España defiende propuesta de reforma constitucional para estabilidad presupuestaria

Rodríguez Zapatero explicó que la reforma se aplicaría tanto en el «déficit estructural como con la deuda» a fin de «fortalecer la confianza de la estabilidad a medio y largo plazo en la economía española»

 

Autor:

Juventud Rebelde

La  titular de la cartera de Economía en España, Elena Salgado, defendió la propuesta de reforma constitucional presentada el martes ante el Parlamento para conseguir la estabilidad presupuestaria, y afirmó que «dará tranquilidad a nuestros inversores» y «mayor confianza a los mercados», indica Telesur.

Salgado indicó que la decisión del presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre una reforma constitucional se trata de una medida acertada, en declaraciones ofrecidas a la Cadena Ser.

Rodríguez Zapatero explicó la víspera que tal como lo sugirieron el pasado 16 de agosto los Gobiernos de Francia y Alemania, la reforma se aplicaría tanto en el «déficit estructural como con la deuda» a fin de «fortalecer la confianza de la estabilidad a medio y largo plazo en la economía española».

El jede de Gobierno pidió a los partidos políticos que la propuesta sea aprobada antes de las elecciones legislativas del próximo 20 de noviembre.

La ministra española precisó que el país está en el deber de «asumir las obligaciones de la deuda» y acotó que «aún cuando haya una situación excepcional, debemos tratar de llegar a esa situación de equilibrio», enfatizó.

Agregó que la aplicación de la reforma se traducirá en beneficios para la estabilidad económica del país y una vez se alcance ese equilibrio, «nos permitirá tener recursos para el estímulo de la economía cuando haya problemas», puntualizó.

La ministra recordó que en vista de la grave situación económica por la que atraviesan los países de la Eurozona, España necesita adoptar medidas concretas para equilibrar el déficit público.

De aprobarse la reforma constitucional, España se convertiría en el primer país que sigue la recomendación de Alemania. La medida requiere de la aprobación de la mayoría de tres quintos de los miembros del Parlamento y después de allí el Ejecutivo tiene 15 días para  someterla a referendum.

 

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