Usurpadores atentan contra la reforma agraria en Honduras

Se estima que el brutal desalojo del Instituto Nacional Agrario en Tegucigalpa, por parte de los golpistas busca revertir las entregas de tierra efectuadas por el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Treinta y ocho campesinos permanecen detenidos en Honduras luego del brutal desalojo por los militares, el miércoles, del Instituto Nacional Agrario (INA), y se les imputan los cargos de sedición y daños, que podrían acarrearles un mínimo de diez años de injusta prisión.

La falta de pruebas del Ministerio Público es el principal argumento de los letrados que, como la doctora Carla Escalante Alegría, se han movilizado en defensa de los trabajadores rurales. El propio miércoles, el primer contacto telefónico de JR la sorprendió caminando apresurada por los pasillos de los tribunales, en procura de la libertad de los arrestados, que a esa hora sumaban 55.

Un día después, 17 habían salido, 11 de ellos con arresto domiciliario: cinco «adultos mayores» y seis mujeres. Los otros fueron cuatro empleados públicos y dos menores que, como el resto, sufrieron la furia militar en el momento del asalto a la sede del INA.

La acción se inscribe en los actos de represión de un régimen que sigue tratando de sembrar el terror mediante la violencia, o crea falsos expedientes como los que se acaban de abrir a los campesinos aún bajo arresto arbitrario.

Escalante Alegría, miembro de Abogados de la Resistencia —que nació ante las reiteradas violaciones del golpismo y la inacción del Colegio de Abogados de Honduras— afirma que «legalmente no hay nada de qué acusarlos, aunque podrían instaurar contra ellos un juicio eminentemente político».

En su opinión, el asalto fue una agresión contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad hondureña, y busca «sentar un precedente para que la resistencia se atemorice» porque contra ellos, afirma, «no hay pruebas». Incluso, Carla estima que el desalojo estaba pensado desde que el golpismo se arrogó la «facultad» de prohibir el derecho de reunión y desalojar las instituciones públicas con el criticado decreto de emergencia dictado por Roberto Micheletti el fin de semana pasado.

«La única institución pública que estaba tomada era esa y los campesinos llevaban allí tres meses de ocupación pacífica contra el golpe. Solo así, con la violencia y bajo el decreto, pudieron desalojarlos», afirmó.

En su opinión, sin embargo, hay un fin más perverso todavía que el desaliento de la protesta pacífica. «Creo que también quieren retrotraer la reforma agraria que se había empezado a impulsar con el gobierno de Zelaya, con un decreto que favoreció a         1 500 familias del campo que recibieron sus títulos de posesión de tierras».

Escalante Alegría asegura que los golpistas «van a querer abolir ese decreto». Pero otros defensores de los derechos humanos en Honduras estiman que entre los objetivos del asalto había algunos más arteros como, precisamente, la apropiación de los títulos que beneficiaron al millar y medio de núcleos agrarios, para quitarles la tierra.

Cuando la resistencia volvía a desafiar al golpismo con cientos de personas concentradas, este jueves, frente a la Embajada de EE.UU., el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenaba unánimemente los excesos del régimen y exigía respeto a la vida de Zelaya y a la integridad de la Embajada de Brasil, donde aún se encuentra el mandatario hondureño, quien fue visitado allí por diputados del gigante conosureño.

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