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Los acusados cuando eran trasladados por las autoridades haitianas. Autor: Reuters Publicado: 21/09/2017 | 04:54 pm
Hay que estar sumido en el más absoluto desespero para entregar un hijo, aunque sea bajo la promesa de que tendría una vida mejor lejos del calor materno. Es mi percepción. Pero la situación que vive la mayor parte de la población haitiana, tras la debacle del pasado 12 de enero, podría explicar una decisión como esa.
Sin embargo, el fin no puede nunca justificar los medios. Bajo esos argumentos defienden su actuación los diez norteamericanos, que intentaron sacar de Haití ilegalmente a 33 niños a través de República Dominicana y que ya fueron formalmente acusados de secuestro por el gobierno haitiano.
Luego de ser sorprendidos y aprehendidos, los miembros del grupo alegaron que los pequeños —en edades entre los dos meses y doce años— eran huérfanos a los que les intentaban dar una vida mejor. Pero esa razón ha sido claramente desmentida por las autoridades haitianas y por las propias víctimas y sus padres, quienes alegan haber sido persuadidos con pretextos falsos para entregar a sus hijos.
Así resalta el caso de una niña de ocho años que pensó que su madre la enviaba de vacaciones, testimonio que se constata con el de otra mamá que acudió desesperada ante la justicia a recoger a sus hijos y mostró una carta procedente de la organización secuestradora que rezaba: «Tenemos un hermoso lugar para vivir con un campo de fútbol, piscina, muy cerca del mar. Contamos con la autorización del gobierno para llevar a los niños y bebés de hasta diez años a estos orfanatos de República Dominicana».
Otros de los pequeños rescatados confirmaron que tienen padres, y dieron incluso sus direcciones y números de teléfono.
Un «excelente» historial delictivo tiene en su haber Laura Silsby, jefa del grupo. De acuerdo con un reporte del diario The New York Times, Silsby ostenta un amplio expediente de cuentas judiciales relacionadas con salarios sin pagar, embargos preventivos del Estado y pleitos en cortes por demandas civiles e hipotecas. Su negocio personal, la firma Personal Shopper, ha sido demandada 14 veces en tribunales por pagos atrasados o no cancelados a empleados. Con semejantes antecedentes no deja margen a pensar que su verdadero interés consistía en encontrar en esos pequeños la fuente económica para saldar todas sus cuentas. Ahora, tiene una mayor que pagar con la justicia y la vida.
Silsby, integrante desde 2007 de la iglesia bautista Valle Central, de la localidad de Idaho, en Estados Unidos, aseguró, al ser interrogada por el juez haitiano Isai Pierre-Louis, que llevaría a los niños al balneario turístico dominicano de Cabarete, donde la organización que dirige —Refugio Infantil Vida Nueva—, adquirió un terreno para construir un orfanato.
Sin embargo, la policía haitiana sostuvo que los estadounidenses no contaban con documentos facultativos para transportar menores fuera del país.
Luego del terremoto, que dejó la elevada cifra de más de 200 000 fallecidos —según el último balance gubernamental—, el gobierno haitiano impuso nuevos controles sobre la adopción para evitar el tráfico infantil, pero evidentemente no han sido suficientes. La Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha contabilizado que un alto número de menores de edad ya salieron del país en las tres semanas transcurridas luego del siniestro, que entre las muchas desgracias que ocasionó, destruyó orfelinatos y dejó inhabilitadas a las organizaciones gubernamentales que atienden a estas instituciones.
Ya antes del 12 de enero, la UNICEF estaba preocupada por el incremento del número de niños abandonados y el tráfico de menores en ese país caribeño, y como dato adicional reveló que al menos 70 000 infantes trabajaban como empleados domésticos o sometidos a otra forma de servidumbre. Otra elevada cifra, 300 000, vivían al amparo del gobierno y ONG.
Pasará mucho tiempo antes de que se pueda contabilizar cuánto perdieron los sectores más vulnerables de la población haitiana.
El jueves, el grupo fue legalmente encausado bajo los cargos de secuestro de menores y asociación criminal. Corresponde ahora únicamente al sistema judicial haitiano decidir las penas correspondientes y la forma en que deben cumplirla. Las raíces de este lucrativo y sucio «negocio», que ya se extendían desde tiempo atrás en Haití, no pueden seguir hallando allí el terreno fértil para su expansión.
