Cuba defiende en ONU obligación estatal de proteger la población

El embajador permanente de la Mayor de las Antillas ante la ONU, Pedro Nuñez Mosquera, mostró su preocupación por la proliferación de términos ambiguos que no han sido definidos y que, bajo el pretexto del manto humanitario, podrían servir en la práctica para violar el principio de la soberanía de las naciones

Autor:

Juventud Rebelde

Cuba defendió en Naciones Unidas la obligación y la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos de sus poblaciones, informa Prensa Latina.

En su intervención el embajador permanente de la Mayor de las Antillas ante la ONU, Pedro Nuñez Mosquera, mostró su preocupación por la posible proliferación de términos ambiguos que no han sido definidos y que, bajo el pretexto del manto humanitario, podrían servir en la práctica para violar el principio de la soberanía de las naciones.

Estos también pasarían por alto la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, agregó.

El respeto a la soberanía de los Estados es piedra angular en las relaciones internacionales y no puede ser desechada ni menoscabada bajo ningún concepto, dijo Nuñez Mosquera.

Si la Organización de las Naciones Unidas -señaló- no ha podido cumplir cabalmente el papel que le corresponde para ayudar y proteger a los millones de personas que lo necesitan en todo el mundo, particularmente en los países subdesarrollados, es debido a la falta de voluntad política que se ha puesto de manifiesto en el ente.

El funcionario cubano subrayó que si esta organización no actuó en muchas ocasiones como debería hacerlo, es por la selectividad y los dobles raseros a que se ha visto sometida.

Además se cuenta la creciente limitación de los recursos para el desarrollo que necesita la mayoría de sus miembros; y la distorsión en la labor de algunos de sus órganos, en particular el Consejo de Seguridad, en detrimento de la Asamblea General, agregó.

El Consejo de Seguridad -advirtió el diplomático- carece de facultades para tomar decisiones sobre problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.

No existe norma jurídica alguna que permita justificar el carácter legal de una intervención por motivos o con pretextos humanitarios, indicó.

Habría que hacer -señaló- una profunda reforma del Consejo de Seguridad, incluidos su composición y métodos de trabajo, para garantizar una actuación no abusiva y no selectiva en la aplicación del término que nos ocupa.

Debemos evitar que sus objetivos sean tergiversados y que las acciones a que de lugar sean perniciosas para los países pequeños, dijo el funcionario.

Nuñez Mosquera enfatizó sobre la necesidad de aclarar quien decide cuando haya necesidad de proteger; quien decide que un Estado no protege a su población y sobre qué bases; quién y bajo qué criterios determina las formas de actuar; cuáles son los límites del término; cómo evitar que el tema se utilice con fines intervencionistas e ingerencistas.

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