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Cientos de latinos se manifiestan contra la nueva legislación que criminaliza a los imigrantes. Autor: Getty Images Publicado: 21/09/2017 | 04:56 pm
WASHINGTON, abril 24.— Dos grupos hispanos se disponen a presentar sendas querellas contra una ley promulgada el viernes en Arizona que criminaliza a los inmigrantes en ese estado norteamericano, mientras el gobierno federal revisa la legislación para determinar si supone o no una violación a los derechos civiles.
Según EFE, el presidente estadounidense, Barack Obama, calificó ayer como «mal encaminada» la ley de Arizona, antes de que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, la promulgara, y ordenó al Departamento de Justicia que estudie la norma para determinar si viola las leyes federales.
La nueva disposición legal autoriza a la policía a detener, interrogar y exigir documentos a las personas que los agentes tengan razones para sospechar que son inmigrantes indocumentados. Si no lo fueran, pero en ese momento no portaran el documento que probara su residencia, pueden ir a la cárcel.
«Es la ley más inútil, mezquina y reaccionaria del país», dijo el cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles, al protestar contra la disposición. Otros tres obispos se reunieron en un llamado interconfesional, del que participan líderes presbiterianos, episcopales, luteranos, metodistas y judíos, todos opositores a esa ley.
El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación, indicó en un comunicado que la legislación «lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país», por lo que anunció que iniciará una querella contra ella.
Por su parte William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una demanda en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva ley.
«Millones de latinos en todo el país están conmocionados», sostuvo Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30 000 iglesias evangélicas en todo EE.UU., incluidos 300 pastores hispanos en Arizona.
La aprobación de la normativa ocurrió después de que un ranchero fuera asesinado supuestamente por inmigrantes indocumentados o contrabandistas. «No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los narcotraficantes», pretextó Brewer.
