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SANTIAGO DE CHILE, mayo 21.— Parlamentarios y dirigentes de la oposición en Chile impugnaron la decisión del Gobierno de restablecer el uso de bombas lacrimógenas para enfrentar la protesta social.
Reponer las lacrimógenas a solo tres días de haberse decretado su suspensión es jugar con la ciudadanía, señaló el presidente del Senado y representante del Partido por la Democracia, Guido Girardi.
El senador consideró extraña y poco seria la voltereta de la Moneda, que se había mostrado prudente ante revelaciones científicas sobre los graves daños para la salud causados por los referidos químicos y que en un abrir y cerrar de ojos dijo contar con investigaciones en sentido opuesto.
Resulta muy extraño que hace dos días el Gobierno repare en la rigurosa evidencia planteada por el doctor Andrei Tchernitchin de la Universidad de Chile sobre las potencialidades abortivas de los gases y otros males y que de pronto aparezcan los certificados que entregó la propia empresa que los importa, que es un actor interesado y se revierta esta medida, indicó Girardi.
Perfectamente pueden y deben ser utilizados (los gases) para resguardar el orden público frente a disturbios y manifestaciones violentas, declaró la víspera el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en acto interpretado también aquí como un intento del Ejecutivo orientado a opacar la magnitud de las movilizaciones sociales.
Todo ha resultado ser un bluf, se ha impuesto el miedo que le tiene este Gobierno al pueblo en las calles, opinó el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier.
Coincidió Teillier además en que lo ocurrido es una burla, una manera de incitar a la violencia para ensombrecer el impacto de la masividad del descontento popular con las políticas gubernamentales. Esa investigación tan rápida de La Moneda es absolutamente sospechosa, recalcó el también diputado chileno.
Teillier denunció asimismo la postura de la derecha gobernante de atentar contra el derecho de la gente de expresarse libremente en las calles.
La última semana la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, se quejó de la criminalización de la protesta social. No queremos ser tratados como delincuentes; somos ciudadanos responsables que tenemos todo el derecho a manifestarnos, remarcó.
La reposición de las bombas lacrimógenas se decretó en un contexto de fuertes movilizaciones sociales en rechazo a la construcción de represas en la Patagonia del país y en defensa de la enseñanza pública.
De hecho, miles de trabajadores y estudiantes protestan frente al Congreso de Chile este sábado, justo cuando el presidente Sebastián Piñera entrega su segunda cuenta pública anual.
