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Pueblos indígenas exigen sus derechos. Foto: AIDESEP LIMA, julio 5.— Al menos 20 indígenas murieron, y otras 30 personas resultaron heridas como resultado de la acción de la policía peruana en la región amazónica, donde miles de pobladores se mantienen en pie de lucha para rechazar decretos que atentan contra sus derechos territoriales y sociales, reportó Telesur.
Aproximadamente a las seis de la mañana, los cuerpos de seguridad iniciaron los desalojos de los manifestantes, quienes bloqueaban carreteras y cerraban pasos en la zona en defensa de sus demandas, reportó el corresponsal de la televisora en Baguas, quien precisó además que había unos 36 heridos.
«Hay mucho caos en el hospital, se están acabando las medicinas para atender a los heridos», dijo el corresponsal, quien reportó que hubo intercambio de disparos y bombas lacrimógenas, y que habían sido incendiadas las sedes de la Gobernación y del Partido Aprista (en el gobierno), así como la oficina de Sanidad y la de la Policía.
En entrevista exclusiva para Telesur, el dirigente Alberto Pizango denunció que «el gobierno de Alan García ha perpetrado la peor matanza de nuestro pueblo en los últimos 20 años», y opinó que debía iniciarse una negociación para resolver el conflicto.
«Solicitamos la intermediación internacional para solucionar los problemas. Esto ya llegó muy lejos porque la vida no se puede renovar», agregó.
Más temprano, el líder indígena Servando Puerta había confirmado cinco muertos, «pero exactamente no se sabe si hay menos o más».
Puerta explicó que los fallecidos recibieron impactos de bala y narró que los helicópteros habían arrojado bombas lacrimógenas contra los manifestantes.
Sin embargo, medios peruanos informaron que solo había fallecido una persona, un policía que presuntamente sobrevolaba la zona en un helicóptero, y que habría recibido impactos de bala supuestamente propinados por los indígenas. Según Telesur, hay 12 uniformados muertos.
Los reclamos se intensificaron este viernes luego de que, la víspera, el Congreso peruano aplazara el debate sobre el decreto 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que forma parte de una decena de legislaciones cuya derogación reclaman los indígenas. En atención al movimiento de protesta, el Gobierno ha decretado el estado de emergencia en cinco zonas.
Los indígenas iniciaron las movilizaciones hace varias semanas en reclamo de que se deroguen los decretos, cuya existencia responde a la «necesidad» de cambios legislativos dictada por la entrada en vigor del TLC con EE.UU., según ha reconocido el ejecutivo.
Los indígenas, sin embargo, aducen que tales leyes abren la puerta de la amazonía, sin límites, a las transnacionales, en detrimento de sus derechos ancestrales.
