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La Jueza Kathleen Cardone no permitió que este jueves testificara el inspector cubano, Roberto Hernández Caballero y suspendió el caso de Luis Posada Carriles hasta el martes de la semana que viene. Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 05:02 pm
El juicio contra el terrorista internacional Luis Posada Carriles, solo acusado de mentiroso, deberá comenzar el lunes próximo en Texas, en medio de maniobras de la defensa y la fiscalía para evitar su extradición a Venezuela.
Pese al rosario de evidencias en contra del criminal, continúa siendo un enigma cuál será el epílogo de este dilatado caso, que tiene su génesis en 2005, luego de la entrada ilegal de Posada Carriles a Estados Unidos.
Lo cierto es que pese a su abultado expediente de hechos de sangre, la fiscalía no lo acusa de terrorismo o asesinato. Será enjuiciado por perjurio y por obstruir con sus falsedades una investigación sobre terrorismo internacional.
Sobre éstos y otros detalles llama la atención el abogado José Pertierra, ya que medios de prensa comienzan a decir que el gobierno estadounidense presentará cargos contra Posada Carriles por terrorismo, cuando en realidad no es así.
En entrevista con Prensa Latina, Pertierra, quien representa a Venezuela en la solicitud de extradición del criminal, asegura que hay muchos intereses en Washington para que Posada Carriles no sea enjuiciado por algo serio, ni deportado.
»Es un caso que se ha manejado muy por encima del Departamento de Justicia, creo que es un caso que se ha manejado en los pasillos del poder de Washington, de la Casa Blanca, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)», precisó el letrado.
El criminal entró ilegalmente a Estados Unidos en abril de 2005, meses después de ser indultado por la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, quien lo puso en libertad cinco días antes de dejar su cargo.
Posada Carriles cumplía una sentencia junto a otros terroristas por fraguar un plan de atentado contra el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, durante la Cumbre Iberoamericana del año 2000.
En opinión de Pertierra, no se debe olvidar que Posada Carriles es un hombre de la CIA, reconocido por él mismo, por su abogado y por documentos desclasificados, entre otras fuentes.
El caso se ha complicado «para evitar la justicia verdadera, en el caso del asesino de 73 personas que viajaban en un avión de pasajeros de Cubana en 1976, él es también el asesino de Fabio Di Celmo», consideró el abogado.
Es el torturador de mucha gente en Venezuela, es el hombre que entrenó a escuadrones de la muerte en Guatemala y en El Salvador, durante años, es el hombre de la CIA en Centroamérica, por eso —indicó—, tratan de protegerlo y no procesarlo.
Pertierra calificó de inexplicable que solo a última hora la fiscalía solicitara permiso a la jueza para viajar a Cuba y obtener los testimonios de Francisco Chávez Abarca y Otto René Llerena, dos terroristas reclutados por Posada Carriles, presos en la Isla.
Chávez Abarca fue arrestado en julio de 2010 en Caracas y extraditado a Cuba, donde el 21 de diciembre último fue condenado a 30 años de cárcel. Constituyó la mano derecha de Posada Carriles, según declaró, y ejecutó en nombre de éste el reclutamiento de terroristas centroamericanos para traer bombas y hacerlas explotar en esta capital.
Llerena fue reclutado en 1997 por el terrorista internacional, quien a la sazón dijo llamarse Ignacio Medina, y le proporcionó los explosivos y el dinero para realizar acciones criminales en territorio cubano.
«Yo no me explico por qué la fiscalía espera tres semanas antes del comienzo del juicio para avisarle a la Corte que quieren venir a Cuba a tomar el testimonio de estos dos individuos. No me lo explico», enfatizó Pertierra, cuyo bufete se encuentra en Washington.
«Y no me sorprende», apostilló, que la jueza le haya dicho a la fiscalía que ya era muy tarde y no podían hacer el viaje. «Y es una lástima que el jurado, que es el que tiene que determinar la culpabilidad de Posada Carriles no pueda escuchar esos testimonios», subrayó el abogado.
Según documentos judiciales, el criminal está acusado de 11 cargos: dos por perjurio, uno por obstrucción de la justicia, otro por fraude en el trámite de naturalización y siete por declaraciones falsas en relación con los procedimientos migratorios.
