Sudáfrica y los retos de una joven democracia

Después de 16 años sin apartheid, los sectores progresistas sudafricanos siguen enfrascados en la eliminación de los vestigios del régimen segregacionista

Autor:

Jorge L. Rodríguez González

Cuando, el 27 de abril de 1994, Nelson Mandela fue elegido por la mayoría de la población sudafricana para construir el nuevo destino de una nación que hasta entonces había sido manejada por el apartheid, comenzaba una larga y ardiente lucha por la dignidad humana. La nueva democracia multirracial heredaba una crítica degradación social: la población negra no tenía derecho a salud, educación ni a salarios decorosos. Existían fuertes divisiones sociales, raciales y de género. Borrar tanta humillación y levantar un futuro para blancos y negros, sobre la base de la reconciliación y el trabajo conjunto, sigue siendo un camino con no pocos escollos.

Después de 16 años con el Congreso Nacional Africano (ANC) a la cabeza del país, muchas son las conquistas políticas, sociales y económicas que le garantizan seguir siendo el favorito entre las masas, a pesar de las campañas mediáticas organizadas por los partidos opositores en su intento por desacreditar la gestión gubernamental y socavar el apoyo popular que sustenta a esa histórica formación partidista.

Ni siquiera la entrada en la escena política de un nuevo partido —el COPE, Congreso para el Pueblo— presentado como alternativa al ANC y formado por cuadros y militantes escindidos del mismo, ha logrado el resultado deseado por algunas clases elitistas. El COPE apenas se hizo notar en las últimas elecciones, donde una vez más el ANC se impuso como aquel 27 de abril.

Desde 1994, muchos sudafricanos han abandonado sus chabolas para vivir en hogares dignos. Suman ya más de 3,5 millones las casas subsidiadas construidas por el Gobierno, incluyendo 2,7 millones de inmuebles entregados gratuitamente a los más desposeídos, según el Manifiesto del ANC de 2009.

Hoy el 80 por ciento de la población tiene electricidad en sus casas, cuando en 1996 solo un 58 podía disfrutar de ese servicio, y el 88 por ciento de los sudafricanos tienen agua potable, mientras hace 14 años el índice era de 62. También son cada vez más los millones de adolescentes pobres que gozan de garantías sociales y una educación enfocada en eliminar las divisiones de clase, sexo y raza que dejaron las políticas segregacionistas.

Estos siguen siendo los retos de un país que, guiado por la inspiración de Nelson Mandela, continúa enfrascado en la construcción de la justicia y la igualdad social.

Ahora mismo, en su lucha por reducir la pobreza, la administración de Jacob Zuma se muestra muy preocupada por los jóvenes que no encuentran un puesto de trabajo luego de culminar sus estudios. Por ello, subsidiará durante dos años el empleo de unos 800 000 egresados sin experiencia laboral, mediante el reembolso de impuestos a los contratantes. También, el programa de subvención infantil que solo cubría a niños de hasta 14 años, será extendido en los próximos tres años a unos dos millones de adolescentes entre los 15 y los 18 años de edad.

Aunque los números se dicen fácil, no ha sido así para un país que aún tiene una economía dominada por los intereses de las transnacionales, principalmente en el sector minero, uno de los puntales del crecimiento sudafricano, fuertemente sacudido por la crisis mundial. Muchas de las riquezas nacionales siguen con sus viejos dueños. Además, por su conexión con un mundo neoliberal, hoy en aprietos, es presumible que la erradicación de estos problemas seguirá siendo a mediano plazo, aun cuando se vaticina un ligero crecimiento económico.

Salud para todos

Un viejo anhelo del ANC es saboteado por los consorcios farmacéuticos. Con una fuerte campaña, estas corporaciones presentan los esfuerzos de las alianzas políticas progresistas sudafricanas por establecer el sistema sanitario universal, como una amenaza a sus intereses y una especie de delirio del Gobierno cuando esa nación —aseguran— no puede dar ese impulso a favor de los más desposeídos, pues apenas intentan salir de una fuerte caída de la economía nacional.

El tema genera también una enorme gama de discusiones entre los sectores políticos sudafricanos, a veces encontrados, sobre la aspiración de llevar la salud a todos en uno de los países africanos que, a pesar de ser el motor principal de la economía de ese continente y de destinar buena cantidad de sus ingresos a ese sector, cuenta con un endeble sistema sanitario.

