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BRASILIA, abril 6.— Representantes de movimientos sociales brasileños exigirán al gobierno una reforma agraria y la demarcación de tierras de indígenas y de exesclavos, además del fin de la criminalización, difamación y victimización de esas agrupaciones.
La decisión de presionar al gobierno partió de un estudio divulgado hoy por el Proceso de Articulación y Diálogo (PAD) —creado en 1995 y formado por seis agencias ecuménicas europeas y 165 entidades brasileñas— que refleja un incremento de la criminalización de los movimientos sociales en los últimos 20 años.
El informe denuncia que el estado favorece intereses privados en contra de esas agrupaciones, como señaló el coodinador del sector de movimientos sociales del PAD, Leonardo Maggi, según un reporte de la estatal Agencia Brasil.
Grandes proyectos de los sectores de la minería, energéticos y del agro violan los derechos de las poblaciones locales y el medio ambiente, pero están protegidos por leyes que penalizan a quienes se oponen a esos planes, expresó.
Adelantó que esta semana, representantes de los movimientos sociales denunciarán la represión a que son sometidos por el Estado y empresas transnacionales en el Congreso Nacional, ministerios, algunas embajadas y en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Asimismo, prosiguió, otra delegación viajará a naciones europeas para exponer la misma situación a legisladores de ese continente, así como a organizaciones humanitarias y religiosas mundiales.
«La idea es discutir los impactos del actual modelo de desarrollo (brasileño) por medio de algunos casos emblemáticos relacionados con los grandes proyectos», apuntó Maggi y mencionó en específico el plan del monocultivo de eucalipto para la fabricación de celulosa.
Destacó que uno de los mayores obstáculos que enfrentan radica en la incomprensión de los órganos públicos sobre la represión, difamación y victimización de los movimientos sociales y que ello representa una violación de los derechos humanos y una amenaza a la democracia.
Además de las denuncias, los representantes instarán al gobierno a la conclusión de la reforma agraria y la demarcación de las tierras indígenas y quilombolas (de descendientes de esclavos fugitivos que se asentaron en diversos territorios del país).
El informe del PAD subraya que la criminalización de las luchas sociales constituye una estrategia de las fuerzas conservadoras, algo no exclusivo de Brasil, sino que se da también en otras naciones latinoamericanas como Colombia, Perú, Panamá, Guatemala y Chile, por citar sólo algunas.