La primera acusación por perjurio está sustentada en que, durante el trámite de asilo, negó que reclutó a personas para colocar artefactos explosivos en Cuba, sin embargo su labor en la captación de mercenarios la había declarado en 1998 al diario The New York Times.
El segundo cargo por perjurio se debe a que también negó ante el tribunal de inmigración que conocía o había facilitado el viaje a la Isla del salvadoreño Raúl Cruz León, autor directo de la explosión que provocó la muerte del turista italiano Di Celmo en el hotel Copacabana en 1997.
La tercera acusación es por obstruir una investigación federal sobre terrorismo internacional, relacionada precisamente con esos hechos, de manera que si es declarado culpable de los dos primeros cargos, automáticamente debería ser hallado responsable del tercero.
Una lista de siete mentiras constituye el cargo número cuatro, etiquetado como fraude en el trámite de naturalización.
Las falsedades van desde que entró a Estados Unidos por la frontera con México ayudado por un coyote, hasta que no utilizó un pasaporte falso con el nombre de Enrique Castillo López, cuando de hecho tenía un documento de ese tipo con su fotografía y esas generales.
Los cargos del cinco al 11 incluyen diversas acusaciones por las falsas declaraciones descritas en el cargo número cuatro.
De acuerdo con Pertierra, para la argumentación de varios de estos cargos serían de gran utilidad unas 6 000 páginas de documentos que Cuba envió a la fiscalía en relación con el caso, sin embargo ésta no los entregó oportunamente a la defensa, de ahí que la jueza Kathleen Cardone expresara preocupación con esa tardanza.
«Pero, por alguna razón inexplicable también, la fiscalía no compartió la gran mayoría de esos documentos con la defensa, no lo hizo hasta última hora, comentó el abogado, de ahí que exista un gran riesgo de que la Corte no los acepte, y el riesgo es bastante alto».
Según Pertierra, está claro que Posada Carriles es culpable de todos los cargos de los que está acusado.
«A nadie le cabe duda de que le mintió a inmigración burdamente, desde que entró a Estados Unidos», exclamó el letrado.
Incluso, señaló como curioso que uno de los argumentos que presentó el abogado Arturo Hernández en defensa de Posada Carriles es que se asombraba de que presentaran cargos de esta índole contra su cliente, cuando fue precisamente la CIA la que le enseñó a mentir.
«Pero si logran condenarlo por mentiroso, y demostrarle que participó en el reclutamiento de Cruz León para poner la bomba en el hotel Copacabana, la próxima pregunta es por qué no lo encausan por asesinato», dijo Pertierra.
Sin embargo, llegan noticias de que la defensa no solamente prevé cuestionar las evidencias contra el acusado, sino convertir el juicio contra Posada en un espectáculo mediático adverso a Cuba.
Le han dicho a la jueza que quieren sacar a relucir temas como el derribo en 1996 por cazas cubanos de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, medios que violaron en reiteradas ocasiones el espacio aéreo de la Isla y que fueron advertidos.
También— indicó Pertierra—, se proponen arremeter contra los cinco antiterroristas cubanos presos en cárceles de Estados Unidos, y en especial contra la reciente petición de recurso legal presentada por el nuevo abogado de Gerardo Hernández, sentenciado a doble cadena perpetua más 15 años de prisión.
Hernández, al igual que Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González, fueron apresados en 1998.
«La razón de ser de los cinco es precisamente Posada Carriles. Ellos van Estados Unidos para proteger a la población cubana de ataques terroristas que se cultivaban en Miami y New Jersey, financiados por grupos cubano-americanos», comentó Pertierra.
«El criminal estuvo en El Salvador y otros países y reclutaba mercenarios centroamericanos para muchas de esas actividades, y Cuba necesitaba información sobre las fuentes de dinero y el origen de estos ataques terroristas, y por eso envió a los cinco», explicó el letrado.
En opinión de Pertierra, mientras esté en proceso el caso de Posada Carriles en Texas, no se le dará ningún curso a la solicitud de extradición de Venezuela, que data de 2005.
«Cuando concluya el caso, entonces Venezuela presentará una respuesta contundente al Departamento de Estado en respuesta a la nota diplomática del 25 de junio, y procedemos entonces con la solicitud de extradición. Las pruebas existen, y vamos a insistir en eso», afirmó el abogado, para quien el caso de Posada Carriles pone de manifiesto la doble moral del gobierno de Estados Unidos.
