Los presidentes Zelaya, Ortega, Chávez y Correa en la reunión de Managua. Foto: Reuters MANAGUA, junio 29.— Ante la urgencia de la situación, los Gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se reunieron aquí de manera inmediata en un Consejo Presidencial de carácter extraordinario, con el objetivo de acordar acciones contundentes para derrotar el golpe de Estado en Honduras, apoyar al heroico pueblo de Morazán y restablecer incondicionalmente al presidente Manuel Zelaya Rosales en sus funciones legítimas.
Entre las medidas más importantes tomadas por el grupo integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda, decidieron «retirar nuestros Embajadores y dejar en su mínima expresión nuestra representación diplomática en Tegucigalpa, hasta tanto el gobierno legítimo del presidente Manuel Zelaya Rosales sea restituido en sus funciones».
De igual manera reconocen como únicos representantes diplomáticos de Honduras al personal designado por el presidente Zelaya.
Instaron también, como miembros plenos de los distintos sistemas de integración del continente a los países hermanos de Unasur, SICA, Caricom, Grupo de Río, ONU y OEA a proceder de igual forma ante los agresores del pueblo hondureño.
En el documento acordado en Managua se declararon en alerta permanente para acompañar al valiente pueblo de Honduras en las acciones de lucha que han convocado, e invocaron el contenido de los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Honduras, que dicen textualmente:
«Art. 2: La Soberanía corresponde al Pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación. La Soberanía del Pueblo podrá también ejercerse de manera directa, a través del Plebiscito y el Referendo. La suplantación de la Soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de Traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano».
«Art. 3: Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional».
La declaración insiste en que los principios del Derecho Internacional respaldan los actos de resistencia y rebelión del pueblo frente a los intentos de dominación, y asegura a los maestros, obreros, mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas, empresarios honestos, intelectuales y demás actores de la sociedad hondureña, que juntos «conquistaremos la gran victoria frente a los golpistas que pretenden imponerse al bravo pueblo de Francisco Morazán».
El pueblo será vuestro juez, advierte a los golpistas, a quienes les hacen saber «que les será imposible imponerse y burlar la justicia internacional, a la que tarde o temprano serán sometidos», y «a los oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras, les hacemos un llamado a que rectifiquen y pongan sus armas al servicio del pueblo de Honduras y de su comandante general, el presidente José Manuel Zelaya Rosales».
Además, los países miembros del ALBA, en consulta con los gobiernos del continente y con diversas instancias que garantizan el cumplimiento del Derecho Internacional, afirman que están adelantando medidas para que las graves violaciones y los crímenes que se están cometiendo, no queden impunes.
El único camino que les queda a los golpistas es deponer su actitud y garantizar de manera inmediata, segura e incondicional, el retorno del presidente Manuel Zelaya Rosales a sus funciones constitucionales.
Asimismo, proponen que se apliquen medidas sancionatorias ejemplarizantes en todos los mecanismos e instancias multilaterales y de integración, que contribuyan a hacer efectiva la restitución inmediata del orden constitucional en Honduras, y otorguen vigencia al principio de acción que nos legara José Martí cuando dijo: «Haga cada uno su parte de deber, y nada podrá vencernos.»
