Los mapuches y el juicio de Cañete

Aunque al final la mayoría de ellos no fueron condenados, el reciente proceso contra 17 indígenas en Chile evidenció la persecución histórica de que han sido víctimas estos habitantes autóctonos de la Araucanía

Autor:

Brenda Loyola Peña

Entre los pueblos originarios indígenas de nuestra América, se levanta al extremo sur del continente la etnia mapuche, humillada y masacrada durante siglos, víctima del exterminio, del robo y de la usurpación de su bien más preciado, la mapu (Tierra)

Los mapuches históricamente han luchado por defender el derecho a permanecer en sus tierras ancestrales, usurpadas hoy por grandes transnacionales forestales, mineras e hidroeléctricas, que explotan los recursos naturales extinguiendo así la flora y la fauna de un territorio sagrado para la etnia.

El más reciente ejemplo de la constante arremetida contra las reivindicaciones de los indígenas en Chile, lo constituye la celebración en Cañete, región de Bío Bío, de un juicio a 17 comuneros mapuches, acusados por la Fiscalía y los dueños de las sucursales que ocupan sus tierras de diversos delitos, entre ellos el ataque al fiscal Mario Elgueta y su comitiva, ocurrido en el año 2008; robo con intimidación, asociación ilícita para el hurto de madera, y asociación ilícita e incendio terrorista.

Durante el proceso, terminado el martes con la absolución de 13 encausados y la condena de cuatro líderes fundamentales de la Coordinadora Arauco-Malleco, quienes recibirán la sentencia el próximo 22 de marzo, se evidenció que todos los cargos eran infundados y que estaban encaminados a criminalizar la larga lucha que libran los indígenas por permanecer en sus tierras ancestrales.

Las constantes manifestaciones pacíficas de los familiares frente al edificio del juzgado y las posiciones de organizaciones de izquierda de carácter internacional oponiéndose a que fueran procesados mediante la llamada Ley Antiterrorista, lograron que a los encartados, ya hacia el final del juicio, se les acusara por delitos comunes y no haciendo uso la referida ley.

La historia ha demostrado que estos indígenas han sufrido vejaciones que atentan contra sus más elementales derechos.

Regresando al pasado

Como casi todos los pueblos indígenas, los mapuches, nativos del sur chileno y del sudoeste de Argentina, se rebelaron contra la dominación colonial. Su población, estimada en casi un millón y medio de personas, quedó reducida a la mitad tras el conflicto conocido como la guerra de Arauco.

Más tarde la Corona española se vería obligada a reconocer la independencia del pueblo mapuche, de la que dieron fe los Títulos de Merced, en 1825, y en cuyos artículos 18 y 19 se aludía a la soberanía de los indígenas sobre los territorios comprendidos al sur del río Bío Bío.

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, el Estado chileno ideó un plan de expansión sobre el territorio mapuche, que llevó el eufemístico nombre de Pacificación de la Araucanía.

De tal manera, los mapuches pasaron de habitar unos diez millones de hectáreas a tener que sobrevivir en solo 500 000; es decir, en apenas un cinco por ciento de su anterior territorio. Por añadidura, las políticas de expoliación terminaron por marginarlos y propiciaron la usurpación de sus tierras; incluso las reconocidas en los Títulos de Merced.

La dictadura militar impuesta a Chile por Pinochet en 1973, con el apoyo y financiamiento de Washington, profundizó la exclusión en la Araucanía chilena, e implantó además como política la desaparición y la tortura de cientos de indígenas.

No obstante, la lucha de los habitantes autóctonos prosiguió y vendría entonces la rebelión de las organizaciones mapuches contra la aprobación del Decreto Ley 2675, que liquidaba la figura jurídica de la propiedad comunal sobre la tierra, último resguardo de sus propiedades.

Comenzada la década de los 90, los Gobiernos de la Concertación favorecieron la ocupación de las tierras de los mapuches por empresas privadas para la explotación de los recursos naturales.

Al mismo tiempo, en los valles centrales comenzaba la explotación de las plantaciones forestales sembradas a mediados de la dictadura, en predios que habían sido recuperados por los mapuches durante el Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, pero que posteriormente pasaron a manos de grupos económicos.

Lo cierto es que el Estado chileno continuó privilegiando los intereses de las empresas privadas y transnacionales en las ancestrales tierras mapuches, con el auxilio además de fuerzas policiales (carabineros) que tenían orden de disparar a cualquiera de ellos que intentara penetrar en los terrenos que ocupaban estas sucursales.