A la cabeza de quienes defienden el justo proyecto social se encuentran el ANC y sus aliados progresistas: el Partido Comunista y la Confederación de Sindicatos Sudafricanos (COSATU, por su acrónimo en inglés), que dieron un espaldarazo a Jacob Zuma en la lucha por el control del partido gubernamental contra Thabo Mbeki, y en las elecciones celebradas en abril de 2009. Algunos sectores menos radicales del ANC consideran que es un poco apresurado lanzarse a implementar el sistema sanitario universal, y se cuestionan de dónde saldrá el dinero para asegurar ese derecho a los 50 millones de sudafricanos. Mientras opositores y hospitales privados no quieren ni oír hablar del asunto.

Sin embargo, la idea no está pensada de prisa. El Gobierno ha incrementado el presupuesto destinado a la inversión en el sector de la salud pública, así como a programas nacionales de prevención y tratamiento de enfermedades como el VIH, y la tubercu-losis que cobran la vida de miles de sudafricanos.

Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas ha añadido un extra de 2 600 millones de rands al presupuesto para cubrir los aumentos salariales de los médicos, dentistas, farmacéuticos y personal de los servicios de emergencia, así como otro de 1 300 millones para profesionales de la terapéutica como fisioterapeutas. Estos incrementos se insertan en una política gubernamental destinada a garantizar el mantenimiento de los servicios médicos vitales en las instalaciones públicas, las que más sufren la escasez de personal sanitario. Las clínicas y hospitales privados, concentrados en las urbes, son las que más disponen de los profesionales de la salud, mientras en las áreas rurales millones de sudafricanos sufren la carencia de estos servicios, principalmente los especializados.

Y todo ello tiene un respaldo en el crecimiento paulatino de una economía que sale a flote de su primera recesión en 17 años. Al mismo tiempo que la economía vaya creciendo, ese avance debe revertirse en la salud de quienes trabajan o aquellos que no tienen empleo para pagarse un seguro médico o sencillamente están imposibilitados para trabajar.

Se trata de crear un sistema de salud en que junto a un sector público muy bueno se permita el privado. Pero, como siempre sucede, la propuesta no es de interés para la poderosa industria médica. Sin embargo, sus mensajes publicitarios mal intencionados se desvanecen ante un pueblo curtido durante tantos años de lucha contra el apartheid. Los trabajadores, que son la mayoría, esos que se desgastan en las minas o en los campos, de seguro no dejarán que unos pocos, los de siempre, se salgan con la suya después que en 2009 dieron su voto por el derecho a una salud gratuita.

Hacia la nacionalización

Actualmente, otra de las demandas de las capas progresistas de la sociedad sudafricana es recuperar el control de los recursos minerales, que hasta el momento son explotados por las transnacionales extranjeras, principalmente británicas.

Como reconoce la Carta de la Libertad, a punto de cumplir sus 55 años, la riqueza mineral, al igual que los bancos y el monopolio de la industria debe ser transferida al pueblo.

Ese es un asunto que ha inquietado al sector privado y a los partidos opositores. El presidente Jacob Zuma los ha tranquilizado un poco al declarar que la nacionalización de las minas no está en la agenda política gubernamental, pero precisó que se acepta el diálogo en los círculos políticos.

Además, el líder de la Liga Juvenil del ANC, Julius Malema, uno de los que más ha estado pujando por la recuperación de los recursos minerales, dijo que el tema se insertará en la política del Gobierno en la medida en que las masas populares sepan presionar. Es también un reclamo de los sindicatos.

La nacionalización en ese sector de punta para Sudáfrica garantizaría una mayor fiscalización por parte del Gobierno de los ingresos por la explotación de los minerales. Así, el dinero que hasta el momento ha ido a parar a las arcas de unos cuantos se podría destinar a las inversiones en programas de educación y salud en un país con tantas deudas sociales.

Voz desde abajo

La lucha contra la corrupción y la criminalidad, la asistencia sanitaria y la educación para todos, sin distinción de razas, clase o sexo; una reforma agraria justa que garantice la seguridad alimentaria… Son muchos los desafíos después de 16 años de democracia multirracial.

Por ello, la participación popular en la creación de políticas y de agendas gubernamentales desde los comités y gobiernos locales es imprescindible. Las transformaciones tienen que ser impulsadas desde abajo, donde se sufre la pobreza.

Sudáfrica debe seguir siendo un país de intensa lucha social. La constante movilización de ese pueblo vibrante es lo que permitirá una democracia cada vez más oxigenada y que las promesas no caigan en saco roto.

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