Se hacen llamar Pro-Reforma, pero muchos en Guatemala han dado en llamar a ese grupo Contrarreforma porque, lejos de un avance, sus propósitos de cambiar la Constitución significarían una marcha atrás.

Por ejemplo, los derechos sociales de la población quedarían limitados, presuntamente, al mero interés del individuo. Solo que en este caso no se trataría de todos los ciudadanos sino, únicamente, de los representantes de esa oligarquía integrada en los patrocinadores de la iniciativa.

El lenguaje es engañoso. Por ejemplo, se habla de igualdad ante la ley. Pero, según Héctor Nuila, secretario general del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y diputado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso guatemalteco, eso significaría la negación de los intereses sectoriales. «Los derechos de la clase trabajadora, de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas, de la juventud, quedarían anulados».

De paso por Cuba conversa con JR preocupado por esas amenazas, y alerta de peligros como la privatización, con rango constitucional, de los servicios públicos, que quedaría también instaurada si se aprobara el paquete de enmiendas propuestas a 73 artículos de la Carta Magna. Entre ellas, también, la que daría potestad a particulares de asumir las prestaciones sociales, sin autorización previa.

«Crearían una estructura de poder autocrática, en la que el dos por ciento de la población, en relación con sus representantes en el Senado (de 45 asientos) concentraría el poder y el control del Estado».

El resultado sería consecuente con los derroteros de quienes impulsan la iniciativa. Pro-Reforma, explica, «está integrado por un sector oligárquico donde se incluyen actores y descendientes de quienes respaldaron la intervención norteamericana que derrocó a Jacobo Arbenz y participaron luego en el partido que se desprendió de esa intervención, bautizado como Movimiento de Liberación Nacional».

En una región vapuleada por las privatizaciones de los años 80 y 90, y donde el derrotero está puesto ahora, por el contrario, en cambiar las Constituciones para recuperar las riquezas nacionales y el rol del Estado como ente rector, la Contrarreforma se dibuja como un hecho ¿anacrónico o algo peor?

Precisamente, la cada vez mayor presencia en el entramado social guatemalteco de las transnacionales mineras que se enriquecen a costa de lo que debe pertenecer al erario público, es descrita por Nuila como resultado de las permisividades dadas por otra reforma legislativa que exoneró a esas empresas de pagar tributos sobre la renta y de Impuesto al Valor Agregado (IVA), y establece que dichas firmas solo tienen que dar ¡el uno por ciento de las regalías al Estado!

Empero, la Reforma —que por estas causas es «contrarreforma» para hombres como Nuila— podría resultar aún más nefasta si, trascendiendo las fronteras de Guatemala, se usa después como «soporte teórico» para que las fuerzas de la «oligarquía criolla» hagan valer sus aspiraciones en las naciones centroamericanas vecinas; algo que no se puede descartar, sabiéndose después del manipulado golpe en Honduras, que la región está en la mirilla.

Según afirma Nuila, los del grupo Pro-Reforma tienen como soporte teórico a la Universidad de Texas, con sus expertos como asesores que han acudido a hacer lobby al Congreso, en tanto la institución también les brinda financiamiento.

«La arremetida del imperialismo y la extrema derecha continental viene fuerte», advierte el dirigente de la URNG. Por eso estima importante la articulación de esfuerzos, iniciativas y recursos entre las fuerzas progresistas de Latinoamérica.

Rechazo y unidad popular

Setenta de 90 audiencias convocadas por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a solicitud de diversos sectores sociales y personas jurídicas se han pronunciado en contra, lo que habla del rechazo a un proyecto que ha sido objetado, a su vez, por esa misma instancia del Congreso.

Presentado el proyecto, el año pasado, ante el legislativo, Nuila opina que 2010 será crucial para las definiciones, luego que el texto sea presentado al pleno del Parlamento. Después podría convocarse a una consulta popular para que la gente opine.

Pero Nuila entiende que lo mejor sería el establecimiento de una Asamblea Constituyente que diera a los guatemaltecos la oportunidad de reformar todo lo que de verdad debe ser cambiado.

De cualquier forma, sabe que el enfrentamiento a esta estratagema pasa por la beligerancia del movimiento popular. «La lucha social y política tiene que profundizarse», afirma, y reconoce cierta dispersión en el espectro social guatemalteco. El líder de la URNG sabe que un solo haz resulta imprescindible. «Estamos haciendo todos los esfuerzos para que la unidad de la izquierda sea una realidad».