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Continúa prófugo ex candidato presidencial opositor en Bolivia

El Ejecutivo dejó en manos de la justicia el caso de Manfred Reyes Villa, sobre el cual pesan cargos de corrupción, para que defina la situación en ese terreno y no en el de la política post electoral

 

Autor:

Juventud Rebelde

LA PAZ, diciembre, 17.- El ex candidato presidencial Manfred Reyes Villa, del opositor Plan Progreso para Bolivia (PPB), continúa hoy prófugo de la justicia, acusado de delitos de malversación y fraude, publicó Prensa Latina.

Según dijo la víspera a la prensa el vicepresidente Álvaro García, el Ejecutivo deja en manos de los tribunales al también ex prefecto de Cochabamba, sobre el cual pesan cargos de corrupción, para que defina su situación en ese terreno y no en el de la política post electoral.

«Ese caso lo dejo en manos de la justicia, que defina la situación, que tome las decisiones que vea conveniente. No es un tema político, es un tema eminentemente jurídico», remarcó.

Sujeto a investigaciones por sospechas de corrupción en su gestión en la Prefectura de Cochabamba (2006-2008), Reyes Villa se declaró en la clandestinidad en diálogo telefónico con televisoras privadas.

La Corte Nacional Electoral también acusa al ex candidato de fraude, a partir de una cinta magnetofónica en que ofrece 150 mil dólares por manipular las cifras de la votación nacional.

El ministro del Interior, Alfredo Rada, sopesó ayer la posibilidad que Reyes Villa haya huido del país a pesar del impedimento ordenado por la justicia y de los férreos controles en terminales aéreas nacionales e internacionales y en puestos fronterizos.

Según García, si Reyes Villa no es culpable «lo debe demostrar, pero si hay responsabilidad, una huida estaría siendo una admisión de culpa tácita».

De acuerdo con la Contraloría General, el líder de PPB malversó más de 17 millones de bolivianos (poco más de 2,4 millones de dólares) de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Reyes Villa también enfrenta un juicio de responsabilidades por la masacre de octubre de 2003, cuando la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada ordenó reprimir una manifestación que dejó un saldo de 68 muertos y más de 400 heridos, concluye el cable de PL.

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