incita al odio, una comunidad predispuesta, y una sede viciada. Estos, junto a la actitud vengativa del gobierno de Estados Unidos, entre otros, están presentes en el caso de los cinco luchadores antiterroristas cubanos, presos políticos en Estados Unidos, argumentó.
El embajador recordó que la detención de Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo del CDH, y, además, el Relator Especial ha enviado una carta de alegación a la administración estadounidense.
«Once años después de su injusto encarcelamiento, los Cinco continúan brindando al mundo un ejemplo de resistencia inquebrantable y fe en la justicia», sentenció el jefe de la misión diplomática de la Isla, quien además instó a la comunidad internacional a ofrecer el más amplio apoyo al logro de la pronta liberación de los luchadores cubanos, «dignos paladines de la lucha contra el terrorismo».
Por su parte, respecto al informe relacionado con la libertad de opinión y expresión, el embajador cubano alertó acerca de la actuación del Relator con ciertos mecanismos regionales y otras instituciones de dudosa reputación tales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Según precisó, hubiera sido útil también un análisis de las premisas básicas para poder acceder a la información en situaciones de extrema pobreza, especialmente, la garantía del derecho a la educación, notoriamente afectado en este tipo de escenario.
«En opinión de Cuba, existe un vínculo innegable entre el ejercicio del derecho a la educación y la libertad, y capacidad real del individuo de participar en la vida política y social en cualquier comunidad», explicó.