Comenzó entonces una etapa de constante persecución y encarcelamiento de comuneros mapuches y sus líderes. Fue así como la emblemática Coordinadora Arauco-Malleco, organización pacífica que representa los intereses de estos indígenas, pasó a ser considerada, por referentes de los poderes estatales, como una «célula terrorista» por agrupar a miembros de la etnia que exigen públicamente sus derechos.

El juicio, la ley antiterrorista y sus efectos

Existen elementos fundamentales en el reciente juicio celebrado en Cañete, que evidencian la discriminación y persecución de que son víctimas los habitantes autóctonos.

Según se denunció, el viciado proceso se caracterizó por ser en su totalidad una telaraña de mentiras, y se fabricó un montaje a partir de declaraciones de testigos al antojo de la Fiscalía y las empresas capitalistas acusadoras.

Calificado como una verdadera aberración jurídica, el proceso encausó a los encartados mediante la llamada Ley Antiterrorista, que data de la dictadura pinochetista y que, a juicio de analistas y de fuerzas de la izquierda chilena, constituye un instrumento para criminalizar la protesta social y en particular, la lucha de la etnia.

Posterior a 1990, los Gobiernos de la Concertación no quisieron o no pudieron erradicar de la Constitución chilena dicho estatuto. Muestra de ello fue su aplicación desde las primeras audiencias (de formalización), cuando los fiscales invocaron la mencionada legislación a través de la Gobernación Provincial de Arauco.

En rechazo a tal proceder, 34 presos mapuches protagonizaron una huelga de hambre que duró 82 días y que terminó con el compromiso del ejecutivo de retirar las querellas contra los indígenas por la referida ley.

Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco y el encausado principal, denunció que el Estado chileno está coludido con las empresas privadas y, en ese sentido, afirmó que la Ley Antiterrorista es nada más que un instrumento para perseguir a quienes defienden sus tierras de la ávida expansión capitalista, representada en las transnacionales.

Incluso, aunque la justicia chilena absolvió finalmente a los 17 procesados de todos los cargos ligados a la citada Ley, esta marcó el rumbo de todo el proceso con arbitrariedades, falta de garantías y violaciones que afectaron invariablemente a los encausados, según se ha denunciado. Por ejemplo, la mayoría de los imputados tuvieron que pasar un año y seis meses de prisión preventiva antes de ser juzgados.

Según PL, los abogados defensores se quejaron de que se les ocultó información, lo que dificultó la realización de su trabajo, mientras que la Fiscalía presentó 36 testigos «sin rostro» o secretos, y se denunció que muchos de ellos fueron manipulados por los policías y el Ministerio Público.

El procesamiento con la aplicación de la Ley Antiterrorista trajo consigo además una serie de violaciones a los derechos humanos tales como torturas, presiones indebidas, hostigamiento y secuestro de familiares de los encartados, denunciaron representantes de las comunidades indígenas.

Y como efecto psicológico devastador, al amparo de la citada Ley, la Fiscalía llegó a pedir hasta 103 años de cárcel para Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco.

En opinión de Mireille Fanon, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas y observadora del proceso, hubo abusos de poder y se evidenció una flagrante parcialidad contra los acusados.

El juicio oral, celebrado en la localidad de Cañete, en la provincia de Bío Bío, fue otro intento de criminalizar la lucha mapuche y, aunque finalmente se desestimó el sambenito de terroristas para los encausados, y se absolvió a 13 de ellos, la justicia chilena decidió dejar en prisión a los cuatro principales dirigentes de los indígenas, quienes serán ahora condenados por delitos comunes.

Publicaciones de la prensa alternativa chilena han denunciado que la supuesta emboscada al fiscal Mario Elgueta, de la que se les culpa, fue en realidad una operación de inteligencia, en la cual se encuentran involucrados el propio Elgueta —quien habría viajado a Estados Unidos a recibir adiestramiento por parte del FBI—, y que contó además con la asesoría de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), y el apoyo mediático de la prensa derechista nacional, principalmente del diario El Mercurio.

Lo amañado de este proceso demostró una vez más ante la opinión pública nacional e internacional la constante persecución a que son sometidos los mapuches en una tierra que, por derecho propio, siempre les ha pertenecido.

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